Campesinos, campesinas líderes y lideresas denuncian sistemática campaña de persecución en su contra

DabeibaLos días comprendidos entre el 3 y 5 de agosto de 2012 se llevaron a cabo audiencias sociales del proceso de garantías en el corregimiento La Balsita del municipio de Dabeiba y corregimiento San José de León del municipio de Mutatá.

La actividad fue convocada por la Asociación Campesina de San José de Apartadó y acompañada por el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa- Estados Unidos, el Proceso Social de Garantías Antioquia, la Asociación de Mujeres Ideales de Ituango, la Asociación Campesina del Norte de Antioquia (ASCNA), Cahucopana, Fundación Sumapaz, la Corporación Jurídica Libertad, la Corporación en Derechos Humanos Contrarriente, la Corporación Comité Universitario de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, El Periódico Tinta Tres, La Red Jóvenes sin Fronteras y la Corporación para la Comunicación Ciudad Comuna, de las comuna dos y ocho de Medellín respectivamente. Contó, además, con el acompañamiento de funcionarias del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

En la sesión realizada en el corregimiento La Balsita de Dabeiba, se recibieron una serie de denuncias por parte de integrantes de la comunidad que dan cuanta de graves y persistentes violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario atribuibles a miembros de la Brigada Móvil Nro. 11, consistentes en detenciones ilegales que privan de la libertad a los campesinos y generan un clima de zozobra en la comunidad en general, la realización de actos de empadronamiento, la retención de cédulas de ciudadanía, la toma de registros fotográficos en los puestos de control y la existencia de amenazas hacia la comunidad mediante divulgación de información relacionada con la supuesta existencia de órdenes de captura en contra de campesinos señalados de pertenecer o colaborar con la guerrilla de las FARC, que ejerce una fuerte presencia y control en la zona desde hace algunos lustros.

Los campesinos manifiestan que a causa de las amenazas, detenciones y violencia que han padecido en el último tiempo por parte de los actores del conflicto, en particular por miembros de la Fuerza Pública, sus territorios se hacen invivibles. La población campesina hace constar que ellos trabajan con mucho miedo, que algunos han venido perdiendo sus trabajos y denuncian que hay personas en la comunidad que dejan de trabajar, motivados por los incentivos que les ofrece el gobierno al informar a otras personas de la región.

Otras denuncias hechas por la comunidad dan cuenta que la Fuerza Pública utiliza escenarios públicos como canchas y parques para fines militares y el establecimiento de campamentos más o menos permanente cerca de las escuelas y de las viviendas de algunos pobladores en una clara y abierta violación del principio de distinción consagrado en las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Otra grave violación del principio de distinción que se viene presentando de manera reiterada bajo el abrigo de las autoridades civiles locales y organismos de control como la Personería Municipal, es la realización de brigadas cívico-militares adelantadas por miembros de la Brigada Móvil que hacen presencia en la región bajo la excusa de tratarse de simples campañas de atención en salud a cargo de personal adscrito a la Fuerza Pública.

En la audiencia llevada a cabo en el corregimiento San José de León de Mutatá, se presentaron graves denuncias en contra de los integrantes del Batallón Carlos Bejarano Muñoz adscrito a la Brigada XVII del Ejército Nacional, que dan cuenta de la ocurrencia de la muerte violenta de los campesinos Carlos Torres, el 22 de mayo, y Wilson Giraldo, el 23 de mayo, quienes al parecer fueron ultimados por integrantes del grupo paramilitar los Urabeños que operan en cercanías a la vereda La Fortuna, justamente en un lugar cercano a donde se encuentra instalado un puesto de control militar permanente.

Se denunció un ametrallamiento indiscriminado desde helicópteros sucedido el 2 de junio del presente año en el caserío de San José de León colocando en grave riesgo a la población civil que allí habita. Igualmente se conoció que ese mismo día en medio del operativo militar desplegado, fue saqueada la residencia de un campesino por parte del personal militar. Se informó del allanamiento sin orden judicial por parte de integrantes del Batallón Carlos Bejarano Muñoz, sin la utilización de distintivos que permitieran la identificación de los uniformados y contando con la presencia de personal civil armado, realizado el 4 de julio de la misma anualidad en la residencia de un campesino que se ha abstenido de formalizar denuncia penal y disciplinaria por temor a ser víctima de retaliación por parte de los militares  que adelantaron la acción ilícita. De acuerdo con la información obtenida se pudo conocer lo relativo a la realización de brigadas cívico-militares por parte de miembros de la fuerza pública hacia la población civil sin importar el desconocimiento del principio de distinción del DIH.

Los hechos relacionados que constituyen graves afectaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario y que colocan en riesgo la recomposición del tejido social de unas comunidades afectadas desde antaño por los actores del conflicto armado, fueron puestos en conocimiento insito de autoridades civiles, policiales y militares responsables de la salvaguarda y garantía de los derechos fundamentales de los y las campesinas que habitan los corregimientos visitados.

Se hace responsable al Estado Colombiano por la vida e integridad de los líderes y campesinos participantes de la audiencia social de garantías y exigimos:

Al Estado -los militares- respetar el principio de distinción y no someter al campesinado y líderes a presiones para obtener información del actuar de la insurgencia o grupo ilegales.

El Estado debe respetar y garantizar el derecho a defender los Derechos Humanos por parte de los líderes, lideresas, campesinos.

Se exige al Ministerio Público Investigar y sancionar a los funcionarios públicos que hayan cometido violaciones a los DDHH.

Se exige al Estado Colombiano -Fiscalía General de la Nación- no emplear los testimonios de desmovilizados ya que como se ha constatado en muchos casos éstos, por beneficios jurídicos y económicos, incriminan a la población civil, quien es realmente la víctima.

 

Suscriben
Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
Proceso Social de Garantías Antioquia
Asociación Campesina de San José de Apartadó
Asociación de Mujeres Ideales de Ituango
Asociación Campesina del Norte de Antioquia (ASCNA)
Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana)
Fundación Sumapaz
Corporación Jurídica Libertad
Corporación en Derechos Humanos Contracorriente
Corporación Comité Universitario de Derechos Humanos Gustavo Marulanda
Periódico Tinta Tres
Red Jóvenes sin Fronteras, Comuna Dos de Medellín
Corporación para la Comunicación Ciudad Comuna, Comuna Ocho de Medellín 

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