La Fundación para la educación y el Desarrollo (Fedes), publicó su informe sobre las ejecuciones extrajudiciales del caso Soacha, el cual se titula Soacha: La punta del iceberg. Falsos positivos e impunidad.

A continuación publicamos el prólogo del informe, escrito por Liliana María Uribe Tirado, miembro de la Corporación Jurídica Libertad.

 
 
PRÓLOGO
 
 
Cuando la muerte sea inalcanzable y rara

 

cuando un mohoso grillete repose en la vitrina

 

que se dé a cada hijo una flor y una bala

 

que se sepa que el mundo va sembrado de vidas

 

Silvio Rodríguez - Palabras
 
Algún día será que las palabras se conviertan en el modo de existir, que el aprendizaje horroroso de la guerra sea sustancial en la memoria colectiva y se interiorice profundamente en la psiquis social de modo que no se repita el horror de la guerra y se nos permita vivir y relacionarnos bajo las fórmulas de la razón y la civilidad.
 
Nunca he podido aceptar cómo en Colombia durante décadas se ha determinado el exterminio de la diferencia, sustentándolo normativamente, y afinándolo con discursos de justificación de la muerte y la represión social. Más grave aún, que se sume a la tragedia de la pobreza, someter a quienes la padecen a una particular pena de muerte.
 
Qué deformidad moral se instaló en quienes gobiernan y detentan el poder imponiendo la eliminación de quienes no consideran sus iguales, justificando la creación y financiación del paramilitarismo, y más allá, sus acciones destructoras de la dignidad humana y de tejidos sociales y culturales. Por qué han puesto precio a la vida, a la información, a las relaciones cotidianas y se reparten más y peligrosas facultades a la Fuerza Pública a la caza de un enemigo profuso en el rostro de niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres del campo, de la marginalidad, de la oposición política, de quienes defienden los derechos humanos, en fin, haciendo de cada muerte un “beneficio” en esta particular noción de la democracia.
 
El informe Soacha: la punta del iceberg - Falsos positivos e impunidad, publicado por la Fundación para la Educación y el Desarrollo (Fedes), me reafirma en la idea de la premeditación de estos crímenes de Estado, que instalan primero en el inconsciente colectivo la noción de un enemigo bárbaro y sin derechos, sin probabilidad de existir, susceptible de ser arrasado, barrido, en fin, ejecutado, para luego llamar victoria a la muerte creciente de los indefensos. Paralelo, decretos de vieja y reciente data “aprecian” económicamente a los muertos. Las redes paramilitares, de mercenarios, de informantes, de comerciantes de las recompensas, de los intereses económicos —nada novedoso en Colombia—, denotan la perversidad, mejor, la vileza en que se ha sustentado la construcción de nuestra democracia.
 
Más de 3 mil ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias perpetradas en Colombia entre 2002 y 2009 son crímenes de carácter internacional. Lo sucedido a 16 jóvenes de Soacha mostró la extrema crueldad con la que se puede actuar para lograr efectividad en supuestos combates a variados enemigos. Esta realidad ya ampliamente dada a conocer por los medios de comunicación, alcanza mayor profundidad en la investigación que Fedes nos pone de presente, para no olvidar, pero en especial, para dimensionar la ausencia de límites éticos y jurídicos en el establecimiento colombiano.

La administración de justicia no será relevada de la obligación internacional del Estado colombiano de investigar pronta y diligentemente. Ya ha transcurrido un tiempo considerable de la ocurrencia de las iniciales desapariciones forzadas en marzo de 2008, y luego el descubrimiento de las ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes de Soacha, y aún no hay pleno esclarecimiento de los hechos ni sanción a los responsables. El informe Soacha: la punta del iceberg- Falsos positivos e impunidad nos alerta sobre los riesgos que corre la investigación penal, y profundizando más allá de valoraciones procesales, se adentra en el análisis de mecanismos de impunidad jurídicos, políticos y sociales de carácter estructural que podrían dar al traste con los más importantes derechos de las víctimas y de la sociedad en general a la verdad, la justicia y la reparación. Pero muy especialmente, señala el grave riesgo social porque está determinado que si hay impunidad se repetirán los crímenes, empeñando aún más el futuro al horror.
 
La investigación elaborada por Fedes muestra el intrincado laberinto de la impunidad con coherencia jurídica y argumentativa, poniendo al descubierto que si en el caso emblemático de Soacha, por la consternación nacional e internacional que causó, no se alcanza la justicia, las demás víctimas de este crimen de lesa humanidad no tendrán remedio. Y no solo será determinar la responsabilidad de los autores materiales, sino el deber que asiste a la Fiscalía de indagar al más alto nivel de los perpetradores.
 
El texto narra los hechos dolorosos de los jóvenes de Soacha, la transformación de las vidas de las madres, que insisten y persisten en reivindicar la memoria y la dignidad de sus víctimas; nos propone explicaciones de la génesis del horror, plantea las preocupaciones por el desarrollo e impulso de las investigaciones, y nos pone el reto de exigir que cesen absolutamente la práctica de los crímenes de lesa humanidad y la impunidad. La sociedad colombiana se merece conocer la verdad y construir memoria colectiva.

