Invitación rueda de prensa

 

La Asociación Campesina de San José de Apartadó, El Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó, conscientes de que nuestro trabajo va encaminado a fortalecer la Democracia en Colombia, reprochamos, rechazamos y condenamos indignados con un dolor de Patria el tratamiento que estamos recibiendo por parte de las instituciones del Estado colombiano y la forma como arrecian las persecuciones de este tipo.

Jesús Arley Cartagena, defensor de derechos humanos, miembro de la Cumbre Agraria y en ese entonces presidente de la Junta de Acción Comunal de San José de Apartadó, fue el primer capturado y acusado por el delito de rebelión el 22 de diciembre de 2015, posterior a su captura siguió la de Laura Cataño, de 50 años, quien padece problemas cardiacos y de tensión que le obligan a consumir medicamentos de manera permanente, además de llevar una rigurosa dieta. Cataño quien también hace parte de la Junta de San José de Apartadó fue capturada cuando se dirigía a averiguar por la situación de Arley, actualmente está acusada por el mismo delito.

Nuestro compañero ARLEY CARTAGENA fue recluido en la Cárcel Nacional de Bellavista en la ciudad de Medellín desde el día 28 de diciembre de 2015, antes de su detención venía padeciendo un posible cuadro patológico de Tuberculosis y tenía programado un examen médico para confirmar o descartar el diagnóstico, desde su llegada al centro carcelario no se le brindó la atención médica que requería en una clara e inhumana desatención que puso en riesgo su vida y la de los demás internos.

En esta misma vía también se han presentado intimidaciones y presiones por parte de Tenientes y otros miembros de la base militar del Batallón Voltígeros de la XVII Brigada del Ejército Nacional, en contra de algunos pobladores, tal es el caso que se presentó el 03 de enero cuando el Teniente Amariles se dirige a el presidente encargado de la Junta de Acción Comunal, el militar lo instó para que trabajara con el ejército en funciones de informante y/o cooperante, así mismo le manifestó que “ahora que Arley y Laura están en prisión sí vamos a poder trabajar con la junta de acción comunal y ahora sí se van a venir los proyectos para este pueblo”, le dijo que esas órdenes venían desde afuera, de altas instancias y le relató todo lo tratado en la reunión que se había llevado a cabo horas antes, dándole a conocer que ellos se enteraban de todo lo que se hablara en las reuniones de la comunidad. El líder fue fotografiado junto a otros soldados y le ofrecieron mercados y plásticos para la comunidad, ofertas que este rechazó.

 Algunos de nuestros vecinos y compañeros han relatado como hombres usando pasamontañas y capuchas patrullan la zona, provocando miedo, zozobra y terror entre los habitantes que aún tiene en su memoria las masacres de los años 90s cuando sujetos vestidos de militar y encapuchados incursionaban en vehículos para cometer los asesinatos y desapariciones.

 

El casco urbano permanece militarizado con exagerada presencia de hombres y gran ostentación de armamento de altos calibres, constantemente se realizan operaciones militares que intimidan a la gente, se fotografían a cualquier persona que esté en el sector incluyendo niños. El temor que todo este despliegue de guerra ha generado a la población hace prever un posible desplazamiento forzado por cuenta del Ejército Nacional de Colombia poniendo en riesgo el tejido social y organizativo de la comunidad.

La captura más reciente se presentó el domingo 24 de enero del presente año, cuando algunos presuntos funcionarios del CTI y la Fiscalía, llegaron en aparente estado de alicoramiento hasta el establecimiento comercial del señor Pedro Pablo Rivera, allí intentaron capturarlo, cuando algunos vecinos se percataron del hecho, corrieron a preguntar por la orden de captura y el motivo, pero los funcionarios nunca les mostraron nada. La comunidad que estuvo presente en lo que parecía ser un procedimiento de captura han reiterado y asegurado que nunca pudieron ver la identificación de quienes llegaron a este lugar, además de confirmar que estaban acompañados por el Ejército Nacional, también aseguran que la manera de dirigirse a la comunidad fue grosera, arrogante y violenta, que grabaron a menores de edad presentes allí y que estigmatizaron y amenazaron a los habitantes. Por estas conductas presentadas la comunidad procedió a proteger a su vecino e impidió que se lo llevaran, recordando que históricamente este tipo de retenciones ilegales terminan en asesinatos paraestatales o ejecuciones extrajudiciales.

