1.030 casos de agresión contra manifestantes por parte de por la fuerza pública y paramilitares en Antioquia.

¿QUIÉN DIO LA ORDEN?

Desde el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes, Lideresas, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas y La Campaña No + Derechos Vulnerados por los Uniformados, hacemos publico el balance de las jornadas de protesta que iniciaron el 28 de abril y se han extendido hasta el 3 de mayo. Estas se han concentrado principalmente en Medellín, Bello, Copacabana, Sabaneta, Envigado, Itagüí, oriente Antioqueño y se registró movilización en algunos municipios del Bajo Cauca.
Con gran preocupación denunciamos que en estos seis días de protestas hemos registrado 1.030 casos de agresión de acuerdo a la información allegada, las llamadas y denuncias recibidas.

Tipo de hechosCantidad
Contra los manifestantes
Asesinatos2
Privaciones de la libertad659
Desaparecidas60
Torturas79
Judicializaciones39
Lesiones personales23
Empadronamientos5
Amenazas3
Comparendos13
Hurtos6
Contra la protesta social
Hostigamientos17
Uso inadecuado de armas de menor letalidad12
Agresiones indiscriminadas15
Obstrucción del derecho a la protesta1
Militarización de la protesta social14
Disparos con armas de fuego11
Presencia paramilitar6
Porte armas de fuego6
Incumplimientos de los Acuerdos1
Agresiones contra defensores y defensoras de los DDHH
Lesiones Personales5
Privación arbitraria de la Libertad4
Obstrucción a la labor13
Amenazas11
Empadronamientos1
Estigmatización5
Hurtos8
Hostigamientos2
Intento privación de la libertad1
Daño en bien privado1
Contra personal médico
Lesiones personales3
Privaciones de la libertad1
Contra la prensa
Obstrucción a la labor2
Hurto de equipos1
Total1030

La decisión del gobierno nacional de reprimir la protesta social se viene cumpliendo a cabalidad, las administraciones locales han guardado un silencio aterrador frente a este contexto de terror al cual se ha sometido a las y los manifestantes; lo acontecido en Colombia

y en Antioquia, es nuevamente evidencia suficiente que en este país urge acabar con la doctrina contrainsurgente, una reforma al cuerpo de Policía Nacional, el desmonte del
ESMAD y lograr la independencia del Ministerio Público y la Fiscalía hoy capturado por el gobierno de Iván Duque, quien con esto asegura la impunidad frente a los graves crímenes cometidos por la fuerza pública en estas jornadas de lucha social.
Comportamiento de la Fuerza pública: la fuerza pública, Policía Nacional ha sido el principal responsable de las graves violaciones a los derechos humanos acontecidas durante estos seis días. Durante los seis días de jornada la policía no solo ha empleado armas de letalidad menor sino que ha disparado sus armas de fuego contra la vida e integridad de quienes se manifiestan en las calles. El asesinato de 2 civiles en medio del contexto a la protesta demuestra que la Policía Nacional es un peligro para las y los ciudadanos que salen a ejercer sus derechos.
La privación de la libertad continúa siendo la principal agresión reportada en las jornadas a esto se suman las judicializaciones de manifestantes, a quienes en algunos casos les han dictado medida de aseguramiento. Es preocupante el alto número de víctima de Lesiones personales y de Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Varias personas que han sido torturadas han tenido que acudir a los hospitales y a medicina legal por la gravedad de los golpes. Este comportamiento ya ha sido denunciado no solo en esta jornada sino en otras protestas sociales, y a la fecha se desconoce de sanciones contra los policiales responsables y de medidas efectivas de prevención institucional para que esto se repita.
Por su parte el Ejército Nacional ha salido a las calles a hostigar con su presencia y a realizar requisas indebidas y privaciones de la libertad. Han obligado a las y los jóvenes a subir a los camiones para posteriormente trasladarlos a CAI y en algunos casos incomunicarlos por varias horas.

Personas reportadas como posibles víctimas de desaparición forzada: hemos recibido reportes de personas que, estando participando pacíficamente en las protestas, fueron detenidos en forma arbitraria y privados de la libertad. Posteriormente son conducidas a lugares de detención como el CTP y los CAI, donde han sido incomunicadas, quitándoles sus teléfonos móviles o negándose el derecho a comunicarse con sus familias. Asimismo, a los defensores de derechos humanos se les niega información cuando han indagado a la Fuerza Pública por su paradero de los manifestantes.

La anterior conducta se enmarca en la definición de la Convención Internacional de Protección contra las Desapariciones Forzadas suscrita por Colombia (Ley 1408 de 2010): “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa

a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

Las personas que nos han sido denunciadas como presumiblemente desaparecidas han sido privadas de la libertad por agentes de la Policía, del ESMAD, del ejército y de civiles que han prestado su apoyo a la Fuerza Pública en los actos de represión.