Los Estados liberales modernos y sus constituciones progresistas, dentro de los cuales pretende enmarcarse el Estado colombiano, han cimentado sus estructuras de poder conforme a supuestos democráticos y al respeto de los derechos humanos. En el caso colombiano esta afirmación es verificable desde el punto de vista formal, aunque la realidad la desdiga. De cierta manera se
 
ha logrado hacer convivir pacíficamente, durante períodos nada despreciables, formalidades y discursos democráticos con impresionantes mecanismos de opresión de grandes capas sociales. Es una sociedad donde el discurso y la normatividad protectora de la “dignidad humana” y de los “derechos humanos” logró convivir con las más despiadadas formas de genocidio, de exterminio de posiciones disidentes, de “guerras” contra “enemigos internos” que constituían las mayorías nacionales, de todo tipo de discriminaciones y de crímenes de lesa humanidad.1]

 

 
La práctica del terrorismo de Estado fue una constante en la historia del país y hoy se ha perfeccionado a tal punto de manera que convive con tantas otras políticas estatales. La principal consecuencia es que la acción violenta de los grupos estatales o paraestatales se dirige contra quienes conforman la concepción ampliada del “enemigo interno”: la población civil. Es decir, si en sus inicios quienes eran primeramente objeto de la barbarie del Estado eran los opositores políticos de cualquier naturaleza, el margen aumenta hasta cobijar a la población civil.
 
Pero en Colombia la legitimidad como principio fundamental de todo Estado de derecho no se hubiera sostenido si no fuera por el encubrimiento sistemático de estos crímenes, lo que implicaba la aquiescencia de todas sus instancias. Por ello convergieron para garantizar la impunidad medidas legislativas que facilitaron la comisión de crímenes de lesa humanidad, otras que generaban trabas para una correcta administración de justicia, el establecimiento de jurisdicciones especiales y la cooptación del aparato de justicia en pro del silencio.
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido la impunidad como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”; y ha señalado que “el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”.[2]

 

 
Cabe distinguir dos tipos de impunidad, la primera de ellas es el resultado de la incapacidad de la administración de justicia, y la segunda es la que se ha constituido en la estratagema de quienes han detentado el poder político, económico y social en Colombia desde hace décadas, y han hecho uso de la fuerza del Estado para acallar a quienes desde diferentes sectores de la sociedad se les oponen o simplemente emplean la violencia “legal e ilegal” en contra de la población.
 
Existe por parte del Estado colombiano un incumplimiento sistemático de su obligación de investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos; consecuencia de ello es la situación generalizada de impunidad que alcanza niveles estructurales, que la califica como política de Estado en materia de crímenes de lesa humanidad cuando sus actores son agentes estatales o paraestatales.
 
La consecuencia inmediata de la impunidad es el sostenimiento de quienes ejercen el poder, pues a través de esta se “condiciona a la sociedad frente al futuro, haciendo que ese futuro sea moldeado fundamentalmente de acuerdo con los principios, con la ideología y con el modelo de ordenamiento social queridos por los victimarios”.[3]

 

 
Este fenómeno se hace efectivo a través de una serie de mecanismos, los cuales se pueden presentar de manera conjunta o simplemente de manera particular, teniendo en cuenta que existen diversas manifestaciones de la impunidad. En un estudio sobre el tema, el proyecto Colombia Nunca Más[4] ha clasificado estos mecanismos en cuatro grupos: en primer lugar se encuentran los mecanismos de derecho, que corresponden a todos aquellos ámbitos de encubrimiento expresados en normas jurídicas, así como en la forma como transitan las investigaciones y los procesos judiciales (penales, disciplinarios y administrativos).
 
En un segundo grupo encontramos los mecanismos de hecho, dirigidos al encubrimiento del crimen desde el momento de la comisión del delito, y que buscan garantizar que los casos no se investiguen, o que se desvíen las investigaciones; un ejemplo que da cuenta de este grupo es la alteración de la escena del crimen, o el hecho de simular un combate, entre otros.
 
En tercer lugar aparecen los mecanismos de tipo político orquestados desde la superestructura estatal y que buscan ante todo la congelación de las acciones que emprende el Estado, y la neutralización de víctimas y organismos de derechos humanos que intervienen.
 
Existen por último mecanismos sociales para garantizar la impunidad basados en medios visibles de la sociedad para desmentir, ignorar o acallar la comisión de dichos crímenes. Un buen ejemplo de estos es el obrar de los medios de comunicación cuando actúan como replicadores de la voluntad estatal, señalando públicamente a la víctima de un crimen de lesa humanidad como perteneciente a un grupo subversivo, o cuando se atribuye la responsabilidad del Estado a grupos ilegales, entre otros. Cumple similar función la justificación social de la práctica de estos crímenes que atribuye responsabilidad a la víctima y no a los autores, en tanto dicen: “por algo sería”, “seguro que algo hicieron”.
 
 
Liliana Uribe Tirado

 

Corporación Jurídica Libertad


[1] Javier Giraldo S. J., Consecuencias jurídicas y políticas de la impunidad, 1997. Disponible en
http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article52
 
[2] Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia Paniagua Morales y otros, párr.
173, y sentencia de reparaciones Loaiza Tamayo, párr. 168 y 170.
[3] Javier Giraldo S.J., Consecuencias jurídicas y políticas de la impunidad, ob. cit.
[4] El Proyecto Colombia Nunca Más es un proceso iniciado por varias organizaciones sociales y
de derechos humanos, convocado a nivel nacional y realizado por numerosas organizaciones
sindicales, campesinas, comunitarias, eclesiales, culturales, etc., de carácter local, regional y
nacional, que se fueron articulando a través de los equipos de trabajo que se conformaron
en diferentes regiones. Durante este tiempo ha documentado información de más de 41.000
víctimas de torturas, desaparición forzada o ejecución extrajudicial en todo el país. Disponible
en http://www.colombianuncamas.org/


Comunicaciones CJL
Julio 12 de 2010


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