La Asociación de Cabildos Indígenas de Antioquia OIA, denunció el bombardeo indiscriminado realizado por militares del ejército nacional, adscritos a la décima séptima brigada del ejército, con sede en el municipio de Carepa, contra la comunidad indígena embera de Alto guayabal del Resguardo de Urada, Jiguamiandó, ubicado en el departamento de Chocó.
 
De acuerdo con el testimonio de los indígenas, el día 30 de enero de 2010, en horas de la madrugada, aviones militares sobrevolaron la comunidad. Posteriormente, cerca de las dos de la madrugada, llegaron dos helicópteros que dispararon ráfagas de fusil y bombas contra la comunidad. Una de dichas bombas cayó en una de las casas donde se encontraban cinco personas, cuatro de las cuales resultaron gravemente heridas, entre ellas un niño de apenas veinte días de nacido. Además, todos los cultivos sembrados por la comunidad para la alimentación de las familias fueron destruidos.
 
Esta comunidad ha sido agredida en otras ocasiones por todos los actores armados que operan cerca a sus territorios tradicionales. Recientemente habían regresado de un desplazamiento forzado del cual fueron víctimas. También es importante resaltar que el resguardo de Urada Jiguamiando está siendo intervenido por el megaproyecto denominado Batolito de Mandé, en donde la compañía minera la Muriel Mining Company, de Estados Unidos, tiene varias concesiones mineras otorgadas por el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental para la explotación en territorios sagrados de los pueblos emberas. Desde hace varios meses los indígenas han exigido el respeto de sus derechos territoriales vulnerados por la empresa que ha pretendido ingresar violentamente con el apoyo de la fuerza pública.
 
Los indígenas han denunciado que “La resistencia de las comunidades ubicadas en el resguardo y áreas del proyecto minero ha generado señalamientos y hostigamientos por parte de la Empresa La Muirel y del ejército en varias oportunidades. Es así como, el Gobierno Nacional desde su política de seguridad democrática sin ningún mínimo de respeto viene impulsando el establecimiento de batallones y tropas del ejército en los territorios indígenas, afectando la política de autonomía, los sitios sagrados y generando zozobra, teniendo en cuenta que han ido a hacer daños en los cultivos de las comunidades indígenas, limitando la cacería y la pesca, restringiendo el tránsito en sus propios territorios, haciendo deforestación de los bosques como en el cerro YU (piedra amoladora) en cabeza del batallón Número 15; así como muchos comuneros indígenas han sido violentados en su integridad física”.
 
Esta acción nos confirma que hay intenciones de desplazar a estas comunidades para abrir paso estratégicamente a las compañías mineras que tienen concesiones y que según ellos son sus derechos.
 
La OIA rechaza ha calificado este hecho como un acto de barbarie de la Fuerza Pública contra los pueblos indígenas que viola el sistema internacional de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. Hasta el momento el ejército no ha dado ninguna explicación al respecto. Además la OIA ha exigido que:
 
 
1.     Se nombre una comisión que visite el lugar de los hechos para que hagan la verificación respectiva. Esta debe estar compuesta por CRUZ ROJA INTERNACIONAL, LA OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU, ACNUR, DEFENSORIA DEL PUEBLO y nuestras organizaciones hermanas como la ONIC y otras organizaciones regionales.
 
2.     Que se investigue a los mandos del ejército que dieron orden de este bombardeo a las comunidades indígenas y se haga justicia.
 
3.     Reparación inmediata de los daños morales, físicos, culturales y comunitarios ocasionados por la acción violenta.
 
CONTRA LAS POLITICAS DE EXTERMINIO, RESISTENCIA Y VIDA
ORGANIZACIÓN INDIGENA DE ANTIOQUIA O.I.A
CONSEJO DE GOBIERNO INDIGENA

 

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