Logo_UdeALa Corporación de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, comité que trabaja por la promoción y defensa de los Derechos Humanos en las universidades públicas de Medellín, manifiesta su preocupación por la manera como se ha venido desarrollando una campaña mediática en contra del movimiento estudiantil de la Universidad de Antioquia y la estigmatización a la protesta pública.

El domingo 13 de mayo circuló un artículo en el periódico El Colombiano titulado “U de Antioquia, amenazada por agitadores, narcotráfico e ilegalidad.” Este artículo se suma a los diferentes informes noticiosos en los que de manera tendenciosa e irresponsable se pretende asimilar la organización estudiantil y las acciones de protesta social con actos ligados al narcotráfico y al conflicto armado que a traviesa el país.

Es importante resaltar que una protesta social acude a muchas formas de expresión y de manifestación, que en ocasiones y ante la arremetida estatal, busca solucionar las inconformidades sociales; sin embargo, en ocasiones las políticas estatales han pretendido acabar con los sectores inconformes de la sociedad, a través de métodos legales e ilegales, ante lo cual los estudiantes han acudido a vías de hecho que resultan mínimas en relación a las violaciones a los Derechos Humanos que ha cometido el ESMAD y el accionar de los grupos paramilitares. Igualmente, es de recalcar que la afectación ocurrida al agente del ESMAD el pasado mes de abril, la cual es absolutamente lamentable y rechazable, resulta ser el único hecho que destacan los medios de comunicación y las autoridades estatales, desconociendo las múltiples afectaciones que el ESMAD ha causado en contra de los diferentes manifestantes y de la comunidad universitaria en general.

De igual manera, es irresponsable la forma como las directivas universitarias, los medios de comunicación y los organismos de seguridad del Estado, pretenden desdibujar la protesta social equiparándola con acciones ligadas al narcotráfico. Para ello es importante señalar como desde hace años, los estudiantes por medio de asambleas generales y de diferentes oficinas y organizaciones estudiantiles, han rechazado el micrográfico de drogas que se presenta en la universidad; éstos han enfatizado en que su solución no puede pasar, ni por la militarización del centro de educación superior, ni por medidas que impidan que la sociedad antioqueña ingrese a la universidad. Los estudiantes han expresado que es a través de la autoregulación del consumo de drogas, la cual no debe ser considerada como delito, y una verdadera persecución a los grades poderes dueños de las plazas de vicio de la ciudad como puede solucionarse el problema del tráfico ilegal de drogas, entre ellas la plaza de que funciona al interior de la universidad, referenciada en diferentes pronunciamientos públicos de distintas organizaciones sociales e institucionales.

Así mismo, es cuestionable la permanencia de la plaza de vicio en la universidad después de la implementación de la TIP, ya que a la universidad sólo podía ingresar personal vinculado, o aquellos autorizados por la administración en cabeza del departamento de vigilancia; ello da cuenta de dos situaciones, la primera el fracaso de la TIP como medio de control, y por lo tanto una malversación de los recursos de la universidad, lo cual debería ser investigado por los entes de control del Estado; y la segunda una posible connivencia o tolerancia del personal de vigilancia con los expendedores de droga, pues en últimas, son éstos los que le permitirían el ingreso a la universidad.

De otro lado, es cierto que en la universidad existe un alto grado de impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos, pues a la fecha no se han establecido las responsabilidades de decenas de asesinatos y desapariciones en contra de diferentes miembros de la comunidad universitaria; la Fiscalía no ha establecido ni en investigaciones ordinarias, ni en los procesos de Justicia y Paz, quiénes han sido los “ojos y oídos de los paramilitares dentro de la universidad” que conformaron las llamadas Autodefensas Universidad de Antioquia, las cuales han operado en la universidad desde el año 1998 hasta la fecha, en al cual además de los asesinatos del profesor del Departamento de Antropología Hernán Henao, el estudiante de Filosofía Gustavo Marulanda, el empleado de la cafetería de la Facultad de Derecho Hugo Jaramillo y otros miembros de la comunidad académica que han sido amenazados y obligados al exilo.

Las preguntas obligadas son ¿por qué ni la Fiscalía ni los organismos de inteligencia del Estado han investigado?, ¿quiénes son los miembros directivos que han entregado información a los grupos paramilitares?, tal y como lo afirmó Carlos Castaño en su libro y otros paramilitares en audiencias de Justicia y Paz, en la que un alto miembro directivo de la universidad resulta comprometido.

Reiteramos nuestro llamado para que los medios de comunicación no se presten para generar discursos, que de una u otra manera, lo único que buscan es avalar, justificar y/o propiciar acciones violentas y violatorias de derechos en contra de la comunidad universitaria, y en especial en contra de aquellas expresiones críticas y propositivas que surgen desde la universidad; al consejo superior universitario para que busque salidas concertadas con la comunidad académica de la universidad y poder solucionar las acciones violentas que se desarrollan en el campus universitario. Hoy en día existen propuestas desde diferentes oficinas estudiantiles para ello.

Y por último, nos dirigimos a la comunidad universitaria para que esté atenta y rechace cualquier discurso y acción que pretenda ser un factor de violación de derechos. Nuestro llamado es para que no se estigmatice la protesta social, y para que en la universidad, así como en el país, busque salidas concertadas y políticas ante las diferentes problemáticas que las aquejan.

 

Corporación Comité Universitario de Derechos Humanos

Gustavo Marulanda

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