De nuevo una decisión de la Sala Mayoritaria de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, suscita enconados debates públicos, los cuales la mayoría de las veces centran el análisis en la compulsa de copias que se hace a distintos funcionarios estatales  que por acción u omisión favorecieron la génesis, consolidación y desarrollo  del proyecto paramilitar.

Estos apasionados análisis no ven más allá de mezquinos intereses políticos y evaden centrar el escrutinio de la sentencia objeto de análisis, en la piedra angular de la misma, que pone en el centro de la discusión el debate sobre el paramilitarismo, que va más allá de una decisión judicial.

Es claro que para la Sala Mayoritaria el paramilitarismo como modelo de control social y territorial es expresión de una política de Estado impulsada desde la década de los años sesenta, con la implementación de la doctrina de la seguridad nacional, considerándose desde esta época como enemigos internos los sectores sociales y populares que manifestaban su disenso con políticas gubernamentales.

Por eso se sostiene en la sentencia proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín del pasado veinticuatro (24) de septiembre  que:

“El surgimiento y expansión de los grupos paramilitares, a diferencia de lo que se ha sostenido en muchos sectores, no obedece a la ausencia del Estado en amplias zonas de la geografía nacional, ni se explica por esa causa. Por el contrario, nacieron y crecieron allí donde había presencia del Estado y de las Fuerzas Militares y de la mano de éstas. En Medellín, en el Magdalena Medio, en Urabá, en el Bajo Cauca, en el norte y el nordeste, en Córdoba y, en fin, donde quiera que surgieron y por donde quiera que pasaron habían brigadas y batallones del ejército y comandos de policía para garantizar la seguridad”.

La voz discordante frente a la decisión objeto de valoración, ha sostenido que el paramilitarismo es la respuesta legítima a los desafueros de la insurgencia por parte de distintos sectores de la sociedad colombiana, que conminados por la ausencia de estado se vieron compelidos a organizar grupos armados para preservar sus intereses; así en la Sentencia proferida contra integrantes del Bloque Elmer Cárdenas el día veintisiete (27) de agosto de la pasada anualidad expresó que:

(…)  algunos individuos reflexionaran sobre la necesidad de crear grupos armados que pudieran hacer frente a los constantes ataques de los cuales venían siendo víctimas por parte de los grupos conocidos como de “izquierda‟; y es que dichos ciudadanos veían con impotencia como esas agrupaciones insurgentes pisoteaban sus derechos con sus innumerables incursiones sin que se presentara una respuesta oportuna del aparato estatal.

Esa omisión o falta de respuesta sistemática desde el punto de vista legal, fue la que finalmente ocasionó como se viene narrando, que equivocada e ilícitamente comerciantes, terratenientes, bananeros, ganaderos y demás afectados unieran fuerzas creando grupos armados privados con la finalidad de defender sus propiedades, bienes, oponiéndose de esta manera al dominio que por años ejercieron los grupos guerrilleros, buscando la erradicación de estos subversivos en todas sus expresiones.

Para sostener que  el paramilitarismo obedeció a una política de Estado impulsada desde los años sesenta, debemos decir que la vinculación de la población civil al conflicto tuvo su mayor auge con la promoción de las Convivir, las cuales a pesar de tener un respaldo legal y ser profusamente impulsadas desde la Gobernación de Antioquia, fueron el instrumento mediante el cual las estructuras paramilitares lograron su mayor auge y consolidación.

Valga recordar que el impulso de las Convivir fue rebatido por distintos sectores de opinión tanta nacionales como internacionales, que advertían sobre el riesgo de involucrar a la población civil al conflicto y de atomizar el monopolio estatal de las armas en particulares, cuestionamientos que fueron desestimados por la administración regional de Antioquia, la cual consideró como aliados de las guerrillas a quienes objetaban la creación de las “cooperativas” de vigilancia.

Estos cuestionamientos fueron refrendados años después en distintos escenarios políticos y jurídicos donde se pudo develar que las Convivir fueron fundamentales en la consolidación del proyecto paramilitar y que algunas de estas asociaciones de vigilancia fueron el mecanismo mediante el cual distintos sectores económicos encubrieron sus aportes a las estructuras paraestatales.

Sobre este tópico sostuvo la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, el día treinta (30) de octubre de 2013 en la Sentencia proferida contra el postulado Hébert Veloza García que:      

“Una fase siguiente inicia hacia 1994, y durará hasta finales de los noventa, en el cual las autodefensas aceptadas en la práctica mediante la aprobación de las cooperativas de seguridad Convivir, que si bien fueron promovidas legalmente por el orden nacional, sufrieron de una extrema laxitud en su regulación, de tal forma que en su implementación se generaron desvíos hacia formas claras y abiertas de carácter paramilitar y a estructuras que luego serían aprovechadas por el proyecto ideológico paramilitar para su expansión. Esta fase se puede denominar como Autodefensas y seguridad privatizada de carácter paramilitar legalizadas en un contexto de alto apoyo regional y crecimiento acelerado (1994-1998)”

Según esta instancia judicial la desactivación del paramilitarismo coincide con el advenimiento a la presidencia de quien promovió la política de seguridad democrática, que condujo a que el establecimiento procurara la institucionalización del paramilitarismo, mediante un modelo de transacción entre aliados y la implementación de un modelo de pretendida justicia transicional.

“Finalmente, se puede plantear una fase de desmonte gradual del paramilitarismo, donde la Fuerza Pública recupera la autonomía y busca detentar el monopolio del uso de las armas, que es precepto constitucional, combatiendo a las guerrillas y negociando con los grupos paramilitares para su proceso de desarme y desmovilización. (negrillas fuera del texto original)”.

Valga recordar que la  política de seguridad democrática tuvo su inauguración con el desarrollo de la Operación Orión, acción militar que se presentó como la recuperación a sangre y fuego del monopolio de las armas por parte del Estado en la Comuna Trece de la ciudad de Medellín, pero que con el tiempo se develó fue la entrega por parte de la institucionalidad del control social y territorial de este sector de la ciudad de Medellín a las estructuras del Bloque Cacique Nutibara, concertada con los consejeros de seguridad de la presidencia Pedro Juan Moreno y Miguel Ángel Narváez y los generales para la época de la IV Brigada Mario Montoya y el Coronel Leonardo Gallego de la Policía Metropolitana.

Somos conscientes que este debate va más allá de la evasión pendenciera que del mismo hace un expresidente y sus áulicos, el mismo no se saldará en un escenario jurídico como el de justicia y paz, donde la intervención de las víctimas ha sido limitada y donde se ha inferido que su único interés en el proceso es pecuniario y no se les ha tenido en cuenta en la construcción de los contextos y patrones de criminalidad que presenta la Fiscalía ante las Salas de Conocimiento de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores para recrear la historia del paramilitarismo en Colombia.

Esperamos que sea una Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz los escenarios donde las víctimas puedan hacerse escuchar para demostrar que efectivamente el paramilitarismo fue una política de Estado destinada a preservar el statu quo e imponer un modelo económico y político extractivista y excluyente.

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