Campesinos de las veredas La Cristalina, El Porvenir, El Roblal, El Cocuyo y El Retiro, que conforman el Cañón del Melcocho ubicado entre los Municipios de Carmen de Viboral y Cocorná, en la subregión del Oriente Antioqueño, denuncian ante organismos nacionales e internacionales, la constante vulneración de sus derechos fundamentales por parte de efectivos del Grupo de Caballería Mecanizada Nº4 “Juan del Corral” (GMJCO) adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, desde el mes de Diciembre de 2009.
 
HECHOS
 
1.      Soldados pertenecientes a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en compañía de cuatro reinsertados de grupos armados al margen de la ley, vienen sembrando minas antipersonales y organizando caletas con armas en los territorios de las comunidades del Cañón del Melcocho, con el fin de obtener privilegios y beneficios a raíz de los supuestos hallazgos. Esta práctica violatoria de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, configura una nueva modalidad de “falsos positivos” llevado a cabo por las Fuerzas Militares en su búsqueda de resultados y efectividad.  
 
2.      Las comunidades que habitan el Cañón del Melcocho afirman categóricamente, que en las zonas donde el Ejército y los reinsertados están realizando la siembra de minas antipersonales son zonas en las cuales se conoce que no existe la presencia de este tipo de armas ni el tránsito de la guerrilla; por el contrario, dichos lugares son áreas con un gran potencial en recursos hídricos y mineros que se presume prontamente serán explotados por poderosas empresas interesadas en este tipo de recursos.
 
3.      Durante los meses de Diciembre de 2009 y Enero de 2010, soldados del Grupo de Caballería Mecanizada Nº4 “Juan del Corral” (GMJCO), se encuentran realizando retenes y control de alimentos a los habitantes de las cinco veredas del Cañón del Melcocho, con el argumento de que una determinada cantidad de víveres va dirigida a la guerrilla. La ejecución de dicha práctica no es nueva, por el contrario es constante y reiterativa en los últimos años.
 
4.      No obstante la presencia de los retenes militares en la zona, es evidente el tránsito de personas ajenas y extrañas a las veredas que actúan bajo la aquiescencia de los militares, quienes ingresan insumos y material destinados a la fabricación de minas antipersonales y posiblemente destinados a laboratorios para la producción de coca.
 
5.      Esta serie de situaciones ha traído como consecuencia la estigmatización y el señalamiento de las comunidades del Cañón del Melcocho como miembros o colaboradores de la guerrilla o delincuencia organizada, poniendo en riesgo la integridad personal de cada uno de los habitantes de la zona que han permanecido y resistido en el territorio y que no han optado por el desplazamiento a pesar de las reiteradas agresiones del Ejército durante los últimos siete años, dentro de las cuales se registran insultos, lesiones, acceso carnal violento, hurto de ganado y ejecuciones extrajudiciales.
 
6.      En razón de ello, desde el 8 de febrero de 2010, uno de los habitantes del Cañón del Melcocho ha recibido amenazas contra de su vida por el intento de denuncia de las agresiones llevadas a cabo por el Grupo de Caballería Mecanizada Nº4 “Juan del Corral” (GMJCO) adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional. La persona que realiza estas amenazas ha sido identificada por habitantes del Cañon del Melcocho y manifiesta actuar de manera coordinada con integrantes de esta unidad militar.
 
Los hechos acaecidos desde el mes de diciembre de 2009 en el Cañón del Melcocho, se enmarcan dentro de la práctica sistemática de violación de derechos humanos de las comunidades campesinas en la subregión del Oriente Antioqueño por parte de las Fuerzas Militares durante los últimos siete años, circunstancia que desvirtúa la presunción de ser un hecho aislado.
 
Reafirmamos, que en primera instancia sobre el Estado Colombiano recae la responsabilidad de la protección de los Derechos Humanos, como bien lo prescriben las disposiciones constitucionales y los tratados y Convenios internacionales, toda vez que éste se erige como el sujeto responsable de velar y garantizar el cumplimiento de lo consagrado en la Constitución Política de 1991, y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y derechos internacional humanitario ante la comunidad internacional. Debido a ello, su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estos crímenes se sigan perpetrando.
 
Llamamos a la solidaridad de personas y organizaciones nacionales e internacionales, comprometidas con la defensa y promoción de los derechos humanos, para que se pronuncien en relación con estos hechos y exijan del Estado colombiano tomar las medidas necesarias para investigar los hechos, establecer las sanciones y garantizar la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes del oriente antioqueño, especialmente de la región del Cañón del Melcocho.

 

 

 

Copyright © 2013 Corporación Jurídica Libertad. Todos los derechos reservados.- Diseño y programación Interservicios s.a.s