COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
justiciaypazencolombia.org
Bogotá, D.C. 8 de octubre de 2008

La interceptación de la llamada de General Rito Alejo del Río y el ex ministro del Interior, Fernando Londoño, deja al descubierto el desarrollo de técnicas de prolongación de la guerra sucia con el uso de los medios de información y las falsas acusaciones judiciales.

¿Qué será lo que quiere Rito?

No se podría esperar menos si se tiene en cuenta los antecedentes de los interlocutores. El uno reconocido criminal por algo se le denomina «El Pacificador», Comandante de la Brigada 17; de la Brigada 13, de los círculos de Álvaro Uribe Vélez, junto con Castaño Gil de convivencia en Israel importando armas para la estrategia paramilitar. Muchos saben que quienes han sido testigos en su contra han sido amenazados; junto con sus familias y luego han terminado asesinados. Se trata de Rito Alejo del Río responsable del genocidio en Urabá Antioqueno, Norte de Chocó, Bajo Atrato. El otro abogado, reconocido por su trayectoria corrupta, los robos a la nación. Su inteligencia para hacer ver lo perverso como virtud se expresa en la retórica, íntimo amigo de Uribe, por algo fue su ministro del Interior.

Mediante el primero se pretende el desprestigio, la desconfianza, el aislamiento y la perdida de credibilidad de la labor de la Comisión de Justicia y Paz en su relación con la sociedad. A través de las falsas imputaciones ante instancias de la Fiscalía se busca sostener la deslegitimación pública con una formalidad judicial que se muestra como prueba de “verdad”. Se quiere con la acusación penal intimidar, distraer y obstaculizar la labor jurídica de nuestra Comisión de Justicia y Paz, pues somos parte en el proceso penal por el cual Rito Alejo, se encuentra hoy investigado, el crimen de Marino López y la “operación Génesis” desatada en el Cacarica y el Salaquí entre el 24 y 27 de febrero de 1997.

Esta estrategia se desarrolla a nivel internacional contra la Comisión de Justicia y Paz desde hace un año y medio. A esta, se vienen prestando actores sociales locales, nacionales e internacionales, que por ingenuidad, otros sin ella, otros por temor, se han ido sumando a las versiones oficiales, que encubren la responsabilidad el Estado en Crímenes de Lesa Humanidad y en la implementación de la estrategia paramilitar. Criminalidad a través de la cual hoy se “desarrollan” agronegocios de palma, banano, ganado y de extracción de recursos naturales, que han beneficiado a Maderas de Darien Pizano S.A, Urapalma, Extractora Bajirá, Del Monte, Multifruits Ltda., Chiquita Brands entre otras, negando la verdad y los derechos de afrocolombianos, indigenas y mestizos.

Permanentemente se dirigen escritos a la Comisión y la Corte interamericana de Derechos Humanos, al cuerpo diplomático y agencias de cooperación, se divulga en páginas web una y otra imputaciones. En ella se nos acusa de violar los derechos humanos, de distorsionar la verdad histórica, de impedir el “desarrollo”, de manipular, se cuestiona a las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad a las que se muestra como estrategia de las Farc, se alienta la siembra de palma, el banano, la extracción del arracacho, la extracción minera, la extensión ganadera. Todo se va convirtiendo en una sumatoria que en el trasfondo consolida la impunidad y el control social territorial paraestatal.

De esta ambientación no ha sido exentas ni Peace Brigades international, PBI, ni PASC, ni las organizaciones ambientalistas que han acompañado las justas reclamaciones y experiencia comunitarias en el bajo Atrato. La guerra judicial y la guerra mediática buscan romper esa solidaridad y ese derecho a la asistencia humanitaria internacional.

De lo que se trata es de silenciar, de expulsar a la Comision de Justicia y Paz, de impedir su labor jurídica y de acompañamiento integral y encubrir a uno de los criminales y gestores del paramilitarismo.

La razón, durante 12 años se ha ido descubriendo el entramado de corrupción, de criminalidad que genera la victimización de las comunidades. Se ha ido dejando a la luz, las motivaciones detrás de millares de crímenes y de desplazamientos forzados, la responsabilidad de quienes hoy se encuentran en el poder establecido en Colombia con base en el genocidio y el ecocidio.

Frente al uso del poder mediático por los estamentos militares, como ocurrió recientemente con El Tiempo, en el mismo Noticias Uno sobre este mismo tema, ¿qué dicen los periodistas que sirvieron a la estrategia de desprestigio? (ver El Tiempo)

¿Qué dice el grupo Prisa de España a partir de que la filial de Radio Caracol en Turbo o Apartadó han servido para hacer resonancia de esta vulgar estrategia mediática? ¿Qué va hacer el Grupo Planeta con El Tiempo? Son parte de los procedimientos periodísticos divulgar, así no más, sin limites y sin raciocinios básicos? ¿Qué medidas van a adoptar los medios?. Qué sanciones existen en los medios y a los medios con base en los códigos deontológicos? ¿Qué opinan los editores? ¿Qué van a hacer? Y los círculos de periodistas, ¿qué opinan de la independencia de los periodistas sobre sus fuentes militares? ¿Ellos están exentos de contrastar fuentes? ¿Por qué no confrontaron las afirmaciones emanadas contra nosotros, y negando este procedimiento, y el derecho ciudadano a la veracidad, divulgaron dichas afirmaciones? ¿Qué van a hacer para reparar el daño causado ahora y el de hace 3 años, con montajes similares? ¿Van adoptar medidas para que esto no se repita con ninguna organización ni defensor de derechos humanos?

