Balance del paro armado impuesto por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC en Antioquia

La Corporación Jurídica Libertad – CJL y el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos- CCEEU, presentan un balance de las graves violaciones a los derechos humanos y al DIH acontecidas durante el paro armado impuesto por las AGC entre el 5 y 10 de mayo de 2022, el cual afecto a más de 47 municipios de Antioquia donde habitan alrededor de 1.200.000 personas que estuvieron sometidos por la amenaza y el temor a los designios de esta estructura paramilitar.  

Lo primero que es necesario ratificar es que lo acontecido es responsabilidad del Estado colombiano por: 1) La persistencia de los nexos entre agentes estatales, políticos y empresarios con esta estructura paramilitar, aquiescencia, que como organizaciones de derechos humanos hemos denunciado por años[1]. Pero estas denuncias también han sido realizadas por sacerdotes de la Iglesia Católica, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otras ONG. 2) Por la inoperancia de las autoridades civiles y militares respecto a las Alertas del Sistemas de Alertas Tempranas – SAT de la Defensoría del Pueblo, quien desde 2017 hasta 2022 ha emitido 37 oficios, donde en su mayoría se constata el riesgo que hay en los territorios por la fuerte presencia y control de las AGC en subregiones como las del Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Occidente y Urabá; además del crecimiento paulatino en Suroeste. Y 3) Por la negativa del gobierno de Iván Duque de implementar integralmente el Acuerdo de Paz, lo que ha conllevado al desconocimiento de las estrategias y mecanismos que están relacionados con el desmonte del paramilitarismo entre ellos: “la Comisión Nacional de Garantías para el Desmonte de Estructuras Herederas del Paramilitarismo” y la “Unidad Nacional de Investigación” adscrita a la Fiscalía General de la Nación.

El Estado colombiano en una abierta omisión constitucional NO protegió a la población, toda vez que no realizó acciones de prevención para evitar que situaciones como estas se presentaran. En las regiones con más presencia de la fuerza pública es donde el paro armado se vivió con mayor fuerza tal es el caso de Bajo Cauca y Urabá, zonas donde históricamente se ha denunciado la presencia paramilitar y donde la Policía, el Ejército y la Armada Nacional tienen presencia permanente.

El caso del Bajo Cauca es sumamente dramático, ya que como se ha denunciado reiteradamente, en los últimos años es donde más se han presentado masacres, desplazamientos forzados y homicidios de líderes y lideresas sociales de todo el departamento; la respuesta del Estado a estas violaciones a los derechos humanos ha sido aumentar el pie de fuerza con operaciones militares como Agamenón y la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, que ha ingresado a la zona con más de 5.000 efectivos. ¿qué ha pasado con este descomunal pie de fuerza militar?: no se han detenido las agresiones contra la población y hoy las AGC son la estructura con mayor control del territorio.

Por su parte en el Occidente en especial en los municipios de Frontino y Dabeiba las comunidades vienen siendo confinadas, desplazadas y amenazadas por parte de las AGC y de otros actores armados ilegales, situación que ha sido denunciada no solo por la CJL, la CCEEU, la Organización Indígena de Antioquia, etc., sino por alcaldes de esta subregión, quienes en una carta al gobierno nacional el 8 de mayo de 2022, le expresaron al presidente Iván Duque, que los 19 municipios de esta subregión se encuentran bajo el dominio de las AGC y que requerían presencia de las autoridades nacionales[2]. Sin embargo, pese al llamado de las autoridades locales, Occidente es una de las regiones más golpeadas por el paramilitarismo. En lo que respecta al Nordeste, la mayoría de los municipios estuvieron afectados, en especial en Segovia donde la situación fue de constante zozobra ya que se denunció disparos en la zona urbana. En la vereda el Tigre de este mismo municipio hubo un retén de las AGC.

En el Oriente, Suroeste y Magdalena Medio se presentaron menos acciones armadas de las AGC, se debe señalar que, sí se reportaron casos de confinamientos, restricción a la movilidad y dificultades en la prestación de servicios públicos. En estas subregiones esta estructura paramilitar no es tan fuerte como sí lo son: El Clan Isaza, la Oficina del Valle de Aburrá y estructuras de Bello como El Mesa y Los Pachelly.

