No al fortalecimiento del Fuero Penal Militar

*Foto tomada de colectivodeabogados.org

Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales rechazan la reforma que el pasado 10 de junio aprobó el Congreso en último debate, buscando fortalecer el Fuero Penal Militar. Según estas organizaciones el fuero para los militares garantiza la impunidad y blinda a la Fuerza Pública frente a las posibles demandas por las violaciones a los derechos humanos que llegasen a cometer.

Se trata del Acto Legislativo 22 de 2014 (Senado) - 167 de 2014 (Cámara), que junto al Proyecto de Ley Estatutaria 129 de 2014 (este último aún no se ha aprobado), pretenden introducir una interpretación y aplicación de las normas del Derecho Internacional Humanitario – DIH a la justicia colombiana, realizando una exótica interpretación, donde la normatividad humanitaria no es vista como protección al personal civil y a los no combatientes, sino como una interpretación en la conducción de hostilidades para regular y limitar los métodos y medios que pueden emplear los combatientes en un conflicto armado.

Al dejar en manos de los mandos militares la posibilidad de interpretar y definir si la conducta de los civiles constituye participación en hostilidades, podrían establecer lo que se conoce como 'Derecho a matar': una patente para permitir asesinar personas que se encuentren fuera de combate o incluso civiles, y justificar el acto.

Asimismo, con la introducción del concepto de "Daños colaterales" se permite que la tropa pueda valorar cuándo pueden destruirse bienes o vidas civiles con tal de que no sean excesivos a la ventaja militar que se obtendría con el ataque realizado. En otras palabras, si el costo de dar de baja a un objetivo militar acarrea daños colaterales como muertes de civiles que se encontraban en el lugar de las operaciones pero la planeación del ataque cumple con el deber de verificación y los principios de distinción, proporcionalidad y precaución no existiría responsabilidad penal. De este modo, se ignora la norma básica del DIH de reducir y detener antes que herir o matar, y se permite desarrollar operaciones de aniquilación del adversario en vez de disuadirlo y capturarlo.

También se establece una noción laxa del llamado "Blanco legítimo" que permite declarar un objetivo militar bajo condiciones aparentemente legales, lo que constituye un peligro para la vida y la integridad de los civiles al exonerar de responsabilidad al uniformado que cometió el homicidio si los hechos ocurrieron en la planeación, preparación o ejecución de una acción u operación de la Fuerza Pública. Esto supone una forma de legalizar el homicidio de civiles.

Por otra parte, actualmente cursa en el Congreso el Acto Legislativo 133 de 2013, que ha sido justificado como la implementación de medidas para combatir a grupos criminales (Bacrim). A través de este proyecto se permite, para lograr la confrontación con dichas estructuras criminales, la acción armada de las Fuerzas Militares, dando vía libre a acciones de aniquilación como bombardeos que podrían llegar a provocar la muerte de civiles y personas fuera de combate que se encuentren en el lugar de las operaciones.
En un comunicado reciente, algunas organizaciones de derechos humanos afirman que: "el Estado colombiano está obligado a respetar y aplicar de manera integral y de buena fe, los pactos y tratados internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario y no puede simplemente deshacerse de sus compromisos internacionales bajo ningún pretexto".

Más de 20 organizaciones nacionales e internacionales junto a algunos congresistas iniciaron una campaña exigiendo el hundimiento de los proyectos citados. La campaña está liderada por la Mesa de Trabajo sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos, conformada por El Observatorio de Derechos Humanos de la CCEEU, Corporación Jurídica Libertad, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE y acompañados por Peace Brigades International, Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", entre otros.

En busca de una paz que realmente garantice los derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición, estas organizaciones instan a que la sociedad se pronuncie frente al Gobierno y al Congreso de la República, rechazando la aprobación de estas iniciativas legislativas y exigiendo el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

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