Op._Mariscal_1Durante doce horas y media, el 21 de mayo de 2002, la Comuna 13 de Medellín padeció el inicio de la denominada Operación Mariscal, un operativo militar que para la comunidad de esta zona marginada significó una operación terror debido al alto número de víctimas, atropellos y arbitrariedades que se cometieron por parte de la Fuerza Pública durante el desarrollo de esta incursión.

Antecedentes

 

Tanto en la Comuna 13 como en otras periferias de la ciudad, desde hace varias décadas han existido problemas de confrontación armada entre diferentes actores que buscan el control político y territorial. La zona ha sido históricamente disputada por bandas de delincuencia común, milicias, paramilitares y Fuerza Pública, pero el nivel de confrontación nunca había alcanzado tal magnitud como la que adquirió a partir de 1999.

Desde la década de los 80 diferentes grupos de milicias tuvieron presencia en la zona. Allí operaron las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo (MPP) y también ejercieron influencia grupos del ELN; en febrero de 1996 se fundaron los Comandos Armados del Pueblo (CAP), una milicia que tuvo como principal escenario de desarrollo los barrios de la Comuna 13; posteriormente, y con el escalonamiento de la guerra, entraron al escenario milicias de las FARC, que junto a los CAP y el ELN enfrentaron la arremetida de los grupos paramilitares y organismos militares que empezaban a incursionar en la zona. Ya para el final de los 90, la Comuna 13 representaba el último bastión de resistencia de las milicias en la ciudad de Medellín.

Los paramilitares, por su parte, finalizando la década de los 80 e inicios de los 90, sembraron el terror con los denominados “Escuadrones de la Muerte”. Así mismo y durante la gobernación de Álvaro Uribe, en Medellín surgieron las Convivir, cooperativas de seguridad que operaron legalmente hasta 1999, y que pretendían institucionalizar de cierta forma el paramilitarismo, cumpliendo un papel relevante en el creciente desarrollo de las AUC en la ciudad.

Es en 1999, con el respaldo de instituciones del Estado, que los paramilitares se desarrollan y consolidan en los límites de la parte sur de la Comuna 13. De acuerdo con el periodista Ricardo Aricapa, inicialmente ocuparon la zona rural de Aguas Frías y los corregimientos San Antonio de Prado y Altavista y desde allí pasaron al barrio El Corazón, lugar desde donde incursionaron a los barrios Belencito, Betania y Villa Laura[1].

Una de las tácticas que los paramilitares utilizaron para penetrar en la Comuna, además de la aquiescencia del Estado, fue cooptar pandillas y bandas delincuenciales al servicio del narcotráfico y que no simpatizaban con el proyecto miliciano. Encontraron aliados principalmente en bandas de Belencito, Antonio Nariño, El Socorro, La Pradera, El Coco (sector de Santa Rosa de Lima) y El Pesebre, entre otras. Durante casi dos años los paramilitares trataron de entrar a la Comuna y desarticular los procesos organizativos barriales que se desarrollaron allí y que cuestionaban el modelo de ciudad y de desarrollo impuestos por el Estado, pero sus ataques por sí solos fueron infructuosos, fue necesaria la intervención conjunta de todas las Fuerzas armadas de Estado: Ejército, Policía, DAS, CTI, y personal de la Fiscalía, entre otros, para que ellos pudieran tomar posesión de la Comuna.

Durante el trascurso de 2002, fueron necesarios 17 operativos militares para tomarse la Comuna La Operación Mariscal constituyó la primera incursión militar de gran envergadura
en la zona y la que más víctimas y terror dejó en la población civil hasta esa fecha. Durante ese mismo año ya se habían llevado a cabo otras seis operaciones militares[2], cuyos resultados fueron cientos de casos de retenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, heridos y asesinatos, y nuevamente, ese 21 de mayo del 2002, la bota militar arremetió indiscriminadamente contra la población, sembrando el terror e institucionalizando la violencia en cuatro barrios de la Comuna 13.

En la madrugada de ese día, pasadas las 3 de la mañana, alrededor de mil efectivos de la Policía, el Ejército, el DAS, el CTI y la Fuerza Aérea Colombiana, con presencia de personal de la Fiscalía, incursionaron con tanques de guerra y helicópteros artillados en los barrios 20 de Julio, El Salado, Las Independencias y Nuevos Conquistadores.

De acuerdo con las denuncias recogidas por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Justicia Política del CINEP y Justicia y Paz[3], una de las primeras acciones que ejecutaron los militares fue la destrucción de un transformador de energía para cortar el suministro a la población, generando de esta forma terror y desconcierto, de ahí en adelante la Fuerza Pública atacó indiscriminadamente a la población civil, dejando varias personas heridas al interior de sus casas en el transcurso de la madrugada.

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Al amanecer, habitantes del barrio salieron a ondear sábanas y trapos blancos para pedir alto al fuego y poder auxiliar a los heridos, pero los uniformados respondieron con ráfagas al aire y disparos en su contra, hiriendo a varias personas tal como sucedió en los alrededores de la escuela El Refugio, donde el menor de edad Alirio Lerna Gómez, de 17 años de edad, fue alcanzado por un proyectil disparado por la Policía.

