Ejecuciones extrajudicialesTras el pronunciamiento de once relatores y grupos de trabajo de Naciones Unidas, donde manifiestan su preocupación por la reforma constitucional que fortalecería el fuero penal militar; las organizaciones sociales y no gubernamentales que confluyen alrededor de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) se han dirigido también al Presidente de la República y a los miembros del Congreso de la República para solicitar el retiro de esta reforma constitucional “que garantizará la impunidad judicial a agentes del Estado incursos en las más graves violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”.

Invitan, además, a todas las organizaciones sociales, populares, comunitarias, gremiales, no gubernamentales, nacionales e internacionales a suscribir el pronunciamiento.

 

A continuación la carta enviada por la CCEEU a la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Representantes.

 

Bogotá. 14 de noviembre de 2012
Señor Presidente
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia

Honorables Señores
Miembros del Congreso de la República de Colombia

ASUNTO: Solicitud de retiro de reforma constitucional que amplía el fuero penal militar a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho internacional humanitario (Reforma a los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Nacional).

Señor Presidente de Colombia y Honorables Congresistas:

Las organizaciones y personas abajo firmantes, nos permitimos expresar nuestras preocupaciones por la previsible impunidad de graves violaciones de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que se auspiciará de aprobarse la reforma constitucional, que actualmente se debate en el Congreso de Colombia para fortalecer el fuero penal militar.

Respaldamos el reciente llamado de alerta al Gobierno nacional y al Congreso de la República proferido por 11 Relatores y Grupos de Trabajo de Naciones Unidas -inédito en la historia de las Naciones Unidas-, al igual que la postura del Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que reconsideren la inconveniente aprobación del más grave artificio jurídico concebido en Colombia que garantizará la impunidad judicial a agentes del Estado incursos en las más graves violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, ampliando por medio de una reforma constitucional el fuero militar a graves violaciones de Derechos Humanos. Esta reforma es un alarmante retroceso, pues pasa por encima de avances en favor de la exclusión de los crímenes contra los Derechos Humanos del ámbito de competencia de la jurisdicción penal militar, logrados en la legislación y en la jurisprudencia colombiana en las dos últimas décadas.

La larga historia de violaciones de Derechos Humanos e infracciones al DIH cometidos por agentes del Estado y la persistencia hoy día en Colombia de ejecuciones sumarias, torturas, desapariciones forzadas, reclutamientos forzados, violencia sexual, detenciones arbitrarias y desplazamientos forzados, constatados en los recientes informes y visitas internacionales de relatores y grupos de trabajo de las Naciones Unidas y de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deberían ser la razón principal para asegurar que, por la naturaleza de estos delitos, su conocimiento judicial sea siempre asumido por la justicia ordinaria y en ningún caso por tribunales militares para definir o tipificar si se cometió o no una violación de derechos humanos.

Con esta reforma, el Estado colombiano, lejos de fortalecer la labor de la justicia ordinaria y de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en líneas de investigación que permitan el esclarecimiento de los crímenes, el juzgamiento y sanción a los responsables, conforme a estándares constitucionales e internacionales, está promoviendo cambios que beneficiarán a militares y policías implicados en graves violaciones de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, sustrayéndolos de ser investigados por la justicia ordinaria y permitiendo que la jurisdicción penal militar, carente de independencia e imparcialidad -por su rol en el conflicto armado y en la represión de asuntos de orden público-, sea facultada para que agentes del Estado, activos o en retiro, sean a la vez juez y parte en estas investigaciones penales.

La ponencia presentada para debate del Proyecto de Acto Legislativo 192 de 2012 de la Cámara de Representantes establece que: “De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares (…). Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro. En ningún caso la justicia penal militar conocerá de los crímenes de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada, ni de los delitos que de manera (...) taxativa defina una ley estatutaria. (...) las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares o policiales”.

