Pronunciamiento de las y los habitantes de las laderas de Medellín

 

Comuna_13_panormicaEste documento es una construcción colectiva desde la ladera de Medellín. Recoge las principales preocupaciones comunitarias en lo que respecta a los procesos de renovación urbanísticos y demarca el compromiso que como ladera y como ciudadanos asumimos con el futuro de nuestra ciudad.

 

Los habitantes de las laderas de Medellín nos tomamos la palabra y ejercemos nuestro derecho ciudadano a la participación y a la democracia, promoviendo propuestas a nivel municipal, departamental y nacional para el desarrollo de nuestro territorio y nuestra sociedad, y para la implementación de los planes departamentales, municipales, locales, barriales, sectoriales y parciales, en común acuerdo con los actores sociales y civiles de dichas comunidades.

Basados en los presupuestos constitucionales según los cuales las autoridades del Estado están instituidas para proteger a las personas en su vida, honra y bienes y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (art. 4 Constitución Política de Colombia), las comunidades organizadas de las laderas demandamos que en el proceso de implementación y ejecución de obras de desarrollo urbanístico, la Administración municipal consulte y respete las necesidades y proyecciones de los pobladores, de manera que no desmejore las condiciones de vida de los habitantes y en especial de aquellos que han vivido directamente los rigores del conflicto armado colombiano.

En este sentido, somos conocedores de que las exigencias de la organización comunitaria para enfrentar los desalojos forzosos y desplazamientos como efecto de los procesos de renovación urbanística están soportadas en distintos instrumentos jurídicos de protección a los moradores en el ámbito nacional e internacional. Contamos, entonces, con los “principios y directrices para los desalojos forzados” del Relator especial del Hábitat y la vivienda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según los cuales: “los desalojos no deben generar personas sin hogar o vulnerables a la violación de otros Derechos Humanos. El Estado debe prever la adopción de todas las medidas apropiadas, hasta el máximo de los recursos disponibles, especialmente a favor de los que no pueden ganarse la vida, para garantizar que se disponga o se ofrezca vivienda adecuada alternativa, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según el caso. La vivienda alternativa debe estar situada lo más cerca posible del lugar inicial de residencia y la fuente de ingresos de las personas desalojadas”.

Así las cosas, los puntos de discusión son los siguientes:

 

Cinturón Verde y Plan Bordes

El tema del Plan Bordes y Cinturón Verde es complejo ya que toca componentes que están presentes en diferentes líneas del Plan de Desarrollo de Medellín.

Exigimos que se paren todas las intervenciones del Plan Bordes en la ciudad hasta que no se haga la revisión con la participación de la ciudadanía del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Hace falta mucha claridad sobre este proyecto y sobre su ejecución. No concreta acciones concertadas con los y las ciudadanos/as en lo que compete a temas como movilidad, equipamientos, prevención de riesgos, Plan de Ordenamiento Territorial –POT–, gobernabilidad, reasentamientos en sitio, espacio público, vivienda, observatorios ambientales, servicios públicos, conectividad, entre otros.

El concepto de preservación y conservación ambiental es demasiado amenazante para las personas habitantes de los bordes porque se enfoca en una intervención de los territorios, sin contar con los/as ciudadanos/as, con intervenciones en espacio público y reforestación, cambiándole el uso del suelo, dejando por fuera temas como soberanía alimentaria, servicios públicos y habitabilidad.

El término control del crecimiento del borde es también demasiado agresivo con nuestras comunidades, donde sus habitantes no son parte de esta intervención sino, por el contrario, población objetivo de ser expropiada bajo argumentos ambientales de sostenibilidad y cuidado.

El Plan de Desarrollo de Medellín (PDM) 2012-2015 no acepta la nueva realidad de crecimiento de ciudad en las laderas y se impone un modelo de ciudad con territorios planos, obligándola a crecer hacia adentro.

Este trazado es sobre el papel, en la realidad las afectaciones pueden ser muchas y es necesario que la comunidad sea tenida en cuenta en los estudios, diseño, formulación, implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación por la entidad encargada (Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín –EDU– o Secretaría del Medio Ambiente).

