ley-de-victimas

A cinco años de la creación de la ley de víctimas se hace un balance de sus aciertos y deshaciertos, avances y estancamiento. Adriana Arboleda, miembro de la Corporación Jurídica Libertad y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado presenta la ponencia que compartimos acontinuación 

 

Cordial saludo. En especial para las víctimas presentes, que siguen resistiendo, en medio de la adversidad, para hacer efectivos sus derechos. También para las organizaciones defensoras de derechos humanos y del movimiento social que hoy vuelven a estar en la mira de las estructuras criminales.

Mis agradecimientos para la Personería Municipal, la Dirección Territorial de la Unidad de Asistencia, Atención y Reparación Integral a las Víctimas y los Organismos de Cooperación Internacional, que han hecho posible este Foro municipal de víctimas  “incidir para reparar”. Lamento mucho la ausencia del  Concejo de Medellín y otras entidades encargadas del tema de víctimas que con su ausencia evidencian las dificultades para atender los reclamos y propuestas de las organizaciones de víctimas.

 

Quiero comenzar señalando que esta “conmemoración” se realiza en un contexto particular que evidencia que seguimos estando lejos de la paz y la reconciliación, pero que debemos insistir para parar la guerra. Todavía se siente el temor por el paro paramilitar que afectó, por lo menos, siete de las subregiones del departamento, incluyendo Medellín  —Urabá, Bajo Cauca, Nordeste, Suroeste, norte, occidente y Área Metropolitana— dando cuenta que el paramilitarismo está lejos de ser una sensación, que es una realidad expresada en poder militar, político y económico. Paro que pretendió ser minimizado y que no tuvo una respuesta oportuna por parte de la fuerza pública -que ha sido tan efectiva, en otras ocasiones, para controlar la protesta social- pero que esta vez brilló por su ausencia. Además hubo denuncias que señalan que algunos municipios alentaron a la comunidad para no salir a la calle y a los comerciantes para cerrar los negocios, contribuyendo eficazmente el propósito paramilitar.

En medio del paro, el Centro Democrático también realizó una protesta pacífica en contra del proceso de paz, donde se agitaron consignas preocupantes a favor de la impunidad contra los militares responsables de graves violaciones a los derechos humanos —como las ejecuciones extrajudiciales— y en contra de la restitución de tierras. Importante saber si los concejales de este partido, o la alcaldía de Medellín, comparten las misma o están a favor de los derechos de las víctimas, entre ellas las víctimas de crímenes de Estado.

Asistimos, también, a un alarmante incremento de acciones contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y líderes de organizaciones de víctimas, particularmente de reclamantes de tierra. El Programa Somos Defensores informó que en el 2015 las agresiones en el país crecieron un 10 %, principalmente las amenazas que fueron 539, seguidos de 63 asesinatos —doce de ellos en Antioquia—, 35 atentados y 26 detenciones arbitrarias.

Por su parte el Informe de Derechos Humanos del Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos[1], señala que durante enero y noviembre de 2015, en el departamento se cometieron 178 agresiones contra la labor de las y los defensores de derechos humanos y líderes sociales: 43 amenazas individuales, 44 desplazamientos forzados, 18 hostigamientos individuales, 17 hostigamiento a procesos colectivos, 12 señalamientos contra procesos colectivos, 12 homicidio y 12 judicializaciones. En lo que va de 2016 ya son 13 los defensores de derechos humanos asesinados en el país y las amenazas son la cotidianidad en nuestras organizaciones. Son preocupantes casos como los de La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño- CAHUCOPANA, la Asociación de Hermandades Agroecológicas y mineras de Guamocó– AHERAMIGUA en el nordeste y Bajo Cauca donde fue asesinado William Castillo el pasado 7 de marzo; la persecución a los líderes de la Asociación Campesina de San José de Apartadó donde se ha judicializado a ocho de sus líderes -entre ellos Laura Cataño y Arley Cartagena, además de la constante persecución a la Comunidad de Paz del mismo lugar. También el señalamiento y la persecución al Movimiento Ríos Vivos que también ha recibido amenazas para varios de sus líderes.

Pese a la anterior situación, ni la Gobernación ni el Ministerio del Interior, responden, ni asumen su compromiso en la Mesa Territorial de Garantías para defensores y líderes sociales. Tampoco han respondido a los compromisos asumidos con la Cumbre Agraria que sigue a la espera de concretar los acuerdos logrados en años pasados.