Estos cambios contravienen la jurisprudencia constitucional y los tratados y resoluciones internacionales, que han limitado la jurisdicción penal militar a asuntos estrictamente relacionados con la disciplina interna de la fuerza pública y pone en cuestión la autonomía e independencia del poder judicial, cuando el parlamento se abroga la facultad de establecer los criterios de interpretación del Derecho Internacional Humanitario en las investigaciones judiciales. Dicha normativa, que tiene la finalidad de proteger a la población civil y a combatientes que han quedado fuera de las hostilidades, cuyos criterios de interpretación hacen parte de un consenso internacional ya establecido no puede ser modificado por autoridades nacionales, en tanto que constituye el núcleo básico del derecho de gentes de imperativo cumplimiento.

La independencia e imparcialidad de la justicia, también resulta afectada porque se crean instancias ajenas a cualquier proceso penal, entregando funciones jurisdiccionales a los militares tales como una Comisión Mixta y un Tribunal Militar de Garantías, conformados entre otros, por militares activos o retirados, paralelamente a los Tribunales de Garantías ya existentes. De este modo, como lo han resaltado los 11 expertos de Naciones Unidas, crímenes tan graves como las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, la violencia sexual contra las mujeres, formas de reclutamiento de niños y niñas, entre otros, quedarían bajo la competencia de la jurisdicción penal militar.

Nos preocupa también, que los mecanismos que permiten la impunidad contribuyan a la estigmatización de las víctimas pues se identifica su búsqueda de justicia con acciones ilegítimas que van contra el orden establecido. El ambiente de miedo y sospecha generalizado bajo el que tienen que actuar las víctimas en el presente, se vería intensificado si los procesos quedan en manos de las mismas instituciones que han cometido los diversos crímenes y por lo tanto la desconfianza en las acciones de derecho se aumentaría, generando en la sociedad una sensación de vulnerabilidad e indefensión que no contribuye a los procesos de acceso a la verdad, justicia y reparación integral.

Finalmente, resulta indignante que recursos públicos del Estado se destinen para la defensa de militares y policías acusados de graves violaciones a los Derechos Humanos, delitos sexuales, narcotráfico, corrupción, etc., máxime cuando –con la presente reforma­ a las víctimas de estos crímenes se les coarte el derecho a ser tratados como iguales ante la ley y a acceder a la justicia en condiciones de igualdad e imparcialidad.

Por las consideraciones expuestas, con todo respeto, exhortamos al Presidente de la República y a los miembros del Congreso, a retirar y abstenerse de continuar el trámite de aprobación del acto legislativo de la referencia, y en cambio, acoger la oferta de asesoría para superar la impunidad propuesta a ustedes por los 11 Relatores y Grupos de Trabajo de Naciones Unidas.

 

Firman

 Organizaciones de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos

Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (ACOOC)

Asamblea por la Paz de La Unión Sindical Obrera (Uso – Paz)

Asociación Campesina de Antioquia (ACA)

Asociación Campesina de Arauca (ACA)

Asociación Campesina de Inza Tierradentro (ACIT)

Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT)

Asociación Campesina del Sur Oriente del Putumayo (ACSOMAYO)

Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC)

Asociación Colombiana de Estudiante (ACEU)

Asociación Comunitaria Tejedores de Paz (ASOCTEJAZ)

Asociación de Campesinos del Bajo Cauca Antioqueño (ASOCBAC)

Asociación de Desplazados Asentados en el municipio de Barrancabermeja (ASODESAMUBA)

Asociación de desplazados del Saldo (ASODESBOL)

Asociación de Familiares de detenidos desaparecidos (ASFADDES)

Asociación de Familias Unidas por un solo Dolor (AFUSODO)

Asociación de Grupos Juveniles, Libertad (ASOLIBERTAD)

Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamoco (Aheramigua)

Asociación de Mujeres de Ituango Amii

Asociación de Mujeres Olla Colombiana

Asociación de Trabajo Interdisciplinario (ATI)

Asociación Motilón Barí

Asociación Nacional Afrocolombiana Cimarrón

Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS)

Asociación Nacional de desplazados Colombianos (ANDESCOL)

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – Unidad y Reconstrucción (ANUC – UR)

Asociación Nacional para el Bienestar (SEMILLAS)

Asociación para el desarrollo Social e Integral (Ecate)

Asociación para la Promoción Alternativa (Minga)

