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A mediados del año pasado el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, publicó en su cuenta de Twitter, refiriéndose al Metrocable Acevedo-Picacho, que los habitantes del barrio La Paralela, no tendrían problemas con la gestión predial, que las ofertas de compra por sus viviendas serían “justas”. No fue así.

Desde hacía dos años un grupo de vecinos, habitantes de La Paralela, conformaron una veeduría ciudadana para realizar control social a la obra. Sintieron “la necesidad de defender de los derechos de todos los vecinos, pues veíamos inconformidades, preocupaciones sobre nuestro futuro. ¿Qué pasara con los pensionados que son la población más frecuente del barrio? ¿Qué harán los jóvenes? ¿A dónde irán los empresarios?”.

Las viviendas afectadas son 606 y el municipio censó solo 287, que son las que tienen nomenclatura. Las demás son segundos, terceros y cuartos pisos, sin desenglobe. La veeduría reconoció una amenaza tanto a la permanencia en el territorio como al patrimonio familiar de los habitantes de La Paralela, un barrio con más de 40 años de historia.

El proceso de socialización y recopilación de información por parte del Isvimed (Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín) no fue fácil pues no querían reconocer la labor de la Veeduría. Lo primero que señalaron a su llegada fue que la asesoría de las organizaciones sociales de la ciudad iba a entorpecer el proceso de negociación, que los iban a desinformar.

Por el contrario, a los miembros de la veeduría la asesoría les permitió, según dicen: “conocer mucho mejor el barrio, la ciudad y la forma de actuar de la administración municipal, además de que conocimos otras experiencias donde se desarrollaron megaproyectos donde las personas salieron mal libradas”.

Al no ceder en esta sugerencia del Isvimed, comenzaron a excluirlos de los escenarios de discusión y a ser displicentes con las solicitudes de información sobre el proyecto. La estrategia de la institución de vivienda parecía ser más desestabilizar a la veeduría que llevar a cabo un proceso justo y bien informado.

“Nos decían que no teníamos voz ni voto, que la veeduría no podía participar cuando estamos llamados a ser vigilantes con el proceso de desarrollo de la obra. Intentaron hacer reuniones con la comunidad sin tenernos en cuenta. Una funcionaria del Isvimed se dedica a tratar de desprestigiar nuestra labor, habla mal de nosotros y en algún momento intentó en una votación de una reunión abierta destituir la veeduría”.

También un funcionario de la alcaldía, adscrito a la Secretaria de Participación Ciudadana, mantenía una actitud antidemocrática frente a la veeduría. Dice la comunidad que “era un personaje bastante conflictivo, en una ocasión intentó evitar que los votos de los vecinos que conforman la veeduría no fueran tomados en cuenta. Pero nosotros sabíamos que también éramos vecinos del barrio, además de ser veedores”.

En otra ocasión, reiteran los veedores, “nos acercamos a los concejales Jesús Aníbal Echeverri y Carlos Zuluaga. Jesús llegó a decir que nos iba colaborar, que nos iba a defender, que nos iban a dar casa por casa, reasentamiento en sitio, nos endulzó el oído, luego nos decía a la veeduría que aceptáramos el arriendo temporal, intentó influenciarnos de modo negativo. Con Carlos pasó que él nos iba ayudar, vino su asesor una o dos veces al barrio, él se retiró diciéndonos que era mejor seguir con Jesús, que intentó mantener al margen a otros concejales”.

Hasta el momento ninguna de las propuestas que realizó la comunidad a través de la veeduría fue tomada en cuenta. Por el contrario, se intentó excluir a este mecanismo de control social de las inversiones públicas.

Los habitantes tienen razón en querer organizarse para mejorar las condiciones inequitativas y desiguales de la negociación con el Estado en este tipo de obras. La institucionalidad local no puede pretender llegar a un barrio anunciando su destrucción y que en el barrio no haya quienes se sientan afectados y no quieran irse. Al fin de cuentas el Estado obliga a vender cuando declara el interés público sobre el barrio. La negociación se parece a un callejón sin salida y los habitantes inconformes que están informados comienzan a ser excluidos por la institucionalidad de los espacios de participación.

Por esto la comunidad está convocando a unas jornadas de solidaridad en el barrio La Paralela, el día viernes 2 de marzo, desde las 5 pm:

“Esta movilización tiene como fin protestar porque las mediciones que hicieron no están ajustadas a la realidad, muchas están erradas y esto es grave porque sobre estas medidas se tasa el valor de nuestras viviendas. Además, no tenemos como apelar estas decisiones porque nos dicen que si no aceptamos rápido entonces perdemos la oferta. Nosotros lo que queremos es quedar bien, como estábamos. Estamos seguros que nos están estafando, pues nos están incitando a salir con el arriendo temporal o con el 20% del dinero. Nosotros queremos que nos entreguen el dinero de nuestras viviendas completo y en un plazo que nos permita hacer un buen negocio en la compra de las viviendas a las que nos iríamos a vivir. No queremos que nos entreguen por decir 20 millones por salir de la casa y uno va y hace el negocio, pisa la casa y promete el resto del pago, por decir otros 60 millones, si el Isvimed se demora demasiado, pierdo el negocio, pierdo dinero. Nosotros hicimos el ejercicio de contratar un avaluador reconocido por la misma Lonja. Una vivienda avaluada por quien contrató el Isvimed estaba en 102 millones, pero el avaluador contratado por nosotros la avaluó en 132 millones, ¿se imagina si a usted le quisieran robar el patrimonio de su familia, usted qué haría?”.

 

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