La programación continuará el sábado, cuando la delegación que encabeza el Relator Especial se desplace hasta el municipio de Puerto Berrío, donde también compartirá con miembros de la sociedad civil y muy posiblemente, con altos mandos de las Fuerzas Militares.

Será la primera vez desde 1995 que un representante de Naciones Unidas para el tema de ejecuciones extrajudiciales visite el departamento, hecho que ha generado gran expectativa entre organizaciones defensoras de Derechos Humanos, víctimas y autoridades.

Visita anunciada

¿Y qué encontrará el Relator Especial en su visita? Diversos analistas consideran que los hallazgos no serán nada alentadores, toda vez que Antioquia continúa liderando las estadísticas de casos de ejecuciones extrajudiciales, la justicia no muestra resultados significativos y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional poco han incidido en la reducción de este fenómeno.

Al respecto, el más reciente informe de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Colombia señala que en este departamento se presentaron 220 casos de muertes violentas de civiles atribuibles a miembros de la Fuerza Pública, seguido por el Meta, con 115 casos.

No obstante, la Corporación Jurídica Libertad, organización no gubernamental de la ciudad de Medellín que adelanta acompañamiento jurídico a los familiares de víctimas de esta práctica, señala que este triste liderazgo viene desde años atrás.

Según esta Corporación, entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2008 se cometieron en Antioquia 504 ejecuciones extrajudiciales, siendo el Oriente, con 242 casos y el Valle de Aburrá, incluida la capital Medellín, con 110 casos, las subregiones donde más se cometieron crímenes de esta naturaleza.

Entre las guarniciones militares sindicadas de ser responsables de estos hechos aparecen, en mayor medida, el Batallón de Artillería No. 4, Coronel Jorge Eduardo Sánchez (Bajes), y la Organización Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (Afeur), ambos adscritos a la IV Brigada del Ejército con sede en Medellín.

Curiosamente, tanto el Bajes como el Afeur participaron activamente en importantes operaciones contrainsurgentes adelantadas en territorio antioqueño entre el 2002 y el 2006. Tropas del Bajes, por ejemplo, adelantaron las operaciones Marcial, Mariscal y Meteoro (2003), las cuales buscaban recuperar el Oriente antioqueño de la presencia del frente Carlos Alirio Buitrago del ELN y los frentes 37 y 47 de las FARC.

En el caso del Afeur, un importante número de efectivos de esta fuerza especial participó en el desarrollo de la recordada Operación Orión, con la que se expulsó a milicias de las FARC, ELN y Comandos Armados del Pueblo (CAP) de la comuna 13 de Medellín.

Impunidad latente

Pero si el panorama es oscuro en cuanto al número de casos denunciados y documentados, los defensores de Derechos Humanos consideran que en materia de justicia el Relator Especial tampoco encontrará mayores avances.

De las 504 ejecuciones extrajudiciales registradas por la Corporación Jurídica Libertad, en siete se han dictado sentencias administrativas, donde el Estado reconoce su responsabilidad en la muerte de personas protegidas y se compromete a indemnizar a las víctimas, y sólo en una se ha dictado sentencia condenatoria.

En este último caso se hace referencia a la sentencia proferida por el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia contra dos sub-oficiales y tres soldados profesionales adscritos al batallón Juan del Corral, quienes fueron condenados a 34 años de prisión por el asesinato de Juan de Jesús Rendón Alzate, ocurrido el 23 de abril de 2004 en la vereda Arenillal del municipio de Sonsón.

A lo largo del proceso, el Juez demostró que Juan de Jesús fue retenido por los soldados luego de que este se mostrara nervioso por la presencia de los militares en la zona. Sin mediar ningún procedimiento, los uniformados torturaron y asesinaron al labriego, quien además estaba en presencia de su hijo de 10 años, Aal que amenazaron de muerte.

Los abogados de esta Corporación esperan que se ratifique en segunda instancia la condena contra nueve militares pertenecientes al Batallón Pedro Nel Ospina, emitida por el Juez Penal del Circuito de El Santuario por la muerte de Nelson Ceballos Arias y Yesica Marcela Giraldo, en hechos perpetrados el 13 de julio de 2003.

El relato de los hechos dice que en junio de ese año, los soldados allanaron ilegalmente la casa de la familia Quintero Giraldo, ubicada en la vereda la Merced del Municipio de Granada. Los soldados se llevaron una foto de Yesica y su novio Nelson, sin dar explicaciones de su proceder.

