En un nuevo informe titulado Un título de propiedad no basta: Por una restitución sostenible de tierras en Colombia, Amnistía Internacional explora los puntos débiles y los fallos en la implementación de una ley colombiana concebida para ayudar a devolver las tierras robadas a algunas de las víctimas del largo conflicto armado del país.

Desplazamiento forzado

1. Casi seis millones de personas han sufrido desplazamiento forzado desde 1985, la mayoría a consecuencia del conflicto armado interno de Colombia. Esta cifra representa casi el 13 por ciento de la población del país, y significa que Colombia cuenta con uno de los índices de desplazamiento forzado más altos del mundo.

2. Casi 220.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares únicamente en 2013.

3. Se calcula que se han adquirido ilegalmente unos ocho millones de hectáreas: una superficie equivalente al 14 por ciento del territorio de Colombia.

4. La mayoría de las víctimas de desplazamiento forzado han sido campesinos o miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes. A menudo, sus tierras revisten un interés económico y político para las partes enfrentadas en el conflicto. La mayoría tenían la tenencia o la posesión de la tierra antes de verse obligadas a huir.

5. La mayor parte de los desplazamientos forzados han sido obra de los paramilitares y las fuerzas de seguridad, actuando por separado o en connivencia mutua. Los grupos guerrilleros también han obligado a comunidades a desplazarse de sus hogares.

6. Los reclamantes de tierras, los defensores y defensoras de los derechos humanos y los funcionarios estatales implicados en el proceso de restitución de tierras han sido víctimas de amenazas y homicidios, en su mayoría a manos de paramilitares.

7. El 45 por ciento de los hogares víctimas de desplazamiento forzado tienen como cabeza de familia a una mujer, frente al 30 por ciento de los hogares que se encuentran en esa situación en el conjunto del país. Las mujeres víctimas de desplazamiento forzado corren mucho más peligro de sufrir abusos sexuales o violación o verse forzadas a prostituirse.

Problemas con la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras

8. Desde 2012, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448) ha tratado de ayudar a devolver a sus legítimos ocupantes las tierras adquiridas ilegalmente. Sin embargo, sólo se ha devuelto un pequeño porcentaje de los millones de hectáreas de tierras robadas. Hasta el 1 de agosto de 2014, se habían devuelto a los campesinos menos de 30.000 hectáreas. Los jueces y magistrados de restitución han ordenado la devolución de un solo territorio indígena de 50.000 hectáreas a sus legítimos ocupantes.

9. La mayoría de los casos de restitución de tierras que se han resuelto corresponden a familias que ya habían retornado a sus tierras antes del proceso de restitución y simplemente desean la formalización de su propiedad de la tierra, más que la restitución en sí.

10. Sin embargo, incluso en los casos en los que se otorgan títulos de propiedad, las amenazas de violencia y la preocupación por cómo podrán los retornados mantenerse económicamente disuaden a muchas personas de regresar a sus hogares.

11. No todo el mundo puede beneficiarse de la ley. La Ley 1448 ha creado una jerarquía de víctimas en la que el derecho a la reparación depende de la fecha en que se cometieron los abusos. Ninguna de las personas cuyas tierras les fueron arrebatadas antes de 1991 tiene derecho a optar a la restitución.

12. La cuenta atrás ha comenzado. La vigencia de la Ley 1448 es de tan sólo 10 años. De ellos, ya han transcurrido casi tres.

Abordar a los destinatarios correctos

13. La impunidad impera. La mayoría de los sospechosos de ser penalmente responsables de desplazamientos forzados y abusos contra los derechos humanos relacionados con ellos han eludido la acción de la justicia. Esta impunidad ha alentado nuevos desplazamientos forzados.

14. Ha habido muy pocos casos de restitución de tierras que hayan abordado la ocupación de la tierra por parte de grandes empresas nacionales o internacionales, o de otras entidades o personas que puedan haber sido responsables del desplazamiento forzado y el despojo del reclamante. En lugar de eso, el proceso se ha centrado en casos fáciles, en pequeña escala.

15. Amnistía Internacional pide al gobierno colombiano que aborde los graves fallos del proceso de restitución de tierras. En particular, debe garantizar una restitución de tierras completa y sostenible, debe abordar su falta de protección a las personas que desean retornar, y debe llevar ante la justicia a los responsables de expulsar a millones de personas de sus hogares.

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