x434812 161237 1.jpg.pagespeed.ic.hAnirLyaVh                                                     Foto: Tomada de la web/ Revista Semana

Las víctimas de crímenes de Estado y sus representantes en los procesos penales y administrativos que se adelantan ante los Juzgados de Descongestión, expresamos nuestra preocupación por la situación actual de estos Despachos judiciales dadas las condiciones de incertidumbre en la que se encuentran los mismos, ya que allí reposa un número significativo de procesos que investigan los hechos victimizantes cometidos por la fuerza pública.

Durante el año 2015 han sido reiteradas las ocasiones en las que los Juzgados de Descongestión se han visto conminados a cancelar las diligencias judiciales programadas con días e incluso meses de antelación, toda vez que el Consejo Superior de la Judicatura, en actuaciones de improvisación administrativa, ha decidido no prorrogar las actividades de estos Despachos, viéndose obligado a hacerlo en los días posteriores a su respuesta negativa.

Hoy 1 de diciembre de 2015, la descongestión judicial nuevamente ha cesado sus actividades debido al acuerdo emitido por parte del Consejo Superior de la Judicatura dirigido a no prorrogar las actividades los Despachos Judiciales de Descongestión.

Esta situación se traduce en una dilación dentro de los procesos en los que las víctimas de crímenes de Estado ven medianamente resarcidos sus derechos, nuevamente las diligencias se han cancelado, el aparato de justicia se hace más lento en sus actuaciones y los funcionarios de los Despachos de descongestión se ven afectados con la inestabilidad laboral que han sufrido mes tras mes a la espera de ser nombrados en permanencia, sin que hasta el momento se defina el futuro de estos Juzgados que llevan consigo el impulso de los procesos donde se busca esclarecer lo ocurrido alrededor de las ejecuciones extrajudiciales en Antioquia.

Las víctimas de ejecuciones extrajudiciales llevan más de diez años esperando se materialicen sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, sin embargo, por causa de la gran congestión que ha experimentado la rama judicial durante todos estos años, la gran mayoría de las víctimas de esta grave violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, no han visto materializados los derechos que les deben ser reconocidos.

La Constituyente de 1991, el legislador colombiano y la amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana han consagrado una justicia que debe obedecer a los principios de dignidad, igualdad, imparcialidad, inmediación, Juez natural y celeridad, dirigidos a la materialización de los derechos de las víctimas, sin embargo, la directriz adoptada el día de hoy consistió en cancelar las diligencias, o como medida alternativa, trasladar las diligencias a otros Despachos judiciales que nunca tuvieron contacto con la prueba recolectada en el proceso, generando incluso nulidades procesales en las actuaciones que se lleven a cabo.

Los a acceder a la Justicia y de conocer la verdad, no se constituyen como garantías itinerantes que se vean determinadas, y más grave aún limitadas por decisiones coyunturales administrativas encaminadas a violentar los derechos fundamentales de las víctimas.

Todas estas actuaciones administrativas por parte del Consejo Superior de la Judicatura colombiana no hacen más que revictimizar a las personas que han sufrido afectaciones por parte del Estado Colombiano, sin mencionar el millar de ciudadanos que se encuentran a la espera que se defina su futuro en estos estrados judiciales.

Las víctimas de crímenes de Estado exigen a la justicia colombiana que evidencie muestras de su compromiso con las garantías que acompañan a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, sus decisiones deben armonizarse con el contexto actual de un posible acuerdo de superación de las hostilidades entre las FARC-EP y el Estado colombiano, asumiendo que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral deben ser garantías que no dan lugar a ser cercenadas por estas cuestionables decisiones.

 

 

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