Asociación Prodesarrollo de Familias desplazadas y no desplazadas del Suroccidente de Barranquilla (Aprodefa)

Asociación Regional de Víctimas de la Violencia en El Magdalena Medio (ASORVIM)

Asociación Campesina del norte de Antioquia (ASCNA)

Benposta Nación de Muchachos

Cabildo Camèntsa Biya

Central Cooperativa de Servicios (CENCOOSER)

Central Unitaria de Trabajadores

Centro Cristiano para la Justicia, La Paz y la Acción No Violenta (JUSTAPAZ)

Centro de Cooperación al Indígena (CECOIN)

Centro de Cultura Popular “José Antonio Galán” (Jag)

Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)

Centro de Promoción Ecuménica y Social (CEPECS)

Centro de Promoción Integral para la Mujer y La Familia (TALLER Abierto)

Colectivo de Abogados “Luis Carlos Pérez”

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)

Colectivo Informativo Susurro.

Comité Cívico del Meta

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Comisión Interfranciscana de Justicia, Paz y Reverencia en la Creación

Comisión Vida Justicia y Paz

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH)

Comité Permanente por la defensa de los derechos Humanos Demetrio Prieto

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Héctor Abad Gómez

Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra

Comunidades Eclesiales de Base (CEBS)

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (CAHUCOPANA)

Corporación Avre ­ Apoyo a Víctimas Pro Recuperación Emocional

Corporación Casa de La Mujer

Corporación Centro de Estudios y Desarrollo de los Derechos Humanos (CEDERHNOS)

Corporación Claretiana Norman Pérez Bello

Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda

Corporación Comité Universitario de DDHH “GUSTAVO Marulanda”

Corporación Con–Vivamos

Corporación de Coordinación Metropolitana de Asociaciones de Desplazados

Corporación de desarrollo Rural del Valle del Cauca (CORDESAL)

Corporación en Derechos Humanos (CONTRACORRENTE)

Corporación Fondo de Solidaridad Con Los Jueces Colombianos (FASOL)

Corporación Guayacan

Corporación Juan Bosco

Corporación Jurídica Libertad

Corporación Jurídica Yira Castro

Corporación Nación

Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES)

Corporación para el desarrollo Comunitario y la Integración Social (CEDECIS)

Corporación para el desarrollo del Oriente Compromiso

Corporación para el desarrollo Regional (CDR)

Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos (REINICIAR)

Corporación por la Vida La Justicia y La Equidad

Corporación Región

Corporación Regional Para La defensa de Los derechos Humanos (CREDHOS)

Corporación Servicios Profesionales Comunitarios (Sembrar)

Corporación Viva la Ciudadanía

Cristianas y Cristianos Por La Paz

defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI)

Diócesis de Quibdó

Diócesis de Tibú

Escuela Nacional Sindical (ENS)

Familiares Colombia

Federación de Estudiantes Universitario (FEU)

Fundación Amilcar Guido “Vida Digna”

Fundación Casa de La Juventud, Comuna 16

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP)

Fundación Foro Costa Atlántica

Fundación Franciscana Santo Tomas Moro

Fundación Infancia Feliz (FIF)

Fundación La Guagua

Fundación Manuel Cepeda

Fundación Menonita Colombiana Para El desarrollo (MENCOLDES)

Fundación Nidya Erika Bautista

Fundación para La Educación y el Desarrollo (FEDES)

Fundación para la Participación Comunitaria (Parcomún)

Fundación para la Promoción de la Cultura y La Educación Popular (FUNPROCEP)

Fundación Santa Rita para la Educación y Promoción (FUNSAREP)

Fundación Social Colombiana (CEDAVIDA )

Fundación Sumapaz

FUNFEDIN

Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH)

Humanidad Vigente Corporación Jurídica

Iglesia Prebisteriana de la Costa Norte

Instituto Latinoamericano de Servicios Alternativos (ILSA)

Instituto María Cano (ISMAC)

Instituto Nacional Sindical (CED – INS)

Instituto Popular de Capacitación (IPC)

Jóvenes Rastros

Organización de Mujeres del Suroccidente de Montería

Organización Femenina Popular (OFP)