Son más las preguntas que le suscita este proyecto a la población que pudiera verse afectada por ellos, ya que en materia de renovación urbana ha existido una forma de intervención que poco consulta a las comunidades y éstas son vistas como objeto en la categoría de simples beneficiarias o afectadas.

* Protección de los bordes de la ladera manteniendo los moradores en el territorio respetando el paisajismo del territorio

 

Desplazamiento forzado

La construcción de un cinturón verde no es más que trazar una frontera para que no se siga ocupando el espacio hacia arriba, que en algunos sectores hace parte no ya del territorio urbano, sino rural. Para que esto suceda el gobierno tiene que entender que la ocupación del territorio se debe a la implementación de megaproyectos en las zonas rurales y al desplazamiento forzado que ha tenido históricamente este país, producto del conflicto político, social y armado  que nos azota desde hace ya varios decenios.

De igual forma la ola invernal o cambio climático ha generado desplazamiento de cientos de familias y al respecto no se ve una política institucional para atender a dichas víctimas.

Cada año son más las familias desplazadas que llegan a la capital antioqueña sin un lugar donde vivir y el Estado no les garantiza una vivienda digna como es su deber, dado que el fenómeno del desplazamiento es un asunto nacional, de total responsabilidad estatal, ninguna de estas familias decidió por cuenta propia ser violentada y desplazada de sus territorios.

En este sentido, un proyecto que pretenda impedir la ocupación del espacio tiene que estar de la mano con un proyecto de vivienda digna y de atención integral a la población desplazada, en la que se pueda garantizar un hogar y unas condiciones mínimas para vivir dignamente. De esta manera la responsabilidad para evitar la ocupación del espacio siempre ha sido y será del Estado y no de los ciudadanos que han sido desplazados forzosamente, como pretende el actual plan de bordes con los habitantes de las laderas, quienes han construida la ciudad desde hace varias décadas.

Gestión del riesgo

El Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, no especifica acciones concretas de mitigación, preservación, conservación y prevención del riesgo en zonas de alto riesgo natural. De igual forma no contempla estudios micro zonificados en zonas de alto riesgo; que son las herramientas para la futura revisión del POT.

Implementación de la Política Ambiental Municipal (PAM) con especial énfasis en los programas de gestión integral del riesgo en lo relacionado con las problemáticas de las comunas y corregimientos, fortaleciendo los Planes de Acción Ambiental Local (PAAL) y los demás planes y proyectos; de igual manera formular e implementar los Planes de Acción Ambiental Local (PAAL) en las comunas y corregimientos que no cuentan con este instrumento.

Formular el Plan Parcial de mejoramiento Integral del hábitat (Vivienda, recolección residuos, alumbrado, servicios públicos domiciliarios, vías, espacios públicos, entorno ambiental).

* Plan de agua potable y alcantarillado.

* Planes de Manejo ambiental de las quebradas, aguas subterráneas, aguas lluvias, residuos sólidos y orgánicos.

* Gestionar el desarrollo del Espacio Público

Renovación Urbana, Vivienda digna (Mejoramiento, legalización y vivienda nueva)

 

De igual manera insistimos en que los procesos de renovación urbana (Planes Urbanos Integrales –PUI, Planes Parciales, Plan Estratégico Habitacional de Medellín –PEHMED, entre otros) deben contar con la participación concertada de las comunidades a través de sus redes y organizaciones, tanto para la formulación como para la ejecución en todos los proyectos de intervención y renovación urbana; construcción de espacio  público y/o viviendas o Parques.

Exigimos que las intervenciones urbanísticas no generen personas sin hogar. En ese sentido exigimos que a las viviendas ubicadas en zonas de intervención no se les de tratamiento de simples mejoras, a cambio de ello, que estas viviendas que son requeridas por la Administración municipal, sean compradas como tales y se le restituya a sus dueños una vivienda en los alrededores del barrio en el que habita, así mismo, exigimos, el pago de las unidades productivas de forma que las familias puedan seguir derivando su sustentos de ellas.

