El grupo conformado por las delegadas y delegados de las organizaciones de Derechos Humanos Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos –CCEEU- Nodo Antioquia, Corporación Reiniciar, Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, Fundación Sumapaz, Fundación Manduco, Aheramigua y Corporación Jurídica Yira Castro, recibimos alrededor de 100 denuncias que evidencian la grave situación de derechos humanos que padece la comunidad campesina del municipio de Tierralta, enmarcada en: 

1. Graves infracciones al DIH. Bombardeos y ametrallamientos efectuados por miembros de la fuerza pública en bienes civiles, generan temor y zozobra en la comunidad campesina e indígena. La fuerte militarización de la región limita el ejercicio de los derechos fundamentales de la población civil y alienta prácticas de abuso de autoridad por parte de los miembros de la Brigada Móvil XXIV, entre ellos el permanente bloqueo económico, alimentario y sanitario, el empadronamiento de la población, la presencia de tropa dentro de los casos urbanos, las retenciones arbitrarias e incluso judicializaciones ilegales y la estigmatización a los procesos organizativos comunitarios y en particular de sus líderes.
 
2. Vulneración de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Además de constatar un número amplio de familias víctimas de hechos relacionados con el conflicto (desplazamiento forzado, desaparición forzada, asesinatos, entre otros), ellas no han accedido a los mecanismos de justicia existentes ni han sido reparadas. El organismo de control en la región  (Personería), ha obstaculizado el acceso de las víctimas a dichas garantías, negándose a recepcionar las denuncias, dando trámite deficiente a las mismas, postergando indefinidamente la atención o intervención solicitada. Las víctimas de desplazamiento forzado carecen de la asistencia humanitaria establecida en la ley, y el conjunto de víctimas desconoce
los procedimientos para acceder a procesos de reparación administrativa, lo que se traduce en su vulneración.

3. Situación de Derechos Económicos Sociales y Culturales. A 15 años de la construcción de la Hidroeléctrica de Urra en los territorios campesinos e indígenas, no se ha garantizado para ellos el suministro de agua potable y luz eléctrica para sus viviendas y establecimientos comerciales. Esta debe obtenerse a través de motobombas que demandan gasolina, la que es objeto de fuerte control por parte del ejército nacional. Las comunidades adolecen de servicios de salud, pues no se
cuenta con centros médicos ni se han realizado brigadas de salud en los últimos años. A esto se suma, el bloque sanitario ya denunciado. La vulneración al derecho a la educación de los niños y niñas se manifiesta en la ausencia de docentes en las escuelas rurales. Por ejemplo, hace más de un año, no se han nombrado los profesores de la escuela del corregimiento de Crucito dejando a casi 600 niños sin educación básica primaria y menos secundaria.
 
4. Irregularidades durante el proceso de construcción de la Hidroeléctrica Urra 1. Un abundante número de denuncias dan cuenta de estafas y ventas irregulares, precedidas en muchos casos de amenazas de expropiación. Los derechos de propiedad de ocupantes y poseedores fueron desconocidos, viéndose forzados a ceder a la empresa sus terrenos sin contraprestación económica. Los alrededores de la represa fueron afectados con declaratoria de reserva forestal, (ley 2da)
limitando la explotación de los recursos naturales que eran el sustento de la comunidad campesina que ha habitado esta zona por más de 40 años.

La empresa incumplió los compromisos asumidos con la comunidad en materia de reubicación, titulación, saneamiento, generación de ingresos, empleo, infraestructura y tratamiento ambiental a la represa. Con ello se ha afectado la economía campesina, los usos y costumbres comunitarios y el medio ambiente. El transporte fluvial a través de los ríos y dentro de la represa sufre particularmente los efectos de la ausencia de tratamiento ambiental de las bocas de los ríos. Fuertes oleadas de sedimentos producen constantemente el volcamiento de las embarcaciones, causando en numerosos casos la muerte de sus ocupantes además de las pérdidas económicas generadas.

Nunca se investigó la relación existente entre la construcción de la hidroeléctrica, la expropiación de las tierras a los habitantes históricos de las mismas (colonos e indígenas) y el accionar paramilitar en el mismo periodo de tiempo.

PROPUESTA:
 
  • Ante esta realidad, la comisión propone la elaboración de un informe que dé cuenta de esta situación y la ilustre a través de las denuncias recibidas.
  • Dar trámite de dicho informe a todas las autoridades competentes (Ministerio de    Defensa, Interior, Ambiente, Agricultura, entre otros, Fiscalía y Organismos de    Control) y organismos nacionales e internacionales de promoción y protección de derechos humanos.
     
  • Hacer seguimiento de estas denuncias de la mano de ASODECAS.
     
  • Demandar ante la Mesa Nacional de garantías, la protección del proceso campesino ASODECAS y de la comunidad afectada por el megaproyecto de Urra.
     
  • Concertar con la comunidad y sus líderes, procesos de acompañamiento y asesoría  permanente a esta comunidad.

 

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