Como quedó evidenciado en este paro armado, no se requirió en municipios del Suroeste, Occidente cercano y Nordeste así como en barrios de las comunas 8 y 16 de Medellín de un número importante de paramilitares para encerrar a las poblaciones y/o restringir el comercio, bastó con hacer apariciones de dos o tres personas armadas para que las comunidades atemorizadas se confinaran, lo que demuestra que el control territorial no se ejerce solo por la ocupación militar, sino también a través de prácticas y disciplinamiento social.

1. Confinamiento

A 1.211.599 personas residentes en 47 municipios de Antioquia les fueron violados sus derechos y libertades al ser obligados a encerrarse en sus viviendas durante cuatro días. Las subregiones con confinamiento total fueron Bajo Cauca, Occidente y Urabá. En el caso del Nordeste 7 de los 10 municipios que la componen, sufrieron esta situación. Por su parte el Suroeste (Betulia, Fredonia y Urrao) y Oriente (Nariño) presentaron algunos casos de confinamiento. No se reportaron casos en el Valle de Aburrá ni en el Magdalena Medio.

Mientras que el presidente Iván Duque señalaba que “la actitud de ese grupo es tratar de generar intimidación a través de actos aislados[3] y cobardes que buscan tener maximización a través de redes sociales y medios de comunicación para mostrar desesperadamente una fortaleza que no tiene” (Pulzo, 2022),  Carlos Camargo, Defensor del Pueblo, declaró que: “el temor de las comunidades, por cuenta de las amenazas de los grupos armados ilegales, ha sido evidente en las últimas horas en varias ciudades y municipios del noroccidente del país, donde se registran calles casi vacías, comercios cerrados, actividades escolares suspendidas, empresas de transportes paralizadas y la población confinada en sus viviendas” (El Heraldo, 2022).

Fuente: población (DANE, 2018) y datos de confinamiento recogidos a partir de testimonios y periódicos nacionales: El Espectador, El Tiempo y el Colombiano.

Restricción a la movilidad

En 101 municipios de Antioquia se vio vulnerado el derecho a libre movilidad debido a las restricciones que impuso las ACG al transporte, esto afectó alrededor de 2 millones de personas que habitan estos territorios. Desde el 5 de mayo en horas de la noche, empezó a verse impactado el flujo vehicular en varias de las subregiones de Antioquia. Para el 7 de mayo, las terminales de transporte del norte y el sur en Medellín[4] informaban que no se vendían tiquetes para la mayoría de los municipios del departamento por la situación de orden público. Todos los municipios de las subregiones del Bajo Cauca, Nordeste, Norte, Occidente, Suroeste y Urabá se vieron afectados. En el caso del Oriente, en 11 municipios se limitó la movilidad y en el Magdalena Medio fueron 4 municipios.

Esta violación al derecho a la libre locomoción también generó otras vulneraciones entre ellas la prestación del servicio públicos domiciliarios en relación con el gas[5] y el acueducto; a nivel de salud, en el Bajo Cauca se presentó desabastecimiento de oxígeno para hospitales y no se pudo prestar el servicio para transportar cadáveres[6]. El servicio de salud también se limitó ya que las personas no pudieron asistir a sus consultas ni pudieron recibir sus tratamientos. En particular en el Bajo Cauca, al tercer día del paro, ya se registraba desabastecimiento de algunos alimentos[7].