Nuestras acciones siempre han estado marcadas por retos e intentos de recuperar las confianzas en el Estado colombiano que ha abandonado los valores propios por los que fue fundado, aun así nos hemos ido vinculando a espacios de participación como el importante proceso de la Mesa Nacional de Garantías para la labor de los defensores de derechos humanos y líderes sociales y comunales, que tiene el fin de construir basado en las lecciones aprendidas crear metodologías de diálogo, de participación y de establecimiento de acuerdos que ayude fortalecer la democracia y las garantías para quienes ejercen los liderazgos de las comunidades.

Solicitamos entonces garantías para ejercer las labores que realizan los Defensores de Derechos Humanos en San José de Apartadó y para la libre asociación contemplada en la Carta Magna de Colombia. Esas garantías deben estar acompañadas de acciones de coordinación con otras instancias del Estado que de una u otra manera están contradiciendo el papel del Gobierno.

Solicitamos al Estado colombiano para que acate de manera inmediata los tratados, convenios, leyes nacionales e internacionales que buscan respaldar la labor de los defensores de Derechos Humanos y las libertades de las comunidades.

De presentarse cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física y moral de los habitantes de San José de Apartadó o situaciones de desplazamiento forzado individual o colectivo, responsabilizamos al Estado colombiano representado por la Fuerza Pública, Ejército Nacional de Colombia.

 

Así mismo, teniendo en cuenta que desde el momento de la privación de la libertad de cualquier ciudadano, su suerte, integridad y el cubrimiento de sus derechos corre por cuenta directa del Estado, responsabilizamos al Estado colombiano de las consecuencias en la integridad física, salud y vida de nuestros compañeros Arley Cartagena y Laura Cataño, originadas por la negligencia en la atención médica que requieren.

La Asociación Campesina de San José de Apartadó, El Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó, conscientes de que nuestro trabajo va encaminado a fortalecer la Democracia en Colombia, reprochamos, rechazamos y condenamos indignados con un dolor de Patria el tratamiento que estamos recibiendo por parte de las instituciones del Estado colombiano y la forma como arrecian las persecuciones de este tipo.

Jesús Arley Cartagena, defensor de derechos humanos, miembro de la Cumbre Agraria y en ese entonces presidente de la Junta de Acción Comunal de San José de Apartadó, fue el primer capturado y acusado por el delito de rebelión el 22 de diciembre de 2015, posterior a su captura siguió la de Laura Cataño, de 50 años, quien padece problemas cardiacos y de tensión que le obligan a consumir medicamentos de manera permanente, además de llevar una rigurosa dieta. Cataño quien también hace parte de la Junta de San José de Apartadó fue capturada cuando se dirigía a averiguar por la situación de Arley, actualmente está acusada por el mismo delito.

Nuestro compañero ARLEY CARTAGENA fue recluido en la Cárcel Nacional de Bellavista en la ciudad de Medellín desde el día 28 de diciembre de 2015, antes de su detención venía padeciendo un posible cuadro patológico de Tuberculosis y tenía programado un examen médico para confirmar o descartar el diagnóstico, desde su llegada al centro carcelario no se le brindó la atención médica que requería en una clara e inhumana desatención que puso en riesgo su vida y la de los demás internos.

En esta misma vía también se han presentado intimidaciones y presiones por parte de Tenientes y otros miembros de la base militar del Batallón Voltígeros de la XVII Brigada del Ejército Nacional, en contra de algunos pobladores, tal es el caso que se presentó el 03 de enero cuando el Teniente Amariles se dirige a el presidente encargado de la Junta de Acción Comunal, el militar lo instó para que trabajara con el ejército en funciones de informante y/o cooperante, así mismo le manifestó que “ahora que Arley y Laura están en prisión sí vamos a poder trabajar con la junta de acción comunal y ahora sí se van a venir los proyectos para este pueblo”, le dijo que esas órdenes venían desde afuera, de altas instancias y le relató todo lo tratado en la reunión que se había llevado a cabo horas antes, dándole a conocer que ellos se enteraban de todo lo que se hablara en las reuniones de la comunidad. El líder fue fotografiado junto a otros soldados y le ofrecieron mercados y plásticos para la comunidad, ofertas que este rechazó.

 

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