Foto bajada de Internet
foto tomada de internetA raíz de una acción de tutela interpuesta hace aproximadamente 2 meses debido a la sobrepoblación que hay actualmente en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín, antes Cárcel Bellavista y en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Medellín Pedregal, se prohibió el ingreso de imputados a los que los Jueces de Contro de Garantías les han proferido Medida de Aseguramiento de Detención Intramural, se determinó además el traslado de los condenados recluidos en Pedregal.  Pero como no hay un establecimiento penitenciario que los reciba, los que han ido evacuando son llevados a los calabozos de paso del Centro Administrativo La Alpujarra, donde actualmente se encuentran hacinados.

En consecuencia, estos hombres están en condiciones de salubridad lamentables, un espacio habilitado para 20 personas, alberga en el momento más de 130; sin duchas, sin asistencia alimentaria, con enfermedades infecciosas y hasta con un enfermo de tuberculosis, esta situación se ha convertido en una una bomba de tiempo.  Pese a que existe una figura legal sobre la suspensión de la medida privativa de la libertad para personas con enfermedades graves, no se hace nada y por el contrario se evidencia una grave situación de violación a sus derechos humanos. Están a la buena voluntad y capacidad de sus familiares, que en su mayoría son personas de muy bajos recursos.
 
Pero la maquinaria punitiva del estado que es muy eficiente sigue emitiendo ordenes de captura, medidas de aseguramiento y condenas, “todo delito es entendido desde un criterio de peligrosidad y a partir de eso la medida de aseguramiento es abusada por parte de los Jueces de Control de Garantias que aceptan la solicitud de las Fiscalías para estos fines” afirmó Leyder Humberto Perdomo Ramirez, vocero de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. “Es inconcebible que la gente que esta privada de la libertad y además enferma sea objeto de un tratamiento inhumano que lo que hace es vulnerar sus derechos”, agregó Leyder.  
 
Y la responsabilidad no recae sobre nadie, los Jueces de Ejecucion de Penas y Medidas convocan a todas  las autoridades para que procedan a hacer algo, el INPEC por su parte se limita a acatar las ordenes de los Jueces de Tutela, y los órganos de control no hacen más que constatar esta grave situación, pero no se toman las medidas de política criminal  que permitan resolver este problema estructural.  
 
Este gobierno, autor de la Ley de Seguridad Ciudadana, hizo estallar la demografía  penitenciaria y carcelaria, lo que nos lleva a concluir que es un problema de voluntad política, de creencia ciega en el derecho penal y de la utilización del mismo como un mecanismo para legitimar sus políticas de Estado.  El problema es mucho más grave,  los  Jueces de Control de Garantías en la mayoría de los casos avalan capturas cuestionadas en su legalidad y acatan acríticamente las solicitudes de medida de aseguramiento impetradas por los Delegados de la Fiscalía General de la Nación. 
 
El problema es entonces de politica criminal. La solución aquí no es de incrementar el presupuesto para hacer más cárceles o ampliar las que ya existen. Lo que falta es voluntad política por parte del Estado para asumir el conflicto social colombiano y dejarlo de ver como un problema punitivo que se soluciona con cárceles.  Hay que entender la medida de aseguramiento como un último recurso y acudir a normas alternativas al aseguramiento en la prisión.

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