El Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEU- y el Proceso Social de Garantías Antioquia rechazan el asesinato de Rubén Darío Palacio miembro y escolta de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, CORPADES

Asesinado miembro de CorpadesEl Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos  –CCEEU- y el Proceso Social de Garantías Antioquia   rechazan el asesinato de  Rubén Darío Palacio miembro y escolta de la  Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, CORPADES, organización que pertenece a nuestra plataforma y  participa del Proceso Social de Garantía Antioquia el cual se encuentra articulado a la Mesa Nacional de Garantías.

Rubén Darío Palacio fue asesinado el día de ayer 28 de mayo cuando se desempeñaba como escolta del esquema de seguridad de Carlos Mario Arenas, director de CORPADES, este  asesinato ocurrió  en la puerta de la residencia de  éste último.

Se debe resalta que en marzo del 2011 fue asesinado Miguel Ángel Isaza Gaviria que también pertenecía al esquema de seguridad de Carlos Mario Arenas, lo que demuestra lo débil del esquema de seguridad y la protección ofrecida a los miembros de CORPADES.

CORPADES es una organización social que realiza un trabajo de denuncia y exigibilidad de los  Derechos Humanos en la ciudad de Medellín y desde su fundación en el año 1998, ha  sido víctima de persecución motivada por su labor. Persecución manifestada en señalamientos, amenazas, asesinato y atentados con explosivos como los ocurridos en los años 2001 y 2005.

En los catorce años de su  existencia, han sido asesinadas 13 personas pertenecientes a  CORPADES por su labor en defensa de los Derechos Humanos y su trabajo constante para develar el accionar de las estructuras paramilitares y mafiosas en Medellín, Antioquia y Colombia. Por ejemplo el  asesinato de Alexander Pulgarín el 20 de diciembre de 2009; este crimen fue motivado por las denuncias que este líder realizaba en contra de grupos paramilitares asentadas en el territorio de la Comuna 8, las medidas de protección  para este defensor llegaron un día después de su muerte demostrando la falta de garantías que brinda el gobierno colombiano en tema de protección a defensores y defensoras líderes y lideresas sociales. Así mismo el 23 de abril de 2007 paramilitares asesinaron, después de una campaña de desprestigio, a Judith Vergara.

Debido a la persecución contra CORPADES, la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos  –CIDH-    otorgó en el segundo semestre  del 2007 medidas cautelares a 11 miembros de esta Corporación, de los cuales 7 de ellos hoy en día no cuentan con ninguna medida de seguridad. El año anterior fueron retirados los esquemas   ya que el Gobierno Nacional otorgó medidas que no se correspondían con el contexto real de Derechos Humanos en la ciudad de Medellín,  minimizando los riesgos y las denuncias de la persecución por parte de los grupos paramilitares contra dicha organización, las  cuales reposan en la Fiscalía.

Es necesario resaltar las denuncias que realiza CORPADES de manera directa y sustentadas sobre el accionar de las estructuras paramilitares, develando la grave situación que viven los y las habitantes de los territorios urbanos y rurales de Medellín como las comunas 13, 9,8,6 y los corregimientos de Altavista y San Antonio de Prado. Debido a todo este trabajo de denuncia, se han incrementado las amenazas contra CORPADES; muestra de ello, es que el grupo paramilitar llamado “la oficina de Envigado” está ofreciendo 250 millones por el asesinato de Fernando Quijano presidente de la dicha corporación social.

El Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos  –CCEEU- y el Proceso Social de Garantías Antioquia  se solidarizan con la familia de Rubén Darío Palacio y con los y las integrantes de Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, CORPADES.

Así mismo exigimos por parte de las autoridades competentes una investigación seria y profunda sobre este hecho criminal que lleve a la sanción de los responsables reales materiales e intelectuales.

Demandamos del Gobierno Nacional y Municipal reales garantías para el  ejercer  del derecho a defender los Derechos Humanos.

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