Respondiendo a la necesidad de información sobre lo que ocurre en el contexto de Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el Oriente antioqueño, y buscando generar construcciones colectivas entre comunidades, organizaciones e instituciones en miras a abordar el tema como una política de gobierno; la Mesa de Derechos Humanos y Protección Humanitaria del Oriente Antioqueño presenta un informe en el que recoge el análisis de los casos de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH ocurridos en los 23 municipios de la subregión antioqueña entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008.

Pese a la permanente presencia de entidades responsables de DDHH y especialmente de la Dirección de DDHH y DIH de la Secretaría de Gobierno, que comparten el espacio de la Mesa con comunidades vulneradas, líderes sociales, organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales, y agencias internacionales en calidad de observadores, este Cuarto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en el Oriente Antioqueño, año 2008, no contó con la refrendación de la Gobernación de Antioquia en razón de “diferencias estructurales de orden institucional”, según explicaron.
Ya en la primera presentación del documento final, realizada el lunes 13 de julio en el Museo de Antioquia, Luz Dary Valencia, una de las integrantes de la Asociación de Víctimas del Oriente Antioqueño, afirmó que “para las víctimas del Oriente, es claro que aún no estamos en postconflicto, seguimos en conflicto”. Y agregó que “el tejido social hoy está deteriorado y es muy difícil volver a reestructurarlo, sobre todo cuando el tema de la confianza en nuestros municipios es tan difícil. Cómo tener confianza cuando aún vemos estructuras de grupos armados caminando en nuestras comunidades”.

Esta situación es recogida en dos de las observaciones del Informe. Se plantea, por un lado, que “según fuentes oficiales es evidente la presencia de grupos armados al margen de la ley (Águilas Negras) que operan en algunos municipios y donde el accionar de las autoridades no es el más efectivo para su control”, y por otro que “resulta inexplicable el resurgimiento de expresiones armadas relacionadas con el paramilitarismo y el auge de los cultivos ilícitos en medio de un territorio que se encuentra fuertemente cubierto por la Fuerza Pública”.

El análisis de la información oficial, documental y testimonial recogida en el Informe también ha dejado claro que si bien ha disminuido el índice de algunas violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario como la tortura, que no se ha reportado en el Oriente desde hace dos años, y el secuestro, del que no se registraron casos durante el año 2008, la población continúa siendo víctima de homicidios comunes y relacionados con el conflicto armado, ejecuciones extrajudiciales, abusos de autoridad de la Fuerza Pública, desaparición forzada; amenazas de grupos armados no identificados, grupos paramilitares y organizaciones guerrilleras; desplazamiento forzado, minas antipersonales, entre otros.

Los homicidios comunes y relacionados con el conflicto armado siguen generando constantes preocupaciones puesto que, “según la percepción de las comunidades, existe un factor que agudiza o complementa la situación de homicidios y es el auge en las disputas por el mercado de las drogas (…) en el que grupos delictivos luchan por ampliar sus áreas de acción”, recoge el Informe.

Con respecto a los casos de ejecuciones extrajudiciales “es absolutamente previsible que para el 2009 se registren nuevos casos con información de este año (2008) con la que no contamos”, señaló Fernando Valencia, miembro de la Mesa de de Derechos Humanos y Protección Humanitaria del Oriente Antioqueño, haciendo alusión a los doce casos ocurridos durante el 2007 y conocidos en el 2008.

Agrega Valencia, refiriéndose a las minas antipersonales, que “nos hemos encontrado con que a los desertores, capturados u otros positivos de la fuerza pública, no se les lleva a cumplir el compromiso de colaborar efectivamente con información de este tipo, que pudiera aliviar la situación de la población. La desmovilización de Karina, conocedora de toda la dinámica del Frente 47 de las FARC, nombrada gestora de paz, ya tendría que haberse traducido en unos hechos de alivio absoluto para la población del Oriente Antioqueño, en materia de ubicación de minados y fosas y devolución de secuestrados”, y agregó que “algunos militares poseen información de ubicación de minas, pero la consideran patrimonio militar y no entendemos por qué ocultan esta información en vez de demarcar los territorios para disminuir el riesgo de la población”.

El Informe también recoge una investigación sobre violencia sexual en 21 de los 23 municipios del Oriente antioqueño, realizada por la Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño (AMOR) y APROVIACI, donde señalan que éste comienza a parecer “como un problema grave que se presenta en sus múltiples manifestaciones no sólo en la vida privada por parte de los parientes cercanos, amigos de la familia o extraños; ahora también los distintos actores armados –incluida la fuerza pública- en cualquier lugar y hora cometen todo tipo de abusos contra mujeres, niñas y niños en las diferentes localidades de esta región”.

Las asociaciones de víctimas de la subregión y las autoridades municipales podrán conocer el Cuarto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en el Oriente Antioqueño, año 2008, mañana miércoles 15 de julio, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la Universidad Católica de Oriente.

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