Para que se puedan producir estos reasentamientos en alrededores, la Administración municipal debe propiciar programas de titularización de bienes (o legalización de vivienda), de tal forma que esas viviendas con escritura pública puedan entrar en el mercado  y ser objeto de compra para las familias a reasentar.

Por último solicitamos que se disgregue el dato de las viviendas, de las 100 mil que se encuentran en el PDM cuántas son para mejoramiento, cuántas para legalización, cuántas viviendas nuevas y en que comunas y corregimientos se van a implementar.

 

Sostenibilidad ambiental y económica

Derecho_al_agua

Se deben proteger las quebradas, el bosque premontano, la fauna y flora, y la construcción de obra que se realice tiene que ser siempre bajo impacto ambiental o que en vez de deteriorar, mejore, porque siempre se ha evidenciado que se va construyendo la obra de concreto en las zonas verdes y más arborizadas.

La red de huertas campesinas y comunitarias debe ser una de las prioridades en el tema ambiental y de economía solidaria, ya que son la alternativa para el mejoramiento en el acceso a la alimentación de las y los pobladores de la ladera, a la vez que genera arraigo en los territorios. Por tal motivo se debe promover cultivos urbanos y producción de alimentos.

Es por eso que la intervención, la planeación y la materialización de los proyectos municipales, departamentales y nacionales han de hacerse con plena participación en todas las etapas. La participación de las comunidades no es responder a consultas o encuestas, es estar deliberando, incidiendo y concertando con el Estado.

 

Si Antioquia produce agua y energía a lo máximo ¿Por qué nos niegan lo mínimo? PROPUESTAS EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS para el Plan de Desarrollo Municipal de Medellín 2012-2015

 

Las comunidades de la ladera nos articulamos como ciudad y exigimos al Estado, a través de sus diferentes actores institucionales, que abran el espacio para el debate y ejecución de las propuestas que planteamos en este escenario y en las que tenemos los puntos en común que caracterizan nuestros territorios y comunidades.

Nos amparamos en la creación de ciudadanía desde la comunidad como medio para lograr el desarrollo de nuestra ciudad, tomando este concepto del informe “nuestra democracia” del PNUD, en el cual se utiliza para medir la calidad de las democracias en América Latina, entendiendo por creación de ciudadanía la capacidad de pasar de derechos nominales a derechos efectivos, de leer los derechos consagrados en la constitución a vivirlos en nuestro diario caminar.

Consideramos pues que el futuro de Medellín necesita ciudadanía y este ha sido nuestro esfuerzo, por tal motivo levantamos hoy nuestras exigencias de la mano de un compromiso por transformar la cotidianidad de nuestros territorios, el resto dependerá de ustedes, de la Administración Municipal y de su voluntad política para hacer juntos de Medellín un verdadero hogar para la vida.

 

Para esto, el gobierno local debe garantizar el acceso al agua potable y energía eléctrica de las familias más vulnerables de la ciudad; debe hacer conciencia de que este es un territorio con gran riqueza hidrográfica y energética, además de tener una empresa tan rentable como EPM; y por lo tanto esa riqueza debe ser redistribuida entre todos sus habitantes, garantizando el acceso a los servicios públicos básicos de forma gratuita o a muy bajos costos.

Para diciembre de 2011, 32.000 hogares en Medellín se encuentran desconectados del agua potable y 20.000 de energía eléctrica. Si multiplicamos estas cifras por cuatro, promedio de personas por familia y si además tenemos en cuenta el déficit de vivienda de la ciudad, ya que se presentan muchos casos de hogares en los que conviven dos o tres familias, tendremos un número significativo de personas sin uno o los dos servicios vitales para la vida digna.

A estos se suman los hogares que presentan déficit[i], en el acceso a los Servicios Públicos Domiciliarios (SPD), por estar ubicadas en zonas de alto riesgo o fuera del perímetro urbano y que no cuentan con redes de acueducto, alcantarillado y eléctricas para recibir los servicios de forma regular.