Nuestra preocupación es que la paz no va a ser posible si no hay un compromiso serio con las Garantías de No Repetición y para ello se requieren medidas efectivas, entre otras: 1. Un compromiso serio con el desmonte de todas las estructuras paramilitares, que siguen operando con total impunidad en el departamento y en el país. Tristemente, seguimos siendo líderes en la exportación del modelo represivo. 2. Tiene que haber una política de Estado para depurar la fuerza pública que, por vocación política o económica, sigue estando aliada con estas estructuras, garantizando la impunidad de los crímenes. 3. Se tiene que discutir la doctrina militar porque así como hubo una fuerza pública para la guerra, para la represión, ahora tendrá que demostrar que está para apoyar la paz y la reconciliación.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado ha propuesto que se conforme una Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición, que alerte, vigile, recomiende y haga seguimiento a las reformas institucionales que se deben hacer para evitar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos y derecho internacional humanitario, y el pleno y efectivo goce y respeto de los derechos humanos. La cual debe contar con una amplia participación de las víctimas y la asesoría de los órganos de protección internacional de derechos humanos.

Unido a la preocupación por las garantías de no repetición, está la situación sobre los pocos avances en la satisfacción de los derechos de las víctimas. Dado que no hay tiempo para desarrollar completamente este tema, diré que tenemos un gran desafío para definir los mecanismos para la implementación de los acuerdos del proceso en La Habana en el municipio y el departamento. La alcaldía de Medellín y el Concejo no pueden hacerse los de la vista gorda frente al tema. Deben habilitar espacios para que con las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y sociales, se discuta temas como la paz territorial y la forma de articular los mecanismos transicionales, entre otros: la Comisión de la Verdad y el esclarecimiento histórico, la política de recuperación de la memoria histórica o el acuerdo sobre la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

Un tema fundamental debe ser lo relacionado con la reparación integral. El gobierno nacional ha dicho que en el proceso de paz las víctimas son el centro, y, aunque ha habido avances, las víctimas siguen siendo vistas como objetos de atención y no como sujetos de derecho. Después de cinco años de la Ley 1448 de 2011, lo que queda claro es que la política pública que se ha diseñado es insuficiente y poco eficaz para garantizar que sea transformadora. Son muchos los obstáculos los que impiden una acción competente a favor de los derechos de las víctimas, haciendo imposible que las miles de víctimas superen su estado de vulnerabilidad. Algunas de las preocupaciones pueden resumirse en lo siguiente:

·         Existe un excesivo centralismo por un lado y una desarticulación institucional por el otro. Parece contradictorio, pero el Sistema de atención y reparación a las víctimas ha involucrado a toda la institucionalidad pública y existen pocos espacios para unificar las agendas y la intervención en los territorios. Un ejemplo de ello ha sido el tema de la búsqueda de los desaparecidos de la Comuna Trece donde no se ha logrado estructurar un Plan de Búsqueda porque dependemos de los tiempos y mecanismos de la alcaldía, el Ministerio del Interior o la Fiscalía General de la Nación, entre otros. Los entes territoriales culpan a la Unidad de los pocos avances, pero olvidan su responsabilidad en el proceso. Existe una burocracia que repite procesos y genera revictimización, desconfianza y cansancio en las víctimas, que acuden a múltiples actividades, pero reclaman mayores avances en la satisfacción de sus derechos.

 

·         El enfoque de derechos humanos y de víctimas se ha venido incorporando a los planes de desarrollo, pero sigue siendo insuficiente, desarticulados de la política pública o con muchas acciones, pero poco presupuesto para hacerlas efectivas. En el caso de Medellín, si bien el Plan de desarrollo el tema se recoge el enfoque, la Mesa de Participación de Víctimas ha señalado que es necesario concretar los indicadores de impacto, especialmente en lo referente a la necesidad de aumento del presupuesto, la microfocalización rural, urbana, la atención a poblaciones especiales y la necesidad de avanzar en el tema de reparación colectiva. Se requieren estrategias y procesos que permitan la satisfacción plena de los derechos a mediano y largo plazo, permitiendo una verdadera transformación en la calidad de vida de las víctimas.