Un mes después, el 13 de julio de 2003, los soldados ingresaron a la vivienda de Nelson Ceballos, ubicada en la misma vereda, y lo sacaron a la fuerza junto con su novia, que se encontraba en el lugar en ese momento. Minutos después fueron asesinados y sus cuerpos transportados por el Ejército, en un vehículo de servicio público, hasta la vereda El Chocó, municipio de San Carlos, oriente de Antioquia, donde fueron llevados hasta la sede la IV Brigada en Medellín y presentados como integrantes del ELN.

Aunque en estos dos casos se logró el esclarecimiento de los hechos, los juristas consideran que aún falta mucho camino por recorrer. “¿Cómo es posible que desde el 2002 sólo haya en firme una sola sentencia condenatoria? Eso es una estadística muy desalentadora”, dice Mónica Sánchez, abogada de la Corporación.

Directiva nefasta

Lo que más preocupa a activistas de derechos humanos, funcionarios de órganos de control y algún sector de la clase dirigente es que mientras no se derogue la Directiva Ministerial 029 del 17 de noviembre de 2005, el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales no disminuirá.

Y así se lo harán saber al Relator Especial en sus consultas. “Las medidas que se han tomado siguen siendo paños de agua tibia. En muchas ocasiones sólo tienden a mejorar la imagen del Ejército hacia la comunidad internacional pero no solucionan el problema. Mientras la directiva 029 continúe vigente, el mal llamado fenómeno de falsos positivos va a persistir”, declara Jorge Mejía, ex secretario de gobierno del Departamento, quien precisamente lideró en el 2004 la conformación del Comité Interinstitucional de Derechos Humanos para adelantar investigaciones sobre casos de ejecuciones extrajudiciales.

Como se recordará, la Directiva fue promulgada por el entonces ministro de la Defensa, Camilo Ospina, y en ella se reglamentaba el otorgamiento de estímulos económicos por los resultados militares contra la guerrilla. A juicio de Mejía, dichos incentivos, entre los que también se cuentan ascensos, permisos especiales, entre otros, desencadenó esta práctica atroz contra la población civil.

De hecho, un informe elaborado entre los años 2006 y 2007 por el Comité Interinstitucional, con el que se buscaba caracterizar este fenómeno y conocido por la Agencia de Prensa IPC, encontró que el origen de las ejecuciones extrajudiciales estaba en el “body count”; es decir, presentar el mayor número de bajas para certificar que la guerra contra la insurgencia se estaba ganando y para recibir toda clase de prebendas.

Pero además, el informe concluye que la razón de las muertes de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) bajo el principio de distinción, estaba relacionada con una persecución ideológica, política, étnica y religiosa.

El documento final, que fue vetado por varias instituciones estatales, entre ellas la Fiscalía General de la Nación, sirvió de base para la expedición de la Directiva Ministerial 010 de 2007, firmada por el hasta hace poco ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos.

Con esta directiva, se da la creación de un comité de seguimiento para casos de ejecuciones extrajudiciales y se determina que denuncias que impliquen violación a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario por parte de miembros del Ejército, se trasladen a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General.

La medida, que en su momento fue bien recibida porque suponía el traslado de las investigaciones de la Justicia Penal Militar a la Justicia Ordinaria, no ha resultado tan efectiva como se esperaba y hoy, tiene más críticos que defensores.

La razón: los militares siguen siendo los primeros en asistir a la escena del crimen y a juicio de apoderados de victimas de estas prácticas, la actitud de la justicia ordinaria deja mucho que desear.

“Los procesos son muy lentos, las pruebas técnicas siguen siendo muy incipientes, las valoraciones de los fiscales son muy alejadas del derecho; hoy por hoy, no fue ninguna ganancia que los casos hayan llegado a la justicia ordinaria. La justicia debería estar haciendo más”, señala la abogada Mónica Sánchez.

Pero si la actitud de la justicia ordinaria deja mucho que desear entre los activistas, no lo es menos la voluntad política de las autoridades departamentales para hacerle seguimiento a esta práctica.

“La actual Administración Departamental cree que no existen problemas de derechos humanos que impliquen la coordinación de acciones interinstitucionales; por ello, el Comité que se había creado para analizar casos como de ejecuciones extrajudiciales, prácticamente se acabó. Hoy, la recepción de quejas sobre violaciones de derechos humanos ha perdido visibilización”, sentencia el ex – secretario de Gobierno.


Artículo elaborado en alianza con la Corporación Jurídica Libertad
Agencia de Prensa IPC
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