1.2 Cierre del comercio[8]

A causa del paro armado, el comercio, las pequeñas tiendas, las plazas de mercado y distribuidoras en el Bajo Cauca, Occidente y Urabá tuvieron que cerrar sus puertas, afectando alrededor de 958 mil personas que habitan estas subregiones. En los demás territorios, esta situación no fue generalizada. En el caso del Nordeste, no hubo actividades comerciales en 5 municipios, en el Norte, en 3 municipios, en el Suroeste, en 3 municipios y en el Oriente, en 1 municipio. En la capital del departamento de Antioquia, Medellín, en la comuna 8 Villa Hermosa (La Sierra, Villa Tina, Villa Liliam, Villa Turbay, La Arenera y Las Mirlas) el Bloque la Sierra de las AGC limitó el servicio del comercio, vulnerando el derecho a la seguridad alimentaria de 34.983 personas que residen en estos barrios de la ciudad. En la comuna de Belén también se presentaron restricciones al comercio (Belén Rincón, La Bolsa y Balcones de la Serranía) por cuenta del paro armado.

Luego de tres días de paro armado, el 7 de mayo, las AGC a través de un comunicado público expresó que se “autorizaba” la reapertura temporal del comercio para que las familias compraran alimentos, el horario varió. En algunas partes de la zona rural de Tarazá, el comercio estuvo abierto por dos horas, mientras que, en zonas urbanas de esta misma subregión, pero también del Nordeste y Urabá, se permitió la venta hasta por seis horas continuas.

Por otro lado, muchas familias que consiguen su sustento como jornaleros, que trabajan en servicios de restaurante y en ventas ambulantes, actividades que estuvieron prohibidas[9] no pudieron comprar los alimentos que requerían, ya que no contaban con los recursos económicos.

Fuente: población (DANE, 2018) y datos de confinamiento recogidos a partir de testimonios y periódicos nacionales: El Espectador, El Tiempo y el Colombiano.

1.3 Servicios públicos domiciliarios suspendidos y/o con dificultades en su prestación

En 55 municipios del Bajo Cauca, Occidente, Urabá, Nordeste, Norte y Oriente, se presentó desabastecimiento de gas natural. De acuerdo con la información emitida por Empresas Públicas de Medellín, 89.000 familias (Blue Radio, 2022) se vieron afectadas. Debido al paro armado la empresa no abasteció las estaciones descompresoras y tampoco su personal prestó atención, todo por razones de seguridad. Por su parte en Bajo Cauca, Aguas del Bagre, el 7 de mayo anunció que suspendería el servicio de acueducto por razones de seguridad para su personal.

1.4 Cese de actividades educativas

300.000 estudiantes de Antioquia[10] no pudieron asistir a clases a causa de las restricciones a la movilidad y por el miedo a ser objetivo militar de las AGC.  En el Bajo Cauca, Occidente y Urabá los planteles educativos no impartieron clases. Mientras que en Suroeste, Nordeste, Norte, Oriente y Magdalena Medio la mayoría de las clases continuaron en medio de la tensión y el miedo. Varios centros educativos fueron pintados con leyendas alusivas a las AGC.

1.5 Ataques a Misión Médica y/o Humanitaria

En Antioquia se reportaron seis ataques a la Misión Médica y/o Humanitaria, lo que es una grave violación al DIH, pero también a los derechos humanos. En Apartadó, San Juan de Urabá y Turbo, se registraron tres casos de restricción a la movilidad de ambulancias que transportaban personas que requerían ser atendidas por personal médico, entre ellas dos mujeres en embarazo.

En el Bagre, a tres mujeres en embarazo se les restringió por varias horas el traslado de este municipio hacia Caucasia. En Amalfi impidieron a la Misión Médica atender una brigada de salud y el vehículo fue pintado con las letras A.G.C. Desde el hospital de Amalfi, enviaron otro vehículo para recoger el personal médico, el cual no pudo llegar a la zona porque las AGC impidió el paso. Por su parte en la vereda la Loma de Urrao se informó de la quema de dos vehículos del Programa de Desminado Humanitario por parte de esta estructura paramilitar.

Fuente: población (DANE, 2018) y datos de confinamiento recogidos a partir de testimonios y periódicos nacionales: El Espectador, El Tiempo y el Colombiano.

