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COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA
Medellín, Noviembre 2 de 2011

La Corporación Jurídica Libertad expresa su incondicional respaldo a la denodada labor que a favor de la promoción y defensa de los Derechos Humanos desarrolla el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo desde hace más de treinta años.

La actividad en defensa de los Derechos Humanos, en su acepción más amplia, siempre ha sido estigmatizada en el país y temerariamente la han asimilado a “guerra jurídica” contra la institucionalidad y en especial contra las fuerzas armadas. Este discurso que pretende descalificar la labor de defensa de los Derechos Humanos se exacerba cuando altos mandos militares son juzgados y condenados por crímenes de lesa humanidad, o se impulsan investigaciones por parte de la justicia ordinaria por graves y sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos.  Lo anterior se conjuga con otras estrategias de la Fuerza Pública, como aquella que busca reformar la Constitución Nacional en procura de reforzar el fuero penal militar en contra de reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana y la Corte Constitucional que lo restringe y limita exclusivamente a actos del servicio.

Fue una práctica en el anterior gobierno y que persiste aún hoy –no obstante, adoptarse públicamente un discurso a favor de la labor de defensa de los Derechos Humanos–, quePalabra organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales fueran objeto de una sistemática persecución, la cual se expresó en permanentes hostigamientos, seguimientos, detenciones, asesinatos, comunicados apócrifos, descalificaciones públicas e interceptación ilegal de comunicaciones, actividades de inteligencia activa u ofensiva que se ha develado fueron diseñadas desde la Presidencia y ejecutadas por organismos de seguridad del Estado, tales como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y las Redes de Inteligencia Militar del Ejército.

De acuerdo a las anteriores consideraciones, llama la atención que la grave denuncia pública formulada por la Fiscalía General de la Nación acusando a una víctima de la masacre de Mapiripán y al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, sea replicada por distintos sectores de opinión pública y del Gobierno, que se han apresurado a descalificar la actividad de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, omitiendo incluir en sus análisis los pronunciamientos del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y menos aún han aclarado que fue la propia Fiscalía la que recibió el testimonio a la señora Mariela Contreras con antelación a que el caso fuera tramitado por los abogados ante el Sistema Interamericano, y que también profirió decisiones judiciales sobre las cuales se basaron la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En este caso concreto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos actuó como mecanismo supletorio de justicia al que tienen acceso las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, ante la incapacidad del sistema judicial colombiano de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de la masacre y esclarecer plenamente los hechos y las víctimas. Por eso la Sentencia de la Corte Interamericana se produce ocho años después de la ocurrencia de los hechos, durante cinco años de litigio, en el cual ejercieron el derecho de contradicción los representantes del Estado, concluyéndose el quince de septiembre de 2005 que el actuar paramilitar desplegado en contra de la comunidad de Mapiripán contó con al aquiescencia y connivencia de integrantes de la Fuerza Pública, lo que permitió que los victimarios se transportaran vía aérea y sin obstáculo alguno entre el Urabá antioqueño y San José del Guaviare.   

Preocupa que el Presidente Juan Manuel Santos y que la Fiscalía General de la Nación con sus pronunciamientos públicos, pretendan debilitar a las funciones cuasijudiciales y judiciales de la Comisión y la Corte Interamericana en relación con los casos individuales al cuestionar la seriedad de las decisiones de fondo de los órganos de Protección del Sistema Interamericano, pongan en entredicho la credibilidad de las organizaciones de Derechos Humanos que como el Colectivo de Abogados José Alvear litigan ante esas instancias internacionales, y promuevan un ambiente negativo frente a las víctimas que por esa vía reclaman los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integrales, generalizando sobre lo que ocurrió con la señora Contreras.     

Hoy como ayer los actos de intimidación y difamación en contra de los defensores de los Derechos Humanos y en especial contra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, no nos harán cegar en nuestros propósitos de aportar en la construcción de una sociedad donde las garantías fundamentales de los y las colombianas sean realidad y no mera quimera.

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