En los últimos diez años, la propiedad horizontal se ha convertido en el medio más recurrente con el que la Administración municipal está desarrollando los procesos de reubicación de población, de aquellas familias beneficiarias de subsidios de vivienda nueva por ser víctimas del desplazamiento forzado, porque se encuentran en zonas de alto riesgo o porque son afectados por la construcción de obras públicas.

En poco tiempo, en Ciudadela Nuevo Occidente del corregimiento de San Cristóbal, integrada por 16 urbanizaciones, han sido reubicados alrededor de 50.000 moradores. En las urbanizaciones los Álamos y La Herradura de la comuna 4 (Aranjuez), la administración municipal ha reasentado a más de 1.800 personas y en el barrio La Cruz, comuna 3 (Manrique), fueron entregados en el mes de marzo 150 apartamentos como primera etapa del proyecto habitacional "Altos de La Cruz" que aspira construir 350 apartamentos. Aunque estos proyectos de vivienda se están realizando en diferentes puntos de la ciudad, tienen en común las denuncias de sus ocupantes que sufren severos impactos por la reubicación en este tipo de construcciones.

Muchas son las aspiraciones de las familias por tener una vivienda adecuada y segura, pero en dichos procesos de reubicación, los apartamentos asignados mediante subsidio, están generando entre otras consecuencias, la incapacidad económica de su sostenimiento, el acceso a servicios públicos domiciliarios de manera discontinua y la zozobra sobre la permanencia en dichas viviendas.

Las inconformidades más generalizadas son frente a la calidad en la construcción de los apartamentos, este factor que incluso fue objeto de estudio a finales de 2011 por la firma de ingeniería Incigam, en once proyectos habitacionales construidos por el ISVIMED, concluyó en recomendaciones a la Administración municipal sobre la inversión de 11 mil millones de pesos para la reparación de las barandas y las filtraciones en los apartamentos, sobre todo de los primeros y últimos pisos de los edificios, problemáticas que también se repiten en las urbanizaciones Álamos y La Herradura.

Así pues, en el último año habitantes de las urbanizaciones Las Flores y La Aurora de Ciudadela Nuevo Occidente, han denunciado las problemáticas generadas por las fallas en las acometidas de los servicios públicos domiciliarios, los defectos en la construcción de los apartamentos y el incremento del costo de vida en la población.

Los efectos de la reubicación en la economía de los hogares como una de las problemáticas más sentidas, está abocando a las familias cada vez con mayor rigor al empobrecimiento paulatino al ver incrementados sus gastos por pagos como administración y mantenimiento, mientras que los ingresos económicos siguen siendo para muchas familias los mismos e incluso inferiores, para quienes fueron reubicados a distancias considerables de sus tradicionales fuentes de ingresos.

Por lo visto, estos apartamentos no están diseñados para permitir la vida de las familias a bajos costos. Hay casos en Ciudadela Nuevo Occidente donde las familias solicitaron créditos a las entidades bancarias para pagar el cierre financiero y ante la incapacidad de pago, actualmente se encuentran inmersos en procesos ejecutivos hipotecarios y sus viviendas embargadas esperando la fecha del remate, perdiendo no solo la posibilidad de lograr cierta estabilidad y seguridad en la tenencia, sino el subsidio de vivienda que solo lo entrega una vez el Estado.
 

El acceso a los servicios públicos domiciliarios es también una situación que se presenta compleja. 

En Altos de La Cruz por ejemplo, la primera factura que recibieron los usuarios registraron por un consumo de 29 días de energía eléctrica (del 10 de abril al 8 de mayo) entre 150 y 600 kilovatios, asumiendo los costos de este servicio por valores superiores a $90.000 hasta $200.000 aun cuando están estratificados en el nivel 1.

Preocupa también los costos que se deben pagar por las zonas comunes. De 150 apartamentos que se construyeron, 45 que están habitados deben asumir el pago de las seis facturas de servicios por este concepto. Por el servicio de acueducto de 29 días de consumo, en una sola de las facturas se debe cancelar la suma de $223.999 de agua potable y 319.000 de alcantarillado, para un total de $543.693. Dicho costo genera inquietud en los habitantes, quienes se preguntan por qué deben pagar por servicios en áreas comunes que ni siquiera tienen.  A tan solo tres meses de habitar esta urbanización, muchas familias están sacrificando la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, para evitar el corte de los servicios públicos domiciliarios, aunque se avisora la desconexión en estos hogares.

Lo más grave de todo es que esta situación sigue siendo desconocida para la mayoría de postulantes a los subsidios de vivienda nueva, lo cual también es auspiciado por un silencio cómplice del Instituto de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED- dada la falta de información en el momento de ofertar los proyectos de vivienda, en su afán de reubicar el mayor número de personas en estos edificios.

Mientras en la ciudad de Medellín la Administración municipal, no reconozca las deficiencias en la calidad de la vivienda de interés prioritario que está construyendo y corrijan esos errores para las próximas construcciones, se seguirá satisfaciendo la necesidad de la vivienda de manera temporal, el problema habitacional será de nunca acabar, nuevos desplazamientos habrá de generarse por la incapacidad económica de las familias para mantenerse en su vivienda y serán las entidades bancarias quienes en última instancia, sean las receptoras de los subsidios de vivienda de orden nacional, departamental y municipal.

El derecho a la vivienda no se satisface simplemente con tener un apartamento en un proyecto habitacional, este derecho debe comportar condiciones como la habitabilidad, la sostenibilidad económica y la seguridad jurídica de la tenencia. En este sentido, el apoyo a la generación de ingresos es uno de los factores de mayor importancia en todo proceso de reasentamiento, de manera que las familias puedan gozar del derecho a la vivienda, pero más importante aun, satisfacer necesidades prioritarias como la alimentación.
 

Las comunidades que en este momento se encuentran en proceso de reubicación como los habitantes del sector El Morro de Moravia y los impactados por el proyecto Jardín circunvalar en la comuna 8, deben tener en cuenta estas experiencias para evitar que esos problemas se sigan presentando en las urbanizaciones que entregará el ISVIMED y se superen estas deficiencias planteando y ejecutando proyectos conjuntos -Comunidad-Estado- donde los beneficiarios de subsidios realmente puedan mejorar sus condiciones de vida y no terminen inmersos en la disyuntiva si comer o pagar servicios, o que ante la dificultad de mantenerse en estos apartamentos, terminen haciendo nulo el derecho de tener una vivienda propia.

 
 
 
 
 

 

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