 

·         Es difícil pensar en que las víctimas superen el estado de vulnerabilidad, si las condiciones para la satisfacción de sus derechos no son la prioridad en la inversión social. Está bien el desmonte de las ayudas humanitarias, pero ello debe ir acompañado de políticas que avancen en la superación de las condiciones de extrema pobreza. Se requiere ampliar el presupuesto para tal fin, logrando resolver problemáticas como el del empleo, generación de ingresos y la falta de vivienda, temas de especial preocupación para todos los sobrevivientes.

 

·         El Registro Único de Víctimas ya reconoce que cerca del 12 % de las víctimas son de Antioquia. Sólo en Medellín son más de medio millón. De ellas solo se han indemnizado alrededor de 187 mil y la información que ha entregado el Director Territorial de Antioquia, Jorge Mario Álzate, es que las indemnizaciones en el departamento en el 2016 serán entre 16.000 y 20.000, con un valor cercano a los 100 mil millones de pesos. Aunque es un gran recurso, es muy precario en relación con la cantidad de víctimas y sus expectativas. Hay que decir que ninguna política pública funciona sin recursos. De ahí la importancia del proceso de paz y la discusión sobre el papel de la fuerza pública, porque no se puede seguir invirtiendo el mismo presupuesto para la guerra después de la firma de los acuerdos. Por el contrario, se debe garantizar que dichos recursos refuercen el presupuesto necesario para atender a las víctimas.

 

En conclusión. Es necesario discutir la política Pública para la atención y reparación de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado, porque al paso que vamos se requerirán década para tal fin. Es urgente que se avance en garantías de no repetición. La  política pública tiene que diseñar mecanismos efectivos para la prevención, en especial de los crímenes de desaparición y desplazamiento forzado, que siguen afectando la ciudad de Medellín.

Finalmente decir, que apoyamos el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, celebramos el inicio de negociación con el ELN, pero exigimos que unido a la participación activa de las víctimas, se avance en garantizar la eficacia de los derechos de las víctimas, los cuales no pueden estar supeditados a la firma de los acuerdos.

 



[1]
            [1] Estado de los Derechos Humanos en Antioquia 2015 ¡Entre el sueño de la paz y la continuidad de la guerra! http://cjlibertad.org/publicaciones/105-informes/1108-estado-de-los-derechos-humanos-en-antioquia-2015-informe-completo.html

Cordial saludo. En especial para las víctimas presentes, que siguen resistiendo, en medio de la adversidad, para hacer efectivos sus derechos. También para las organizaciones defensoras de derechos humanos y del movimiento social que hoy vuelven a estar en la mira de las estructuras criminales.

 

Mis agradecimientos para la Personería Municipal, la Dirección Territorial de la Unidad de Asistencia, Atención y Reparación Integral a las Víctimas y los Organismos de Cooperación Internacional, que han hecho posible este Foro municipal de víctimas  “incidir para reparar”. Lamento mucho la ausencia del  Concejo de Medellín y otras entidades encargadas del tema de víctimas que con su ausencia evidencian las dificultades para atender los reclamos y propuestas de las organizaciones de víctimas.

 

Quiero comenzar señalando que esta “conmemoración” se realiza en un contexto particular que evidencia que seguimos estando lejos de la paz y la reconciliación, pero que debemos insistir para parar la guerra. Todavía se siente el temor por el paro paramilitar que afectó, por lo menos, siete de las subregiones del departamento, incluyendo Medellín  —Urabá, Bajo Cauca, Nordeste, Suroeste, norte, occidente y Área Metropolitana— dando cuenta que el paramilitarismo está lejos de ser una sensación, que es una realidad expresada en poder militar, político y económico. Paro que pretendió ser minimizado y que no tuvo una respuesta oportuna por parte de la fuerza pública -que ha sido tan efectiva, en otras ocasiones, para controlar la protesta social- pero que esta vez brilló por su ausencia. Además hubo denuncias que señalan que algunos municipios alentaron a la comunidad para no salir a la calle y a los comerciantes para cerrar los negocios, contribuyendo eficazmente el propósito paramilitar.

 

En medio del paro, el Centro Democrático también realizó una protesta pacífica en contra del proceso de paz, donde se agitaron consignas preocupantes a favor de la impunidad contra los militares responsables de graves violaciones a los derechos humanos —como las ejecuciones extrajudiciales— y en contra de la restitución de tierras. Importante saber si los concejales de este partido, o la alcaldía de Medellín, comparten las misma o están a favor de los derechos de las víctimas, entre ellas las víctimas de crímenes de Estado.

