Condenados militaresMaría Graciela Santamaría Galeano era una joven campesina, madre de un niño de dos años, quien para el mes de mayo del 2005 se encontraba en estado de embarazo, lo que no le impedía cumplir cabalmente con sus laborales agrícolas para contribuir a la manutención económica de su familia. El día veintiocho de mayo del 2005 cuando María Graciela se aprestaba a desarrollar sus cotidianas actividades, la casa de habitación donde se encontraba pernoctando fue objeto de injusto allanamiento, siendo ella y su tía Nelly del Socorro Santamaría Galeano arbitrariamente privadas se la libertad y conducidas por parte de integrantes del Ejército Nacional alugares diferentes.

En este arbitrario allanamiento fue objeto de malos tratos yde golpiza el señor Pedro Nel Claver, propietario de la casa de donde fueron sustraídas violentamente por los militares María Graciela y Nelly del Socorro.

La señora Nelly del Socorro fue dejada en libertad y pudo entrevistarse con su sobrina María Graciela, quien le manifestó que los militares que arbitrariamente la habían detenido le habían informado que iba a ser conducida a la ciudad de Medellín.

Ante el irregular proceder de los militares, los familiares y amigos de María Graciela de manera acuciosa recurrieron a distintas instancias gubernamentales y no gubernamentales para denunciar la injusta privación de la libertad de la cual había sido objeto su ser querido por parte de integrantes del Ejército.

Los militares mediante un informe de patrulla suscrito por el Sargento Segundo Carlos Edilson Jácome Álvarez reportaron la muerte en combatede una guerrillera sin identificar, que según el parte militar los enfrentó armada de un fusil, en hechos ocurridos el día veintinueve de mayo en la Vereda El Roblar del municipio de Granada, Antioquia.

Al percatarse los militares de la denuncia que había sido presentada en su contra por la arbitraria detención de María Graciela, la cual hacia inverosímil la versión según la cual ella había sido muerta al enfrentarse a los tropas estatales, de manera burda adicionaron el reporte de los hechos, sosteniendo que la hoy occisa se había entregado al ejército y les había hecho entrega de una caleta de la guerrilla, resultando muerta como resultado del fuego cruzado al momento de ser atacadas las tropas estatales por integrantes de una facción insurgente.

Llegó a tanto el cinismo de los militares, que quienes participaron de la ejecución extrajudicial de María Graciela en desarrollo de la “Operación Ejemplar”, los soldados profesionales Horacio Fernando Misas Echavarría, Robinson Alejandro Manco, Bladimir Vital Arroyo y Lázaro Antonio Monsalve fueron destacados por sus superiores por su valeroso y ejemplar proceder.

En diligencia realizada en la Inspección Municipal de Cocorná, la progenitora de María Graciela la reconoció a través de fotografía, siendo su hija la joven mujer que fue reportada por el ejército como la peligrosa guerrillera abatida encombate el día veintinueve de mayo de2005.

Los testimonios de los testigos de los hechos anteriores a la ejecución extrajudicial de María Graciela; un dictamen médico legista y un estudio de balística permitieron refutarla versión de los militares, quienes afirmaban que está joven mujer había fallecido producto de unos disparos realizados desde lo alto de zona montañosa por integrantes de un grupo alzado en armas, toda vez que las pruebas técnicas antes aludías permitieron concluirde manera categórica que “de acuerdo al análisis de las trayectorias y teniendoen cuenta las lesiones descritas en el protocolo de necropsia y la conclusión emitida por el legista (…) EL POSIBLE VICTIMARIO O TIRADOR SE UBICO SOBRE EL MISMO NIVEL DEL TERRENO , TODA VEZ QUESE DECRIBEN TRAYECTORIAS HORIZONTALES (…) De lo anterior se contradice en las versiones entregadas por los soldados y suboficiales que estuvieron en los hechos, toda vez que los mismos afirman que al momento de el hostigamiento dicha patrulla se encontraba en situación desventajosa en el terreno y como lo confirma en la indagatoria rendida por el sargento CARLOS EDILSON JÁCOME ALVAREZ”.

La valerosa denuncia de los familiares, amigos y vecinos de María Graciela Santamaría Galeano y la actividad de la representación judicialde las víctimas en el proceso penal, contribuyeron de manera significativa para que la Fiscalía cumpliera a cabalidad con su labor investigativa y tuviera los fundamentos fácticos y jurídicos para proferir resolución de acusación por los delitos de secuestro simple, torturas y homicidio en persona protegida encontra del Sargento Segundo Carlos Edilson Jácome Álvarez y los soldados profesionales Horacio Fernando Misas Echavarría, Robinson Alejandro Manco, Bladimir Vital Arroyo y Lázaro Antonio Monsalve, integrantes para la época de los hechos de la patrulla Bombarda 2 del Batallón de Artillería Numero 4 Comandante Jorge Eduardo Sánchez, Bajes, adscrito a la IV Brigada del Ejército.

La ejecución extrajudicial de María Graciela Santamaría Galeano tiene como contexto las distintas operaciones militares que desplegaron tropas adscritas a la IV Brigada en el oriente antioqueño en el primer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en desarrollo de las cuales elColectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad logró documentar la ejecución extrajudicial de 110 personas, denuncias que en su momento fueron desestimadas por el gobierno nacional con el deleznable argumento de que las mismas obedecían a una estrategia de la guerrilla para deslegitimar el accionar de la fuerza pública.

Es importante destacar que todas estas ejecuciones extrajudiciales tuvieron ocurrencia entre diciembre de 2003 y octubre de 2006, época en la cual el general Oscar González Peña, actual comandante del Ejército Nacional, estuvo al frente de la IV Brigada y de la Séptima División con sede en Medellín.

La decisión proferida por la Fiscalía Once Especializada dela Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en contra de los militares que secuestraron, torturaron y asesinaron a María Graciela Santamaría Galeano confirma de nuevo la veracidad de las denuncias de las comunidades y da cuenta de la manera como las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias y masivas han sido mecanismos implementados por el actual gobierno para incrementar mediáticamente el impacto de la política deseguridad democrática.

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