La oleada de amenazas que desde hace meses azota al país parece incontenible. Constantemente, defensores de derechos humanos, directores de oenegés y líderes de izquierda reciben panfletos, llamadas intimidantes, mensajes de texto, correos electrónicos y persecuciones de toda índole provenientes de bandas criminales como los Urabeños y los Rastrojos, que con lenguaje soez anuncian homicidios y provocan desplazamientos forzados. La semana pasada, durante una audiencia en la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, abogados de víctimas de la costa Caribe denunciaron públicamente que están amenazados. Preocupados, les pidieron a las magistradas Léster González y Alexandra Valencia que intervengan para que el Estado les preste protección, toda vez que sus vidas, las de sus familias y los mismos procesos judiciales que adelantan están en riesgo.

En esa diligencia, los defensores dieron a conocer un panfleto firmado por el bloque Norte de las Águilas Negras, en el que esa banda criminal: "declara objetivo militar a todas las personas y organizaciones de derechos humanos, sindicalistas, reclamantes de tierras, asesores de víctimas, defensores de presos de las Farc y del Eln, los que hacen informes de derechos humanos", entre otros. En el grupo de amenazados figuran los integrantes del Congreso de los Pueblos, la Unión Patriótica, Marcha Patriótica, las seccionales Sucre y Atlántico del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la Asociación de Familias Unidas por un Solo Dolor, una organización que busca justicia en casos de "falsos positivos". Además, se incluyó al abogado de víctimas Adil Meléndez y al director de la oficina de la Unidad de Tierras en Magdalena, Fabián Oyaga.

Un segundo panfleto, puesto a circular en la última semana, está firmado por el bloque Caribe de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). A través de él, nuevamente se amenazó a Oyaga y a periodistas, líderes de víctimas y restitución de tierras, abogados de la Corporación Jurídica Yira Castro y distintas organizaciones políticas y sociales. Para las AGC, esas personas son "guerrilleros que se hacen pasar por víctimas de nuestras estructuras en el pasado y el presente". Advierten, además, que "están ubicadas residencial y laboralmente" y amenazan con "hacerlas picadillo, al que igual que a sus familias". En opinión de Adil Meléndez, defensor de víctimas de los paramilitares e integrante del Movice, estas amenazas provienen de "sectores políticos que se oponen a la paz y que cohonestan con esas estructuras armadas".

Según el jurista, "el origen de las amenazas está en que los defensores vamos a trabajar masivamente en la refrendación de los acuerdos de paz". Otra tesis apunta a que los constreñimientos están relacionados con su profesión, que lo habría puesto en la mira de sectores políticos, económicos y militares que buscan evadir su responsabilidad en la expansión del paramilitarismo en el Caribe. Diógenes Arrieta, que también se desempeña como abogado de víctimas, ha recibido amenazas telefónicas contra su vida y la de su familia. En su concepto, una alianza entre los Rastrojos y el Clan Úsuga en Barranquilla es la responsable de un plan criminal que persigue un fin "deleznable": extorsionar a los juristas para apropiarse de los dineros que les corresponden a las víctimas por concepto de reparación judicial y administrativa.

Una tercera abogada, que pidió omitir su nombre por motivos de seguridad, asegura que "existe una lista con nombres de defensores de víctimas que fue elaborada con el fin de extorsionarlos, porque creen que las indemnizaciones pasan por sus manos". Sea cual sea el motivo, Meléndez opina que "las amenazas contra los abogados limitan el acceso a la administración de justicia, a la defensa de las víctimas y al derecho al trabajo de quienes lo ejercemos valientemente en temas tan sensibles y complejos como el del paramilitarismo". Pero no son los únicos. Luego de que este diario publicara el artículo Las víctimas reprochan el fallo contra Mancuso, la viuda del comerciante Pablo Gómez, desplazada forzadamente del municipio de Santo Tomás (Atlántico), recibió una llamada telefónica en la que un desconocido le dijo: "Ya sabe a qué atenerse".

En el trasfondo, los abogados y las víctimas lamentan la "falta de capacidad financiera y administrativa de la Unidad Nacional de Protección (UNP)". Según Meléndez, "para que la Unidad me proteja he tenido que presentar tres acciones de tutela. Además, en varias ocasiones los escoltas se han negado a trabajar porque no les pagan los viáticos, hace dos años que no me reembolsan gastos de peajes y he terminado asumiendo entre el 50% y el 70% del combustible del vehículo". Una colega suya refiere que "a pesar de que no puedo pisar Pivijay ni Chibolo (Magdalena) y a que mi familia está amenazada, únicamente me dieron un celular para emergencias. Incluso, la policía solo viene a visitarme cuando sale un panfleto o cuando matan a un abogado".

La magistrada González, por su parte, le envió un oficio con carácter "urgente" al Ministerio del Interior para que proteja a los afectados y le ordenó a la Fiscalía rendir un informe en el que consigne cómo se ha verificado esta situación y qué medidas se han tomado al respecto. Además, el ente acusador le pidió a la UNP que salvaguarde la vida de los juristas y sus representados. En reiteradas ocasiones, la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre la difícil situación que atraviesan los defensores de derechos humanos en la costa Caribe y ha pedido que se identifique la autoría de los panfletos. La policía, en otro frente, trabaja para desarticular las bandas criminales y frenar la extorsión.

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