Se destaca que ha sido recurrente por parte de la Policía el no dar información del lugar donde son trasladadas las víctimas. No han llevado un registro oficial de las personas privadas de la libertad ni por parte de la Fuerza Pública, ni por el Ministerio Público. Sabemos que la alcaldía de Medellín está organizando una base de datos, pero esta no es pública y por tanto es difícil un trabajo conjunto de contrastación.

Como mecanismo de impunidad se ha encontrado que la Policía Nacional registra en algunas ocasiones erróneamente los nombres de las personas que han privado de la libertad, y cuando las y los defensores preguntan por las víctimas, la policía sostiene que no están en el CTP o CAI, posteriormente cuando algunos recobran la libertad han informado que sí habían estado detenidos por la Policía.

Del número de personas reportadas como desaparecidas, 20 han sido dejadas en libertad horas o días después. Las mismas reportan que han sido también víctimas de tortura y tratos inhumanos y degradantes. En el caso de Sebastián Páramo Álamo, éste fue dejado en libertad por la SIJIN y posteriormente recapturado por el Ejército. Es decir, las y los jóvenes dejados en libertad no han contado con garantías de protección de su vida, seguridad y dignidad, ni durante el tiempo en que estuvieron detenidos en forma clandestina, ni después.

Al cierre del boletín (4 de mayo) 60 personas han sido reportadas como desaparecidas y no se sabe de su paradero. Pero todas ellas han sido víctimas de desaparición forzada en tanto han sido privadas de la libertad, se ha negado dicha privación, no se ha dado información sobre ellos y ellas y por tanto no ha sido posible que puedan ser amparados por la ley.

Obstrucción a la labor de las y los defensores – periodistas: las y los defensores al igual que las y los periodistas, principalmente de medios alternativos, durante estos seis días han sido agredidos de manera violenta en razón de su labor. Las amenazas han incrementado y se reporta un caso donde varias defensoras y defensores fueron intimidados por la Policía con armas de fuego.
Presencia paramilitar: desde que se inició esta jornada de protesta ha sido reiterativo recibir denuncias y videos de la presencia de las estructuras paramilitares quienes han hostigado y disparado contra los manifestantes con el propósito no solo de hacerles daño sino de generar terror. Como lo señalamos en el boletín del 30 de mayo, en el valle de Aburrá operan 350 estructuras paramilitares coordinadas con la Oficina del Valle de Aburrá o las AGC.

El 29 de abril se conoció de un panfleto de las Autodefensa Unidas por Medellín donde se invitaba a comerciantes y banqueros a financiar económicamente este grupo, el cual dice estar conformado por 500 reservistas, quienes actuarían contra los manifestantes a quienes denominan terroristas, ya que como lo señala en el panfleto “porque si la policía y el ejército están maniatados por los mal derechos humanos nosotros sino estamos maniatados”.
Ministerio Público y alcaldías: durante estos seis días hemos presenciado como país y subregión del Valle de Aburrá, una ausencia total del poder y capacidad de decisión y sobre todo de protección de los derechos humanos por parte de las Administraciones locales. Es inadmisible que con el nivel de violencia que se ha ejercido por parte de la fuerza pública los alcaldes no hayan realizado los esfuerzos suficientes para denunciar y detener esta barbarie. Por su parte el Ministerio Público está totalmente en silencio y sabemos que esto obedece a que sus intereses están en el respaldo al gobierno HOY no hay independencia de este Ministerio y por eso desde ya, señalamos que esta oleada de violencia contra la protesta donde son los agentes estatales los principales responsables, quedaría en la impunidad sino se logra un mecanismo independiente para verificar la situación que emergencia que vive Colombia.
Reiteramos muestras solicitudes a la comunidad internacional
Como organizaciones de derechos humanos solicitamos CIDH, la OACNUDH y demás mecanismos internacionales, exigir al Estado colombiano la garantía de los derechos humanos y NO militarización de la protesta social.
Así mismo pedimos a la CIDH y comunidad internacional y relatores de la ONU de manera URGENTE una visita al país para que puedan sostener diálogo con las organizaciones y las víctimas y poder elaborar un informe que permita conocer la magnitud de la tragedia que acontece en el país y se puedan adelantar investigaciones independientes ya que en la actualidad el Ministerio Público se encuentra en manos del gobierno nacional lo que no garantizaría bajo ningún caso investigaciones rigurosas afectando el derecho de las víctimas. A la CIDH y la ONU le solicitamos crear un Mecanismo Especial de Seguimiento para monitorear la situación de derechos humanos en Colombia.