Comunicación pública del Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

 Pie_de_fuerzaLa Coordinación Colombia Europa Estados Unidos es una plataforma de carácter nacional que promueve la defensa y el respeto por los Derechos Humanos; en Antioquia diversas organizaciones participan de este espacio social, y en esta ocasión decidimos pronunciarnos respecto al tema de seguridad y Derechos Humanos presentado por la Administración Municipal de la ciudad de Medellín, en el Acuerdo de Plan de Desarrollo 2012-2015.

 Es importante anotar que en la lectura realizada a la línea 1 del Plan de Desarrollo denominada Ciudad que respeta, valora y protege la vida, el diagnóstico sobre seguridad, Derechos Humanos y convivencia es débil, en tanto no reconoce la existencia de un conflicto armado en el país que incide en las dinámicas de violencia de Medellín, y el cual ya fue aceptado por el actual gobierno nacional. En esta misma línea, las propuestas siguen siendo del orden coercitivo bajo la concepción securitaria.

En tal sentido es sumamente preocupante reducir el tema de seguridad a una problemática de falta de control efectivo del territorio por parte de autoridades policiales y judiciales, y continuar con las propuestas de aumento de infraestructura y pie de fuerza como única salida para el tema de violencia en la ciudad, máxime cuando estas formas tradicionales de enfrentar dicha problemáticas han demostrado ser insuficientes y, en muchos casos, han agudizado la violación de Derechos Humanos, ejemplo de ello es la Operación Orión desarrollada en la Comuna 13.

En el proyecto de Acuerdo del Plan se menciona la “existencia de diversas modalidades delictivas, que se disputan el territorio buscando el control de rentas ilegales producto de la extorsión y distintas modalidades de tráfico de drogas y armas, sumado a otras actividades y fenómenos (delitos contra la propiedad, secuestro, extorsión, homicidios)”, además de reconocer que este “no es un fenómeno aislado del conflicto metropolitano, regional y nacional. En tanto “los actores armados (…) son los mismos que se disputan las rentas criminales en toda Colombia”. Si bien esto es real, en ninguna parte del diagnóstico se aborda la forma en que estas estructuras delincuenciales intervienen en las comunas y corregimientos, así como tampoco se da cuenta del modo en que ingresan al circuito económico legal el producto de sus rentas ilegales y la forma como impactan el tejido social, la institucionalidad y los organismos de seguridad y justicia, y mucho menos expresa cuáles son las medidas que van tomarse al respecto.

Se mantiene una visión errada que ubica la relación entre violencia organizada criminal y sociedad legal como una relación unidireccional en el caso de Medellín. Lo que ha estado cada vez más claro es que esa relación es multidireccional, no es que lo legal siempre sea copado por la ilegalidad, ya que hay sectores de la legalidad que buscan a la ilegalidad para generar rentas y poder político”[1].

En la ciudad se debe dar una discusión sobre parapolítica, cooptación de organizaciones sociales, la incidencia de los grupos armados en las elecciones y esto no aparece en el Plan, ni como problemática y mucho menos como propuesta, se ve como si el problema fuera una disputa de delincuentes por el narcotráfico, lo que invisibiliza que estamos hablando de un fenómeno de criminalidad más complejo.

Otro tema importante es el de la institucionalidad, qué pasa con la Fuerza Pública y la Fiscalía, hay lugares donde estas instituciones son cuestionadas y señaladas de ser parte de los actores criminales, representando una amenaza a los Derechos Humanos, a la seguridad y a la convivencia, por eso es necesario poner una meta clara de depuración de la corrupción en estas instancias, investigando y sancionando a los responsables. En materia de institucionalidad pública se exige a toda la Administración y en especial a la nueva Secretaría de Seguridad, que se trabaje el concepto seguridad humana y la garantía de los Derechos Humanos traspasando la visión reduccionista de la protección de la vida que deja de lado asuntos fundamentales como la salud, la educación, la participación, el empleo, entre otros.

De igual manera exigimos que el personal que ingrese a la Secretaría de Seguridad y a sus dependencias no hayan tenido nexos con el paramilitarismo, no hayan sido juzgados por violacionesPie_de_fuerza_2 de Derechos Humanos y que no hayan pertenecido al DAS teniendo en cuenta la labor de persecución y hostigamiento que esta entidad desarrolló contra defensores, magistrados, abogados y ciudadanos y ciudadanas. Exigimos que la política de seguridad para la ciudad que se piensa construir sea discutida de manera amplia, democrática y con participación de la ciudadanía.

En materia de Derechos Humanos, es importante señalar los datos que presenta la Personería de Medellín, que establecen que durante los años 2008-2011 en la ciudad hubo un total de 6.903 muertos. La comuna con mayor índice de homicidios fue la Comuna 13, territorio que cuenta con el mayor pie de fuerza por metro cuadrado de América Latina, el total de asesinados fue de: 751 personas. Otras comunas que también cuentan con pie de fuerza y que presentan graves violaciones al derecho a la vida son la comuna 10, la comuna 3 y la comuna 12 de Octubre.

