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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Medellín, 28 de Agosto de 2013. Desde el pasado Viernes 23 de Agosto, comunidades campesinas, mineras e indígenas del norte de Antioquia, del Bajo Cauca, del Magdalena Medio y del Nordeste Antioqueño, se encontraban en un refugio humanitario ubicado en el coliseo del municipio de Barbosa, al norte del Valle de Aburrá.

En el refugio humanitario se desarrollaban actividades pacíficas, enmarcadas en las jornadas de movilización del Paro Nacional Agrario y Popular, en las cuales manifiestan diversos sectores y gremios en contra de las políticas de desarrollo que se vienen implementando en el país desde hace cerca de 30 años. La implementación del neoliberalismo ha significado el empobrecimiento de grandes sectores del país, mientras que embarca al país en un proceso de inmersión en la economía global, destruyendo la capacidad productiva nacional. De esta manera no sólo se destruye la economía campesina, sino que afecta especialmente a los habitantes de la ciudad, pues al acabar la soberanía alimentaria, el país se vuelve dependiente de los imprevisibles mercados internacionales.


Desde el inicio de esta movilización, las comunidades que se encontraban en el refugio sufrieron hostigamientos por parte de la Fuerza Pública, por medio de ataques a la población civil desde los lugares de origen de las comunidades, infiltraciones de la policía y el ejército en el refugio, empadronamientos entre otro tipo de acciones violatorias de los derechos humanos. En la noche de hoy, cuando los manifestantes se disponían a realizar una protesta pacífica en las calles del municipio, el Escuadrón  Móvil AntiDisturbios (ESMAD) atacó con gases lacrimógenos el coliseo municipal de Barbosa,  entró al refugio humanitario y atacó a todas las personas que se encontraban allí, sin importar si estaban cocinando, en talleres, o simplemente sentados y preparándose para dormir. En el lugar del ataque se encontraban mujeres embarazadas, niños y enfermos, vulnerando los derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional y el derecho legítimo y constitucional a la protesta, la movilización social y la libre asociación.

Responsabilizamos a las autoridades estatales de todos los niveles (municipal, departamental y nacional) de las vulneraciones que se generen a través de este ataque a los manifestantes ubicados en el municipio de Barbosa, así como los que se encuentran en el Oriente antioqueño y en todo el país.

Solicitamos el acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos y de los medios de comunicación, con el fin de evitar que estos hechos tengan un doloroso desenlace, como ya se ha presentado en otras regiones del país.
Hacemos un llamado a que, como habitantes urbanos, demostremos nuestra solidaridad con nuestros campesinos, mineros, indígenas y afrocolombianos, pues sin ellos las economías de las ciudades no serían posibles.

 


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