Promoción para la Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (PROMOPAZ)

Organización Indígena de Antioquia (OIA)

Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC)

Proceso de Comunidades Negras (PCN)

Proyecto Agenda de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transgeneristas

Proyecto Colombia Diversa

Proyecto Justicia y Vida

Red Juvenil de Medellín

Santamaría Fundación

Servicio Jesuita a Refugiados (SJR)

 

Otras organizaciones nacionales e internacionales

Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales, conformada por compuesta por 13

profesionales independientes: Alexandra Huck (Alemania), Enrique Santiago y Romero (España), Françoise

Escarpit (Francia), Ignacio Espinosa Casares (España), José Martín y Pérez de Nanclares (España), Juana María

Balmaseda Ripero (España), Karen Ramey Burns (Estados Unidos), Lisa Haugaard (Estados Unidos), Mauricio

Valiente Ots (España), Michael Peter David Ellman (GranBretaña), Rainer Huhle (Alemania), Rebecca Cox (Gran

Bretaña) y Stefan Ofteringer (Alemania).

Comisión Pax Christi ­ Solidaridad por Un Mundo (Alemania)

Colombia Vive (Estados Unidos)

Washington Office on Latin America ­ Wola (Estados Unidos)

Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (Colombia)

Latin America Working Group Education Fund (Estados Unidos)

Asociación de Cooperación Internacional – Cooperacció España

Associació Catalana per la Pau (ACP) (España)

International Action for Peace (IAP) (Estados Unidos)

The Presbyterian Peace Fellowship (Estados Unidos)

Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL­CIO) (Estados Unidos)

Christian Aid (Reino Unido)

Iglesia Sueca (Suecia)

Movimiento Sueco por la Reconciliación - SweFOR (Suecia)

Menschenrechte für Kolumbien e.V. - KOLKO (Alemania)

Foro de Mujeres y Desarrollo – FOKUS (Noruega)

Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN) (Estados Unidos)

Asociación Iniciativa Solidaria Internacionalista de Burgos (España)

Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia (España)

Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia (OIDHACO) (Bélgica)

Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política (Colombia)

Bischöfliches Hilfswerk Misereor E.V. (Alemania)

Unida De Protección A Defensores(as) de Derechos Humanos (UDEFEGUA)

Grupo de Trabajo Suiza Colombia (Arbeitsgruppe Schweiz Kolumbien ASK) (Suiza)

Corporación Podion (Colombia)

Liga Internacional de Mujeres por la paz y la libertad (LIMPAL) (Colombia)

Oxford Committee for Famine Relief (OXFAM) (Colombia)

Red Internacional de Derechos Humanos Ginebra (Suiza)

US Office on Colombia (Estados Unidos)

Federación Internacional de Derechos Humanos (Francia)

Red de organizaciones de Derechos Humanos de España ­ Justicia por Colombia (España)

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) (Suiza)

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) (Colombia)

Fondo Mujer (Colombia)

Red Ecuménica de Colombia (Colombia)

Colectivo de Mujeres Excombatientes de la Insurgencia (Colombia)

Corporación Sisma Mujer (Colombia)

Asociación Ágora Taller (Colombia)

Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Colombia)

Equipo Colombiano de Investigaciones Antropológico Forenses (Colombia)

Corporación Social para la Asesoría y capacitación comunitaria – COSPAC (Colombia)

Federación Catalana de ONG por la Paz (España)

Servicio de Información de la Objeción Fiscal a al Gasto Militar (España)

Colectivo Jurídico Abogar

 

Personas

Dr. Martin Almada, Premio Nobel Alternativo de la Paz 2002, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación

Americana de Juristas (AAJ) con Estatus consultivo ante la ONU (Paraguay)

Calixto Avila Rincón. Defensor de derechos humanos e internacionalista (Bélgica)

Enrique Santiago Romero: Abogado (España)

Diana Salamanca: Defensora de Derechos Humanos (Colombia)

Mauricio Valiente Ots: Abogado (España)

Lilbia Amparo Urrego Pardo – Abogada conciliadora (Colombia)

Soraya Gutiérrez – Abogada (Colombia)

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