Familiares de la vereda La esperanza

 Familiares de las víctimas de la vereda La Esperanza, Carmen de Viboral Antioquia

El caso de los desaparecidos de la vereda La Esperanza del municipio El Carmen de Viboral, en Antioquia, llegó a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual realizará audiencia este martes 21 y miércoles 22 de junio del presente año en Costa Rica.

Los hechos  por los que será juzgado el Estado colombiano son los ocurridos entre junio y diciembre del año 1996 en esta vereda, donde de manera sistemática fueron desaparecidos doce campesinos habitantes de la misma y asesinado uno más.

Dentro de las víctimas se encuentran Aníbal de Jesús Castaño Gallego, Oscar Hemel Zuluaga, Miguel Ancizar Cardona Quintero ambos de 16 años, Juan Crisóstomo Cardona, de 12 años y hermano de Miguel Ancizar; Juan Carlos Gallego Hernández, de 26 años  promotor de salud y catequista; Irene de Jesús Gallego de 17 años de edad;  Jaime Alonso Mejía; Javier Giraldo Giraldo quien fue asesinado por oponer resistencia para ser montado a un vehículo en el que tenían otras víctimas; Hernando de Jesús Castaño, Octavio de Jesús Gallego, Orlando de Jesús Muñoz Castaño testigo de los hechos ocurridos el 26 de junio de ese año en donde se llevaron a Irene; Leónidas Cardona Giraldo y Andrés Antonio Gallego de 65 años.

Desde hace 20 años, momento en el que se realizaron las desapariciones más de 120 familiares han emprendido una lucha constante por conocer la verdad de lo ocurrido, exigir justicia y por buscar a sus desaparecidos. Para Flor Gallego Hernández, esposa de Hernando de Jesús Castaño y hermana de Juan Carlos y Octavio Gallego Hernández, desparecidos, las expectativas que tiene en la audiencia que se realizará son altas “Como familiares tenemos expectativas en la audiencia que se realizará, esperamos que el Estado pueda reconocer su culpa, reconocer lo que cometió el Ejército, pero sobre todo tenemos como expectativa que podamos conocer la verdad, que los paramilitares y los demás implicados reconozcan lo que hicieron, que esto sea parte de una verdadera reparación integral y colectiva. No podemos esperar más, ya son 20 años de impunidad” señaló

La investigación penal que se adelanta aún no ha logrado la identificación e individualización de todos los autores materiales e intelectuales de los hechos. El proceso se abrió en contra del jefe paramilitar de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio Ramón Isaza Arango y del Mayor del ejército Carlos Alberto Guzmán Lombana, a quien la Fiscalía no dictó nunca medida de aseguramiento y sin que hasta la fecha se haya proferido una decisión de fondo que califique la investigación.

La Corporación Jurídica Libertad, organización que acompaña este proceso con las víctimas, manifiesta que tras 20 años de lo ocurrido el caso aún sigue en la impunidad, puesto que no se ha determinado los responsables directos, ya que el postulado a la ley de Justicia y Paz Ramón Isaza, manifestó en sus versiones asuntos pocos precisos para esclarecer sus hechos; en primeras versiones aseguró no saber nada de lo ocurrido y luego señaló a 3 de sus hombres muertos, como responsables del hecho, así como a el Brigadier General Alfonso Manosalva Flores, perteneciente a la Cuarta Brigada, también fallecido.

Como aliados para presentar el caso ante las instancias internacionales, los familiares de las víctimas y la Corporación Jurídica Libertad han contado con la ayuda del Centro por la Justicia y el derecho Internacional CEJIL,  organización defensora de derechos humanos y quienes impulsaron el litigio del caso ante el Sistema Interamericano.

Por otra parte manifiestan los abogados de la CJL quienes llevan el caso ante las diferentes instancias, que la Fiscalía no ha trazado una ruta para investigar a los mandos militares responsables en los hechos, ni tampoco ha esclarecido la convivencia entre la fuerza pública y los paramilitares. De la misma forma los familiares de la vereda La Esperanza, han reiterado que durante estos años no ha existido un plan de búsqueda integral que permita encontrar a sus desaparecidos.

Ley de Justicia y Paz o ley de impunidad

Durante varios años los familiares de las víctimas de la vereda La Esperanza han acudido a la ley de justicia y paz como un escenario que les permita conocer la verdad de los hechos, así fue como acudieron masivamente a la diligencia de versión libre programada por el Despacho Segundo de la Unidad Nacional de Justicia y Paz con el postulado Ramón Isaza Arango, el día dieciséis de octubre de dos mil ocho, en la cual se les informó se abordaría el hecho víctimizante; cuando se esperaba que el señor Ramón María Isaza Arango aportara información que permitiera esclarecer los hechos y sobre todo conocer la suerte de los desaparecidos de la  Vereda La Esperanza, este postulado optó por incumplir su compromiso de aportar eficazmente al derecho inalienable de la sociedad y las víctimas a la Verdad.

Así mismo en diligencias con otros postulados de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, estos se han limitado a aceptar la responsabilidad, sin señalar miembros de la Fuerza Pública que hubieran podido colaborar o determinar las desapariciones, como el caso de los militares del Batallón número 42 Héroes de Barbacoas, ubicado en el corregimiento La Piñuela del municipio de Cocorná a quienes se les vio según los campesinos de la zona participar de los hechos. En cuanto a la labor de búsqueda de las víctimas, los paramilitares se han limitado a enumerar los posibles lugares de inhumación a pesar de que en versiones incluidas se hubiera señalado por el mismo Ramón Isaza Arango que los cuerpos habrían sido arrojados a diferentes ríos de la zona.

Esta actuación es igualmente una prueba fehaciente de la inoperancia de la Ley de Justicia y Paz como mecanismo para que la sociedad y las victimas accedan a la verdad, toda vez que la búsqueda del esclarecimiento de los hechos se reduce a lo reconocido por los postulados a los beneficios de la ley 975 del 2005 en sus versiones libres.

La verdad entregada sobre los orígenes de las desapariciones forzadas solo se limita a señalar como responsables a  militares y paramilitares fallecidos, lo que no le permite a las víctimas conocer la verdad de los hechos y a que a la vista los deja impune, pues sumado a los testimonios confusos otorgados por los postulados la Fiscalía no ha esclarecido dichas versiones.

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