Y sobre el programa La Hora de la Verdad, de Londoño Hoyos, ¿deberían pronunciarse los propietarios de Radio Súper?, ¿o los gremios de la prensa? Y el Ministerio de Comunicaciones ¿qué opina, qué va hacer? La libertad de opinión y de expresión es para posibilitar montajes para el desprestigio y las judicializaciones y encubrir el delito. (No es de extrañar de Londoño Hoyos audaz gestor de impunidades propias y de las Fuerzas Militares.)

Y ¿qué dice la justicia, que ha absuelto a pesar de la evidencia de las pruebas de fraudes y de actos repudiables, a quiénes hoy atestiguan como “negritos”, según dice Rito Alejo contra Justicia y Paz? O que en el pasado se negó a investigar al General Mora Rangel por prestarse a tan vil montaje?

En agosto de 2003 a instancias del Comandante de la Fuerzas Militares, Jorge E Mora Rangel, con abogadas de Pizano S.A. y algunos de estos mismos “negritos” lanzaron las mismas acusaciones. Semanas después se inició un montaje judicial contra defensores de derechos humanos de Justicia y Paz, en la Unidad Antiterrorismo, a algunos se obligó al exilio temporal, luego de una serie de sufragios y amenazas de muerte. Toda esa situación ocurrió justo cuando el General Del Río estaba siendo procesado y por supuesto, luego con los meses le fue precluida la investigación por Luis Camilo Osorio quien en la parte motiva de la decisión refiriéndose a la Comisión de Justicia y Paz sostiene que “no puede otorgarse el mismo recibo a las denuncias de una entidad que claramente demuestra tener intereses creados, tanto en la zona, como frente a personas que la habitan, que las podría elevar otro ente cualquiera que verdaderamente tuviera como norte velar por la protección de los desplazados y sin el objetivo de obtener beneficios cualquiera que sea su clase” (Subrayado en el original). En esta controvertida y parcializada investigación, también tuvo que ver el hoy Vicefiscal Mendoza Diago, quien desde el 14 de agosto de 2001 conoció del expediente y participó bajo comisión en el sumario y sobre él recayó gran parte de la responsabilidad en la redacción de las decisiones.

Y ¿qué dice Fernando Vargas, intimo amigo de las causas para desprestigiar a las organizaciones de derechos humanos, quien apoya a los “negritos”, prolífico escritor de textos para distorsionar la realidad y justificar la persecución a las comunidades que objetan los modelos militaristas y excluyentes de Estado?

Y ahora ante la prueba del montaje, que dice Álvaro Uribe Velez, quien acompañó, al lado de Londoño Hoyos el desagravio contra el General Rito Alejo del Río, cuando también fuimos parte civil en el proceso contra este militar en ese entones por la comisión de más de 200 crímenes en el bajo Atrato y el Urabá Antioqueño. ¿Por qué guarda silencio? No promovería un acto de desagravio por la Comisión de Justicia y Paz.

Uribe ha escuchado en dos consejos comunitarios, a los cuales no todos los afrocolombianos e indígenas del Chocó son convocados, a estos “negritos” como los llama Del Río Rojas, para lanzar sus falsas acusaciones, qué tiene para decirles. Va a seguir propiciando los señalamientos falsos contra las organizaciones de derechos humanos.

Y qué decisiones va a tomar cuando LUIS MARIO GAVIRIA, hermano de José Obdulio Gaviria, Gerente de Acción Social de Urabá, quien públicamente hace graves señalamientos, del mismo tipo, contra nuestra Comisión y organizaciones humanitarias internacionales.

Por lo pronto, quedamos a la espera del nuevo proceso judicial contra defensores de Justicia y Paz, al cumplimiento de las amenazas colectivas del último mes, que son del mismo corte de hace años atrás, pero a nombre de las “Águilas Negras”.

Estamos a la espera de que escriba Plinio Apuleyo y que hable Fernando Vargas de la Fundación Vida. A la espera de que otros medios que tienen contacto con estos falsos testigos “los negritos” que abdican de su condición de sujetos colectivos de derecho, den a conocer, cuando la estrategia del encubrimiento, del criminal y de los beneficiarios de millares de asesinados y desaparecidos en San Pedro de Urabá, Necoclí, Arboletes, Turbo, Chigorodó, Acandí, Riosucio, Carmen del Darién, Belén de Bajirá, Mutatá, Dabeiba, lo requieran una nueva difamación.

Aguardamos con el trabajo por la vida y la dignidad, con más empeño, con el rostro altivo ante la posibilidad de la consumación del crimen o del encarcelamiento de alguno de nosotras y nosotros o de nuestras familias. No vamos a dejar de defender los derechos de los pueblos, derechos justos, desde hace centenares de años reconocidos por la humanidad.

Las víctimas están hoy expuestas a la consolidación del monumento a la impunidad, a la negación del derecho a la verdad y a la justicia, por uno de millares de crímenes, en este caso de Marino López y la Operación “Génesis” que comprometen a Rito Alejo. Estamos a las puertas de una nueva posibilidad de la negación del derecho a defender los derechos humanos en Colombia.

Aquí en Colombia no se trata de los derechos, sino de la absoluta impunidad, del silencio, de la parálisis colectiva, de la sociedad “reconciliada” en el progreso, la nueva palabra de la injusticia, la inequidad y de la democracia genocida.

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