Presentar como captura la comparecencia de un acusado ante la justicia es una perversa práctica propagandística de las autoridades para mostrar resultados positivos. Y la prensa contribuye.

A la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá le gusta darse "pantalla" en los medios de comunicación y estos, prestos, le hacen el juego sin mayores preguntas y proceden a publicar sus comunicados tal cual se los envían, sin que se perciba siquiera una pregunta curiosa por los datos que se consignan en esos textos emitidos por la oficina de prensa de la institución. De paso, les colaboran en la presentación de resultados positivos.

La reflexión viene al caso luego de conocer los detalles que rodearon la noticia que generó un comunicado expedido por esa unidad policial el pasado 16 de enero. Diversos medios de prensa titularon así la información entregada por la oficina de prensa: "Capturan a supuesto reclutador de las FARC en universidades de Medellín" (El Colombiano); "Policía captura a presunto reclutador de las FARC en universidades de Medellín" (El Espectador); "Capturan a supuesto reclutador de las FARC en universidades de Medellín" (El Universal); "Capturan a alias 'Winston' presunto reclutador de universitarios al servicio de las FARC" (Radio Santa Fe).

Al leer la noticia, lo que se observa son datos genéricos que no contienen mayores precisiones, ni siquiera el nombre propio del capturado, simplemente se dice que "un hombre conocido con los alias de 'Wiston' o el 'Gordo' fue capturado". Un medio informativo (Radio Santa Fe) fue más allá y escribió en su versión en internet una nota llena de datos de ficción: "En un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia, la Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación, capturaron a alias "Wiston o el gordo" presunto integrante de las redes de apoyo al terrorismo de las FARC con injerencia en universidades públicas en la ciudad Medellín. Después de arduas investigaciones y seguimientos, las autoridades ubicaron en un edificio de la capital antioqueña al temerario reclutador de jóvenes universitarios que eran enviados a engrosar las filas del grupo guerrillero FARC-EP.

La oficina de prensa de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá debe estar muy satisfecha con lo publicado acerca de la captura del presunto reclutador de la guerrilla de las FARC, pues su papel como agente del orden ha quedado rubricado con titulares y fotos que exaltan su labor e inflan sus estadísticas. Pero ese orgullo y esos resultados, por lo menos en este caso, se sustentan en una gran falsedad.

La noticia cuestionada tiene que ver con una investigación que inició el 29 de diciembre del 2006 la Fiscalía 74 Especializada contra supuestas células subversivas en la capital antioqueña y a la cual fue vinculado, en abril del 2009, Wiston Gallego Pamplona, defensor de derechos humanos, miembro de la Fundación Sumapaz y de la Plataforma de Derechos Humanos Colombia Europa Estados Unidos. Este activista fue acusado del delito de rebelión y señalado de pertenecer al Frente Jacobo Arenas de las FARC.

Por tal razón, estuvo detenido entre junio del 2009 y el 25 de mayo del 2010, cuando le fue reconocido del derecho de libertad provisional.

El proceso siguió su trámite y el 31 de agosto del 2011 fue sentenciado, en primera instancia, a 72 meses de prisión por el Juzgado 27 Penal del Circuito de Medellín. Sus abogados apelaron la decisión y por disposición de ese despacho judicial, la privación de la libertad sólo se haría efectiva una vez la sentencia estuviera ejecutoriada.

El caso llegó hasta el Tribunal Superior de Medellín y tras su análisis confirmó, en segunda instancia, la decisión del Juzgado 27 Penal del Circuito de Medellín en fallo del 30 de mayo del 2012 y mantuvo la condena impuesta. Como sus abogados presentaron el recurso extraordinario de casación, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia y, por tanto, la decisión inicial de no privarlo de la libertad se mantuvo hasta tanto este alto tribunal resolviera la petición.

El recurso de casación fue resuelto el 15 de octubre del 2014. Con ponencia de la magistrada María del Rosario González Muñoz, este alto tribunal resolvió "no casar la sentencia impugnada" y, por tanto, quedó en firme la condena por 72 meses.

La decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia llegó al Juzgado Noveno Penal de Medellín a comienzos de diciembre del año pasado. Una vez supo de ella, Gallego Pamplona estuvo presto a definir su situación de privación de la libertad y en carta enviada a ese despacho judicial reafirmó "la disposición de comparecer al proceso cuando se me requiera. Esta reiteración la hago toda vez que he sido informado por mí apoderado que la decisión judicial proferida en mi contra ha sido confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el momento de desatar el recurso extraordinario de casación por él interpuesto.

No obstante considerar esta decisión injusta, mi defensa irrestricta del Estado de Derecho hace que no me abstraiga de las consecuencias que acarrea el pronunciamiento judicial antes aludido".

Por trámites internos y la vacancia judicial de fin de año, Gallego Pamplona, acompañado de su señor padre, acudió voluntariamente el 16 de enero a la sede de los despachos judiciales en el Edificio José Félix Restrepo para resolver su situación. En esa misma diligencia el juez libró las órdenes de captura y de encarcelamiento en centro penitenciario.

Una vez notificado Gallego Pamplona de esas medidas, el Juzgado Noveno se comunicó con los custodios de la sede los despachos judiciales para proceder con su detención, pero estos tomaron la decisión de llamar a la Sijín de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, quienes se demoraron dos horas para acudir al despacho y recibir al defensor de derechos humanos. Una vez detenido, fue conducido a la sede de la Sijín, donde le tomaron la fotografía junto a dos uniformados y procedieron a crear la ficción mediática de su captura mediante un boletín de prensa.

Gallego Pamplona nunca pretendió evadir la justicia, de hecho, en actividades propias de su labor y en medio de su proceso penal, viajó a Bruselas, Bélgica, sin la pretensión de quedarse fuera del país, a diferencia de algunos que ostentaron altos cargos del Estado, están comprometidos en procesos de corrupción y vulneración de derechos humanos y evitaron la acción judicial huyendo al extranjero. Los casos ya son ampliamente conocidos... y van en aumento.

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