Las Fuerzas Militares instalaron el comando operativo cerca de la puerta de la Unidad Intermedia de San Javier, violando una prohibición del Derecho Internacional Humanitario. El hospital se convirtió entonces en trinchera de combate para los uniformados, desde donde disparaban indiscriminadamente a lo que se moviera en el barrio.

Algunas personas de la comunidad, desafiando el ataque de la Fuerza Pública, lograron socorrer a varios de los heridos y llevarlos por sus medios hasta el puesto de salud pero, una vez allí, varias personas fueron agredidas y retenidas bajo la acusación de ser milicianos.

Según lo relata una enfermera que estaba de turno durante el operativo, dentro de la unidad hospitalaria “había gente del CTI, la Fiscalía, el Ejército y policías de civil, abrían las cortinas y se asomaban a todas partes”. Los uniformados, con lista en mano, retenían a los heridos aunque estuvieran en estado de gravedad, los interrogaban, les tomaban las huellas digitales o les hacían la prueba del “guantelazo”[4], y ante cualquier reclamo de la misión médica, los profesionales de la salud eran acusados de obstaculizar la labor judicial[5].

Durante esas doce horas y media, la población de la Comuna fue víctima de la vulneración de sus derechos de diversas formas y el resultado fue de 55 detenciones arbitrarias, 37 heridos y 9 víctimas mortales: Jorge Alexander Bustamante, Juan David Vargas Pemberty, Luis Fernando Cardona, María Isabel Jaramillo Giraldo, Marta Janeth Correa, Martha Cecilia Corpia, Wbeimar Zea Rojas, Wilmar Alfredo Muñoz y Yiseth Adriana Tascón Olarte, entre estas se encontraban 4 menores de edad y dos amas de casa.

Sin embargo, la barbarie cometida durante la operación Mariscal no fue suficiente y tres días después, el 30 de mayo, el Ejército Nacional asesinó a cinco niños en el barrio Olaya Herrera, quienes posteriormente fueron vestidos con prendas militares y presentados como miembros de las milicias muertos en combate.

El terror de Mariscal en la impunidad

 

Pese a la cantidad de violaciones del ordenamiento constitucional y del Derecho Internacional Humanitario que cometieron los miembros de la Fuerza Pública durante la operación Mariscal, hasta la fecha solo se han sancionado a dos miembros de la Policía Nacional y se ha condenado al Estado por la muerte de Martha Janeth Correa Murillo.

La primera fue mediante fallo de única instancia, emitido el 9 de noviembre de 2006. Por omisión en el cumplimiento de sus funciones y la consecuente infracción al Derecho Internacional Humanitario, se destituyó e inhabilitó de sus cargos, por cinco años, al entonces comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general José Leonardo Gallego Castrillón y al subcomandante operativo, coronel Álvaro Botero Mejía[6].

La segunda fue el 21 de julio de 2009, cuando el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito condenó a la Nación por la muerte de la señora Martha Janeth Correa Murillo, ocurrida durante la operación Mariscal. La condena fue el pago de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al esposo y a cada uno de los hijos de la señora asesinada por concepto de perjuicios morales[7].

Pese a lo irrisorio de las sanciones, y a que el cien por ciento de los asesinatos y la mayoría de los heridos fueron civiles, afectados por las ejecuciones extrajudiciales y las ráfagas indiscriminadas de la Fuerza Pública, y aunque las declaraciones de varios ex jefes paramilitares reconocen la operatividad conjunta entre éstos y la Fuerza Pública para tomarse la Comuna 13, a diez años de los hechos, las víctimas de estos crímenes siguen exigiendo la  justicia que todavía no llega y los implicados que son el comandante en ese entonces de la IV Brigada del Ejército, general Mario Montoya Uribe; el director Seccional del DAS, Emiro Rojas Granados; el director Seccional del CTI de la Fiscalía, Oscar Castellanos Prada; aún se encuentran gozando de la impunidad.



[1] Aricapa, Ricardo, Comuna 13: crónica de una guerra urbana, Editorial Universidad de Antioquia, 2007,  Pág. 81.

[2] Operación Primavera, primera semana de febrero de 2002; Otoño N  º 1, del 24 al 26 de febrero; Contrafuego, 29 de febrero (dos días después); Otoño Nº 2, el 7 y 8 de marzo; Marfil, marzo; Águila, el 17 de abril.

[3] Revista Noche y Niebla: Panorama de Derechos Humanos y Violencia Política en Colombia. Caso Tipo No. 2., Banco de Datos de derechos humanos y violencia política del Cinep y Justicia y paz, 2003, Pág. 14-19.

[4] Prueba que le hacen las autoridades a un individuo para saber si ha disparado un arma poco tiempo antes, esto se deduce de los residuos de pólvora que se detecten en la mano.

[5] Aricapa, Ricardo, Comuna 13: crónica de una guerra urbana, Editorial Universidad de Antioquia, 2007,  Pág. 143.

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