La Personería destacó en su informe de diciembre de 2011, que “se mantiene el control armado, intimidatorio y extorsivo de los aproximadamente 250 grupos armados ilegales de la ciudad”, que pertenecen a alguna de las estructuras ilegales. Esta confrontación de estructuras paramilitares en la ciudad ha llevado a un desplazamiento intraurbano masivo, entre 1998 y enero de 2012, 232.989 personas fueron desplazadas, es decir 57.551 familias, han sido víctimas de la violencia, esto según datos de la Unidad de Administrativa de Atención y Reparación Integral a las Víctimas[i] (antigua Acción Social).

Se resalta que a nivel de ciudad solo en el año 2011, 9.841 personas debieron abandonar sus viviendas por el conflicto armado en la ciudad. (Informe de personería de Medellín 7 de febrero de 2012).

En el caso de desapariciones,en el 2011 se reportaron alrededor de 755 casos, de los cuales 51 se presumen por los móviles, corresponden a desapariciones forzadas (Informe del Colombiano febrero de 2012). 250 personas aparecieron, 30 personas fueron asesinadas y en más de 400 casos, no se tiene información.

En este marco de graves violaciones a los Derechos Humanos, destacamos las agresiones contra defensores y defensoras de Derechos Humanos llevados a cabo durante el año 2011 en el Valle de Abura; las modalidades principales de vulneración al derecho a defender los Derechos Humanos en esta subregión son las amenazas individuales y colectivas y los asesinatos. Durante este periodo, en el Área Metropolitana se registraron por lo menos 113 agresiones contra defensoras y defensores, 95 fueron individuales y 18 colectivas.

Cada hecho ha sido denunciado ante las autoridades competentes y en algunos casos se han iniciado los correspondientes procesos penales y disciplinarios; todos se encuentran en etapa de instrucción sin resultados positivos. En tal sentido es sumamente grave el silencio que han guardado las diferentes Administraciones de la ciudad sobre este tema, en tanto no se ha respaldado la labor de las y los defensores de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales, los cuales realizan una actividad legal y legítima.

Finalmente demandamos de la Administración Municipal:

  1. Una mirada de ciudad bajo la premisa de que existe un conflicto armado que incide en las dinámicas de violencia de la ciudad, para así desarrollar programas integrales en el tema de seguridad y Derechos Humanos. En tal sentido la Alcaldía debe reconocer públicamente la grave situación de violencia que padece Medellín y no descalificar las denuncias que al respecto realizan organizaciones sociales, entes del Estado y comunidad en general.
  2. Trascender el enfoque que asume la seguridad como simples problemas de orden público y deja de lado las necesidades a los ciudadanos, asumiendo como un enfoque válido y necesario para la ciudad la seguridad humana y la garantía de los Derechos Humanos.
  3. Invertir más en las demandas sociales que en infraestructura y pie de fuerza.
  4. Rechazamos la postura del Concejal Jesús Aníbal Echeverry de construir un CAI al interior de la Universidad de Antioquia aludiendo razones de seguridad, lo que infringe el Derecho Internacional Humanitario y cierra las puertas al debate público y democrático que se debe desarrollar en la construcción de soluciones a la situación del Alma Mater.
  5. Diseñar políticas claras que apunten a la eliminación de la criminalidad y a la depuración de la corrupción en las instituciones (policía, fiscalía etc.).
  6. Consideramos fundamental que la construcción de la política pública de seguridad cuente con la incidencia de las comunidades y de las organizaciones sociales en un debate abierto y profundo.
  7. Demandamos un compromiso de parte de la Alcaldía de Medellín de diseñar acciones y programas para generar una cultura de promoción y de defensa de Derechos Humanos por parte de los funcionarios públicos, construidas de manera colectiva con las organizaciones sociales y comunitarias.
  8. Exigimos un compromiso de la Alcaldía de Medellín de construir y realizar campañas de difusión sobre la legitimidad de la labor de los líderes y lideresas comunitarias, construidas de manera concertadas con los mismos.
  9. Es fundamental que la Alcaldía de Medellin se comprometa con evitar cualquier modalidad de agresión a la labor legítima de líderes y lideresas que de manera particular o colectiva ejercen su labor social y comunitaria dentro del territorio.
  10. Compromiso de parte de la Alcaldía de mantener un control más efectivo con el cual se impida que algunos funcionarios comentan actos de corrupción y de violación de los Derechos Humanos.
  11. Cierre de la escombrera de la Comuna 13 y activación de los mecanismos de búsqueda de las personas desaparecidas que están allí.

 

Cordialmente

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos- Nodo Antioquia.

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