Viviendas sin energía 1.377
Viviendas sin acueducto 14.366
Viviendas sin alcantarillado 28.595
Viviendas sin recolección de basuras 11.546

En nuestra región se produce gran porcentaje de la energía que se consume en todo el país y EPM está construyendo el proyecto Pescadero Ituango que será destinado para la producción de energía de exportación, además de las microcentrales. Es paradójico que EPM, siendo una empresa de todos los medellinenses, con alta rentabilidad, aumento de la inversión en el extranjero y ocupando los primeros puestos de las empresas más grandes de Colombia, genere miles de hogares desconectados en su ciudad natal. A pesar de que los habitantes de Medellín y sus trabajadores dieron nacimiento y sostenimiento a la empresa, hoy en día estos siguen pagando tarifas muy altas de energía y agua que no se ajustan al salario mínimo ni al subempleo que prevalece en la ciudad.

Reconocemos que la causa estructural de la desconexión son los altos niveles de desempleo y pobreza en que se encuentra la ciudad. Sin embargo consideramos que los gobernantes no demuestran interés ni voluntad política para ejecutar programas o planes contundentes, de tal forma que las familias de bajos recursos económicos tengan acceso permanente a los servicios y a unos Mínimos Vitales de Agua y Energía.

Por lo tanto estamos proponiendo y exigiendo al PDM 2012-2015 la condonación de las deudas de los hogares desconectados de los estratos 1 y 2, en los servicios de agua potable y energía eléctrica, ya que sus deudas no suman los 40.000 millones de pesos, solamente el 2% de las regalías que EPM transfiere a la Alcaldía anualmente. Propendemos para que las familias que están en mora con EPM tengan tranquilidad y puedan gozar de sus viviendas en condiciones más dignas.

Por otra parte, el alcalde debe cumplir con los compromisos de su Programa de Gobierno en el que prometió la continuación del Mínimo Vital de Agua (MVA)  e implementar el Mínimo Vital de Energía Social. Exigimos respeto para con la comunidad, ya estamos cansados de las mentiras de los políticos.

La Administración también debe darle cumplimiento al acuerdo municipal del MVA, donde plantea el aumento paulatino por año para lograr mayor cobertura, lo que no está proyectado en este PDM al plantearse el indicador de resultado como meta 34.000 hogares, lo que demuestra el aumento con respecto a la administración anterior. Señalamos además que el actual programa “litros de amor” de la Alcaldía no asegura en su totalidad el mínimo vital, por ser tan reducida la cobertura.

La propuesta es un verdadero Mínimo Vital de Agua que beneficie a todos los hogares de los estratos 1 y 2 de Medellín, aproximadamente unos 300.000 hogares; además que cubra a los desconectados y a los usuarios de acueductos comunitarios. Para la implementación de esta política, la Administración deberá invertir anualmente la suma de 72.200 millones, lo que no representa ni siquiera el 1% del total del presupuesto anual del municipio, que oscila en los 3.4 billones de pesos.

También proponemos incluir una política de “kilovatios de dignidad”, es decir un Mínimo Vital de Energía para los estratos 1 y 2 de 130 kw/h para cada hogar por mes, que sea subsidiado por parte de la Administración Municipal. Su implementación le implicaría al municipio 93.300 millones anuales.

Muchos se preguntaran ¿de dónde puede salir el dinero para la implementación de estas propuestas? Sugerimos aumentar en un 10% el porcentaje de transferencias que EPM entrega a la Alcaldía, pudiéndose destinar aproximadamente 150.000 millones anuales para inversión en SPD. Esto es posible logarlo a través de un acuerdo municipal.

OBSERVACIONES AL PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES Y AL SISTEMA DE INDICADORES EN TEMAS DE HÁBITAT DEL PDM 2012-2015

Cuadro_1

Cuadro_2

 


[i] Datos tomados de la Encuesta SISBEN Medellín, septiembre de 2010.

 

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