El departamento de Antioquia, dividido en nueve subregiones, concentra su mayor riqueza hídrica y energética en la zona de embalses del Oriente, conformada por los municipios de Alejandría, Concepción, El Peñol, Granada, Guatapé, San Carlos y San Rafael, abastecedora de la tercera parte de la energía que consume el país.

Esta subregión es, además, la mayor despensa agropecuaria del departamento por su producción de hortalizas, papa y fríjol, y su riqueza en biodiversidad es nutrida por la variedad de sus climas. 

Sobran, entonces, razones para que muchos intereses se posen sobre su territorio. Durante largo tiempo se rumoró que el Oriente antioqueño estaba siendo invadido por empresas dedicadas a estudiar el caudal de los ríos con el objetivo de construir microcentrales de generación eléctrica.

El temor generalizado de sus habitantes ha pasado de las especulaciones a la realidad concreta. Hasta el momento se han tramitado en CORNARE 42 solicitudes para desarrollar proyectos hidroeléctricos en la región, 26 de ellos han sido aprobados.

Ya la explotación minera representaba un riesgo para el bienestar de los campesinos, ahora se suma una nueva preocupación por las concesiones de ríos y la generación de energía, cuyas negociaciones -bastante soterradas, por demás- generan infinidad de dudas entre sus pobladores.

El Tafetanes en la mira

Las aguas del río Tafetanes recorren de prisa el municipio de Granada, humedeciendo los campos, irrigando los cultivos y calmando la sed de los granadinos. Lamentablemente, se quejan algunos, la empresa privada ha puesto, también, su lupa sobre ellas.

Interesada en obtener la concesión para construir una microcentral hidroeléctrica sobre esta fuente hídrica, HMV Ingenieros Ltda. ha venido haciendo negociaciones con CORNARE. Su propuesta es generar hasta 9,9 megavatios de energía durante los próximos cincuenta años que, por la baja calibración, no pagaría transferencias al municipio y no generaría más de dos o tres empleos permanentes.

Las inquietudes alrededor de este tema se han centrado, entonces, en lo que este y otros proyectos pueden significar para el bienestar de los campesinos, y no es para menos. Precisamente por su riqueza, el Oriente Antioqueño ha sido foco de múltiples intereses que buscan apropiarse de las aguas para la industria energética, la concentración de la propiedad de la tierra para ganadería extensiva o siembra de bosques, y la instalación de circuitos turísticos.

Haciéndole frente a esta situación, las comunidades de la región se han venido organizando desde años atrás, manifestando su desacuerdo y exigiendo que se potencie el usufructo racional y colectivo de sus riquezas. La respuesta que han obtenido de parte de los gobiernos de turno ha sido la misma: persecución, exterminio de líderes y movimientos sociales, masacres y destierro.


En tela de juicio…

El pasado 20 de agosto se desarrolló, en las instalaciones de CORNARE, una audiencia pública, cuyo objetivo era dar a conocer a la comunidad el proceso de concesión de aguas del río Tafetanes, y aclarar las dudas sobre los impactos ambientales y las medidas con las que se prevendrían o compensarían. Así mismo, se invitó a la comunidad para que manifestara sus opiniones al respecto.

Pese a la confianza que manifiesta la empresa interesada, HMV Ingenieros Ltda., la comunidad se muestra reticente al proyecto. Nubia Gómez, representante de las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales, afirmaba que los habitantes del Oriente “no se han sentido depositarios de los beneficios de los proyectos energéticos que vienen desarrollándose en la región” y pregunta, entonces, “¿Cómo van a recompensar a las comunidades?”.
 
 
“Para nosotros el desarrollo no es sólo la construcción de proyectos, ni vías, ni aeropuerto, ni microcentrales, sino un proceso dirigido a generar cambios de actitud, en la manera de pensar, de decidir y de actuar. Hay que entender el desarrollo desde la percepción de los campesinos. Hace rato entendimos que estamos en medio de una riqueza y sin embargo no nos vemos beneficiados por ellas”, enfatizaba Libardo Aristizábal, de la Red de Asocomunales del Oriente.

Se cuestionaba, además, la manera en que se prevendrán situaciones como el desplazamiento, el uso que se le dará a los minerales de la zona, y la manera en que impactarán en la región los bonos de producción limpia conferidos por otros países.

En suma, los campesinos desconfían tanto de la empresa privada como de las instituciones del Estado que han manejado el asunto con tanta reserva, que buscan una generación de energía inferior a los 10 megavatios, evitando el pago de beneficios al municipio y a la comunidad –“ingeniería al servicio de la maña jurídica”, diría David Gonzalo Henao, habitante de la vereda Malpaso-, y que no han planteado “una propuesta formal de participación en el negocio, donde los campesinos sean accionarios y reciban dividendos”.

Proponían, entonces, detener la entrega de licencias y concesiones mientras se evalúan los impactos ambientales, económicos y sociales que han generado los embalses y que pueden producirse con los proyectos en lista; que las empresas demuestres su solidez financiera y el origen de sus capitales; reformar la ley 99 de 1993, aumentando el porcentaje de transferencias para la producción campesina del 6 al 8%; subsidiar totalmente el servicio de energía a las comunidades afectadas; y valorizar el agua como materia prima.

Frente a estas inconformidades, CORNARE se dice “dispuesta a seguir propiciando espacios de participación comunitaria” y se compromete con “evaluar los escritos aportados durante la audiencia y las observaciones formuladas por los intervinientes para tomar la decisión que mas favorezca al medio ambiente”.
 
 

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