 

Asistimos, también, a un alarmante incremento de acciones contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y líderes de organizaciones de víctimas, particularmente de reclamantes de tierra. El Programa Somos Defensores informó que en el 2015 las agresiones en el país crecieron un 10 %, principalmente las amenazas que fueron 539, seguidos de 63 asesinatos —doce de ellos en Antioquia—, 35 atentados y 26 detenciones arbitrarias.

 

 

Por su parte el Informe de Derechos Humanos del Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos[1], señala que durante enero y noviembre de 2015, en el departamento se cometieron 178 agresiones contra la labor de las y los defensores de derechos humanos y líderes sociales: 43 amenazas individuales, 44 desplazamientos forzados, 18 hostigamientos individuales, 17 hostigamiento a procesos colectivos, 12 señalamientos contra procesos colectivos, 12 homicidio y 12 judicializaciones. En lo que va de 2016 ya son 13 los defensores de derechos humanos asesinados en el país y las amenazas son la cotidianidad en nuestras organizaciones. Son preocupantes casos como los de La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño- CAHUCOPANA, la Asociación de Hermandades Agroecológicas y mineras de Guamocó– AHERAMIGUA en el nordeste y Bajo Cauca donde fue asesinado William Castillo el pasado 7 de marzo; la persecución a los líderes de la Asociación Campesina de San José de Apartadó donde se ha judicializado a ocho de sus líderes -entre ellos Laura Cataño y Arley Cartagena, además de la constante persecución a la Comunidad de Paz del mismo lugar. También el señalamiento y la persecución al Movimiento Ríos Vivos que también ha recibido amenazas para varios de sus líderes.

 

Pese a la anterior situación, ni la Gobernación ni el Ministerio del Interior, responden, ni asumen su compromiso en la Mesa Territorial de Garantías para defensores y líderes sociales. Tampoco han respondido a los compromisos asumidos con la Cumbre Agraria que sigue a la espera de concretar los acuerdos logrados en años pasados.

 

Nuestra preocupación es que la paz no va a ser posible si no hay un compromiso serio con las Garantías de No Repetición y para ello se requieren medidas efectivas, entre otras: 1. Un compromiso serio con el desmonte de todas las estructuras paramilitares, que siguen operando con total impunidad en el departamento y en el país. Tristemente, seguimos siendo líderes en la exportación del modelo represivo. 2. Tiene que haber una política de Estado para depurar la fuerza pública que, por vocación política o económica, sigue estando aliada con estas estructuras, garantizando la impunidad de los crímenes. 3. Se tiene que discutir la doctrina militar porque así como hubo una fuerza pública para la guerra, para la represión, ahora tendrá que demostrar que está para apoyar la paz y la reconciliación.

 

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado ha propuesto que se conforme una Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición, que alerte, vigile, recomiende y haga seguimiento a las reformas institucionales que se deben hacer para evitar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos y derecho internacional humanitario, y el pleno y efectivo goce y respeto de los derechos humanos. La cual debe contar con una amplia participación de las víctimas y la asesoría de los órganos de protección internacional de derechos humanos.

 

Unido a la preocupación por las garantías de no repetición, está la situación sobre los pocos avances en la satisfacción de los derechos de las víctimas. Dado que no hay tiempo para desarrollar completamente este tema, diré que tenemos un gran desafío para definir los mecanismos para la implementación de los acuerdos del proceso en La Habana en el municipio y el departamento. La alcaldía de Medellín y el Concejo no pueden hacerse los de la vista gorda frente al tema. Deben habilitar espacios para que con las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y sociales, se discuta temas como la paz territorial y la forma de articular los mecanismos transicionales, entre otros: la Comisión de la Verdad y el esclarecimiento histórico, la política de recuperación de la memoria histórica o el acuerdo sobre la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

 

Un tema fundamental debe ser lo relacionado con la reparación integral. El gobierno nacional ha dicho que en el proceso de paz las víctimas son el centro, y, aunque ha habido avances, las víctimas siguen siendo vistas como objetos de atención y no como sujetos de derecho. Después de cinco años de la Ley 1448 de 2011, lo que queda claro es que la política pública que se ha diseñado es insuficiente y poco eficaz para garantizar que sea transformadora. Son muchos los obstáculos los que impiden una acción competente a favor de los derechos de las víctimas, haciendo imposible que las miles de víctimas superen su estado de vulnerabilidad. Algunas de las preocupaciones pueden resumirse en lo siguiente:

