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El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) celebra la puesta en marcha de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), que hoy el presidente de la República, Juan Manuel Santos, hizo efectiva a través de la firma de un decreto presidencial.

Su creación ha sido una de las principales reivindicaciones de las víctimas de crímenes de Estado en su lucha por conocer la verdad completa sobre los hechos de violencia contra sus seres queridos, las circunstancias específicas de lo ocurrido, la identidad de los responsables y partícipes, así como sus motivaciones. La verdad es garantía de no repetición.

El Estado ha sido y sigue siendo uno de los principales responsables del conflicto armado interno y la violencia sociopolítica en Colombia. En ese sentido, los organismos de inteligencia han sido responsables de graves violaciones a los derechos humanos, que han alimentado la dinámica de violencia y represión contra el movimiento social y popular, motivados por los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional y sus concepciones sobre el “enemigo interno”.

Un ejemplo claro de esto es la sistemática persecución que el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) llevó a cabo entre el año 2003 y 2008 contra 300 personas catalogadas como amenaza para la seguridad nacional, entre ellas, defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas y miembros de la oposición, según reconoció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe Anual para el año 2009.

Es por ello que exigimos la apertura y depuración de toda la documentación de inteligencia y contrainteligencia, así como su presentación ante la CEV, como garantía de acceso a la verdad y como ejercicio de memoria y no repetición para el conjunto de la sociedad colombiana. En el decreto que regula la CEV, el Estado sigue eludiendo su responsabilidad en el conflicto armado y su compromiso con el esclarecimiento de la verdad al negar la posibilidad de conocer los archivos de inteligencia y contrainteligencia que reposan en su poder.

Otros procesos de justicia transicional adelantados en el mundo han demostrado que el acceso a este tipo de documentación es clave para esclarecer la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y garantizar los derechos de las víctimas.

En ese sentido, exigimos al presidente de la República que haga efectiva la facultad que le otorga la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia para desclasificar dichos archivos. Este es el momento para que el presidente demuestre su compromiso con la reconciliación. La apertura de los archivos de inteligencia contribuye al efectivo ejercicio de los derechos de las víctimas del conflicto, así como a la construcción de la memoria individual y colectiva.  La sociedad tiene el derecho a conocer la verdad.

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