Informe: Presencia de Grupos Paramilitares y algunas de sus dinámicas en Antioquia.

Cuatro casos de estudio

Informe de paramilitarismo 2017

Foto: Cortesía ACASA

En Antioquia, la reingeniería paramilitar ha resultado en un importante número de estructuras. Algunas han emergido en los últimos años y otras se mantienen desde la década de los 90 con algunas variaciones, tal podría ser el caso de la Oficina del Valle de Aburrá (OVA) conocida antiguamente como la Oficina de Envigado. En el estudio llama la atención la reciente expansión de grupos del Valle de Aburrá hacia las zonas rurales en coordinación con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, (Alianza Criminal del Norte - ACN). Toda esta presencia paramilitar y alianzas se traducen en graves violaciones a los derechos humanos.

Este informe tiene como periodo de estudio 2016- 2017 (octubre) y aborda tres ejes: la presencia de los grupos paramilitares que operan en los territorios de Antioquia; dinámicas económicas, principalmente ilegales y dinámicas socioterritoriales que muestran el control sobre la población y amenazas contra la labor de los líderes, las lideresas, los defensores y las defensoras de derechos humanos. Las subregiones analizadas son: Nordeste, Norte, Urabá y Valle de Aburrá debido a la fuerte presencia paramilitar, el alto número de violaciones a los derechos humanos y la persecución a la labor de las, los defensores, líderes y lideresas.

En el departamento el 96% (121) de los municipios reportan presencia paramilitar. En cuanto a las dinámicas sociales y territoriales, 124 de los 125 municipios reportaron homicidios (3.521) y 121 desplazamiento forzado (15.574 víctimas). Lo que da cuenta de la dinámica armada y su efecto en la vida de las comunidades. Respecto a las dinámicas económicas continúan las extorsiones, el monopolio sobre la canasta familiar (Medellín), el microtráfico el cual ha aumentado en las zonas tras la salida de las FARC- EP, la explotación sexual- comercial, entre otras actividades que dan rentabilidad a las estructuras paramilitares.

Lea el informe sobre paramilitarismo aquí.

En las dinámicas sociales persiste el reclutamiento forzado, las amenazas contra campesinos que hoy en día desean acogerse al programa de sustitución de cultivos, las agresiones contra los procesos organizativos, que hoy alcanzan a registrar más de 29 homicidios, 110 amenazas individuales y 21 amenazas colectivas. A esto se suma, las prácticas de disciplinamiento social y el posicionamiento de una agenda comunitaria que legitime la actuación paramilitar. Todo esto expresiones de poder y control sobre la vida cotidiana de las comunidades.

Como plataforma de derechos humanos, La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos- Nodo Antioquia, hace un llamado al Estado colombiano, para que de manera inmediata desmonte las estructuras paramilitares, sin lo cual es imposible avanzar en el cumplimiento de los Acuerdos pactados en la Habana y construir paz territorial. Es preciso que los espacios institucionales creados para tal fin cuenten no solo con recursos, sino con la voluntad irrestricta de la institucionalidad para lograr avances en la materia. Así mismo es necesario que el Estado avance en investigaciones y sanciones contra agentes del Estado que continúan actuando con los grupos paramilitares en contra de la población.

Es necesario que el Estado adopte todas las medidas necesarias para proteger a las y los defensores de derechos humanos que se encuentran en riesgo. Como lo advierte la Defensoría del Pueblo en su Informe de Riesgo sobre organizaciones y procesos sociales en Colombia, es urgente adoptar medidas afirmativas que garanticen la vida de los líderes y lideresas sociales y su derecho a participar en la construcción democrática de país. Es fundamental que el Gobierno disponga, de medidas especiales para proteger la vida de los excombatientes de las FARC- EP.

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