 

·         Existe un excesivo centralismo por un lado y una desarticulación institucional por el otro. Parece contradictorio, pero el Sistema de atención y reparación a las víctimas ha involucrado a toda la institucionalidad pública y existen pocos espacios para unificar las agendas y la intervención en los territorios. Un ejemplo de ello ha sido el tema de la búsqueda de los desaparecidos de la Comuna Trece donde no se ha logrado estructurar un Plan de Búsqueda porque dependemos de los tiempos y mecanismos de la alcaldía, el Ministerio del Interior o la Fiscalía General de la Nación, entre otros. Los entes territoriales culpan a la Unidad de los pocos avances, pero olvidan su responsabilidad en el proceso. Existe una burocracia que repite procesos y genera revictimización, desconfianza y cansancio en las víctimas, que acuden a múltiples actividades, pero reclaman mayores avances en la satisfacción de sus derechos.

 

·         El enfoque de derechos humanos y de víctimas se ha venido incorporando a los planes de desarrollo, pero sigue siendo insuficiente, desarticulados de la política pública o con muchas acciones, pero poco presupuesto para hacerlas efectivas. En el caso de Medellín, si bien el Plan de desarrollo el tema se recoge el enfoque, la Mesa de Participación de Víctimas ha señalado que es necesario concretar los indicadores de impacto, especialmente en lo referente a la necesidad de aumento del presupuesto, la microfocalización rural, urbana, la atención a poblaciones especiales y la necesidad de avanzar en el tema de reparación colectiva. Se requieren estrategias y procesos que permitan la satisfacción plena de los derechos a mediano y largo plazo, permitiendo una verdadera transformación en la calidad de vida de las víctimas.

 

·         Es difícil pensar en que las víctimas superen el estado de vulnerabilidad, si las condiciones para la satisfacción de sus derechos no son la prioridad en la inversión social. Está bien el desmonte de las ayudas humanitarias, pero ello debe ir acompañado de políticas que avancen en la superación de las condiciones de extrema pobreza. Se requiere ampliar el presupuesto para tal fin, logrando resolver problemáticas como el del empleo, generación de ingresos y la falta de vivienda, temas de especial preocupación para todos los sobrevivientes.

 

·         El Registro Único de Víctimas ya reconoce que cerca del 12 % de las víctimas son de Antioquia. Sólo en Medellín son más de medio millón. De ellas solo se han indemnizado alrededor de 187 mil y la información que ha entregado el Director Territorial de Antioquia, Jorge Mario Álzate, es que las indemnizaciones en el departamento en el 2016 serán entre 16.000 y 20.000, con un valor cercano a los 100 mil millones de pesos. Aunque es un gran recurso, es muy precario en relación con la cantidad de víctimas y sus expectativas. Hay que decir que ninguna política pública funciona sin recursos. De ahí la importancia del proceso de paz y la discusión sobre el papel de la fuerza pública, porque no se puede seguir invirtiendo el mismo presupuesto para la guerra después de la firma de los acuerdos. Por el contrario, se debe garantizar que dichos recursos refuercen el presupuesto necesario para atender a las víctimas.

 

En conclusión. Es necesario discutir la política Pública para la atención y reparación de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado, porque al paso que vamos se requerirán década para tal fin. Es urgente que se avance en garantías de no repetición. La  política pública tiene que diseñar mecanismos efectivos para la prevención, en especial de los crímenes de desaparición y desplazamiento forzado, que siguen afectando la ciudad de Medellín.

 

Finalmente decir, que apoyamos el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, celebramos el inicio de negociación con el ELN, pero exigimos que unido a la participación activa de las víctimas, se avance en garantizar la eficacia de los derechos de las víctimas, los cuales no pueden estar supeditados a la firma de los acuerdos.

 

 



[1]
            [1] Estado de los Derechos Humanos en Antioquia 2015 ¡Entre el sueño de la paz y la continuidad de la guerra! http://cjlibertad.org/publicaciones/105-informes/1108-estado-de-los-derechos-humanos-en-antioquia-2015-informe-completo.html

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