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El Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, manifiesta su preocupación por los hechos ocurridos al interior de  la instalaciones del Instituto Popular de Capacitación el día 3 de septiembre el presente año; la sede fue asaltada y de allí se sustrajo información importante sobre violaciones de derechos humanos: “En las horas de la mañana de hoy lunes 3 de septiembre, nos percatamos de que la oficina de sistemas, la presidencia y dos oficinas más donde se concentra información sobre derechos humanos de nuestro observatorio, estaban desordenadas y con los cajones abiertos, hechos demostrativos de que los invasores buscaban información, aclarando que toda la sede fue desordenada y fueron cortadas la redes de telefonía e Internet”.[1]

Este hurto de información es una muestra del grave riesgo en el que se encuentra la labor de defensa de los derechos humanos en el país,  en tanto el hecho se presenta horas antes de llevarse a cabo la “audiencia de formulación de cargos al ex jefe paramilitar, Diego Fernando Murillo Bejarano, Alias “Don Berna”, en un proceso en el cual el IPC ha sido denunciante, en virtud del atentado con explosivos ocurrido en 1999 contra la sede anterior de la organización, ubicada en el barrio Prado Centro. A lo cual se suma, un hecho de mayor gravedad en 1999 en el que fueron secuestrados 4 miembros del equipo de trabajo de nuestra institución, luego de que integrantes de la banda “La Terraza” incursionaran a la sede del IPC siguiendo órdenes de “Don Berna” y Carlos Castaño. Posteriormente se incrementaron las amenazas al Equipo de Derechos Humanos lo que generó su  exilio  en el año 2000. Se presume que  en virtud de sus relaciones con grupos ilegales, en este caso con la banda “La Terraza”,  el General Santoyo haya participado en estos delitos cometidos contra el IPC.  Más si se tiene en cuenta que la Corte Este de Virginia, Estados Unidos, acusa al general Santoyo del delito de conspiración, sindicándolo de nexos con narcotraficantes y paramilitares, a los cuales les filtraba información que obtenía a través de las interceptaciones ilegales.

El Nodo Antioquia, no solo se solidariza con la ONG perteneciente a la Plataforma de Derechos Humanos CCEEU, sino que exige:

- Investigación por parte del Estado sobre los hechos ocurridos y se responsabiliza al gobierno nacional de lo que pueda sucede con la información hurtada ya que esta hace parte de procesos judiciales que buscan esclarecer la verdad sobre las violaciones de derechos humanos.

 


[1] Comunicado a la opinión pública 3 de septiembre de 2012. IPC.

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