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En rueda de prensa realizada por la Asociación de Campesinos de San José de Apartadó, con el apoyo de la Corporación Jurídica Libertad y la Mesa Territorial de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, se entregaron nuevos detalles sobre la difícil situación en materia de derechos humanos que se viene presentando en este municipio, con las persecuciones y señalamientos a sus habitantes y diferentes líderes de esta comunidad.

ACASA informo que en la zona tienen presencia todos los actores armados del conflicto, y que todos han realizado graves violaciones a los derechos humanos incluyendo la fuerza pública. Aseguraron que las persecuciones que se vienen presentando son resultado de las denuncias que desde hace  algunos años han realizado sobre la presencia de paramilitares y los hostigamientos por parte de la Brigada XVII.

En la rueda de prensa ofrecida, también se reiteró la denuncia sobre la forma tan sospechosa en que fueron capturadas las 6 personas de San José y como se viene implementando una estrategia de atemorizar a la comunidad para desmantelar el movimiento social “La fuerza pública amenaza a la población diciéndoles que hay 50 órdenes de captura para habitantes y líderes de San José de Apartadó” recalca Oscar Zapata miembro de la Asociación Campesina de San José; frente a este rumor el abogado defensor René Jaramillo, asegura que “en el proceso hay conocimiento solo de 20 órdenes.”

San José de Apartadó se ha convertido entonces no solo en el reflejo del abandono estatal que sufre el campo colombiano, sino que ahora es el blanco de falsos positivos judiciales, y la justicia mañosa contra el movimiento social de Urabá.

Dentro de las denuncias también se ha mencionado las jornadas cívico militares que en diferentes ocasiones ha hecho la Brigada XVII, acciones que están prohibidas por el código de infancia y adolescencia, además de la violación al Derecho Internacional Humanitario, pues la población se encuentra en zona y situación de guerra.

 El llamado desde la Mesa Territorial de Garantías para los Defensores de Derechos Humanos, es a respetar el debido proceso, a no estigmatizar a los defensores de derechos humanos, pero sobre todo a respetar las formas organizativas y la vida de los habitantes de esta zona.

Desde la comunidad de San José y sus diferentes organizaciones sociales se responsabiliza al Estado Colombiano, por lo que puedan sufrir los campesinos que han sido capturados. De la misma forma se espera que las instituciones como Defensoría del Pueblo y Personería, puedan brindar el apoyo y ayuda pertinente. 

 

 

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