1.4 Enfrentamientos u hostigamientos en medio de la población civil: AGC y Fuerza pública

Durante los cinco días de paro, se pudo conocer de 12 enfrentamientos u hostigamientos armados entre AGC y Fuerza Pública en Antioquia, estos se dieron en su mayoría en medio de las viviendas de la población civil, violando el DIH, estas acciones pusieron en grave riesgo la vida e integridad de la población civil. Como se ha advertido por décadas, por parte de las organizaciones de derechos humanos y de organismos internacionales como el CICR, es fundamental que las estaciones de policía y guarniciones militares NO estén ubicadas en medio de la población, a fin de evitar todo tipo de riesgo.

Fuente: población (DANE, 2018) y datos de confinamiento recogidos a partir de testimonios y periódicos nacionales: El Espectador, El Tiempo y el Colombiano.

En Urabá se presentaron cinco casos de enfrentamientos, los hechos se registraron en Apartadó, Carepa, Chigorodó, San Juan de Urabá y Turbo (Currulao). En Occidente, se presentaron en los municipios de Cañasgordas, Peque, Santa Fé de Antioquia y Uramita. En el caso de Cañasgordas en también estuvo el Ejército Nacional. En el Norte, en San Pedro de los Milagros, la confrontación fue entre AGC y Policía Nacional, allí murió un civil, cuya familia ha denunciado que no era un combatiente de las AGC, como fuera señalado en medios de comunicación[11]. La víctima era un campesino que trabajaba en una empresa de lácteos de la zona[12].

Otro enfrentamiento armado se presentó en Cisneros y otro en Concordia. Este último fue en zona rural, en el corregimiento Morelia en inmediaciones de la escuela cuando las niñas y niños recibían clases. Esta acción puso en grave riesgo la vida e integridad de los menores de edad, además de la planta de docentes que estaba allí.

Llama la atención que el Ejército Nacional no haya tenido un papel relevante en lo concerniente a la defensa y seguridad territorial en Antioquia, ya que constitucionalmente es la institución encargada de llevarla a cabo.

Desde hace tres años los combates entre AGC y fuerza pública son más continuos, esto no niega la persistente relación entre estos actores, de no ser así ¿cómo se explica la expansión de esta estructura en menos de cinco años en Antioquia? El accionar de la fuerza pública contra esta estructura criminal está determinado por su papel de regulador de la dinámica de este grupo, las cuales resultan deleznables en determinados momentos históricos, se les respalda cuando se requiere de sus servicios y se confronta, cuando se presentan contradicciones entre sus filas por el control de rentas legales o ilegales, lo sucedido con el Bloque Metro (entre el 2000 -2003) es aleccionador.

2 ¿Cuál fue la respuesta del Estado?

El gobierno nacional estableció en el marco de su “Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad”: “Control institucional del territorio, ligado a la zonificación de territorios en relación al control del orden público[13] y combatir a los Grupos Delincuenciales Organizados – GDO- y a los Grupos Armados Organizados – GAO-, entre los que se encuentran las Autodefensas Gaitanistas de Colombia- AGC, […], usando la fuerza letal y la participación de los civiles” (CJL, 2019) lo cual ha tenido un resultado nefasto (como ya se había advertido por organizaciones de derechos humanos) para enfrentar los problemas de orden público, no solo por su baja efectividad[14] sino porque aumentaban la vulneración de los derechos humanos en especial en las comunidades rurales, impedía nuevas negociaciones y sometimientos y porque desconocía estrategias importantes alcanzadas en el Acuerdo de Paz, como la necesidad de desmontar el paramilitarismo.

En el caso del paro armado el gobierno optó por: 1) desconocer la gravedad de la situación y en consecuencia su actuación, 2) aumentar la militarización en Antioquia, con 1.900 nuevos efectivos de la fuerza pública[15] 3) constituir un bloque de búsqueda[16] y 4) pago de recompensas[17] viejas fórmulas que nunca han servido para enfrentar el poderío paramilitar, porque  ha sido gracias a los nexos entre estas estructuras y agentes estatales, empresarios y políticos[18] que grupos paramilitares como las AGC se han posicionado en varios departamentos, entre ellos en Antioquia (90%).

Como fuera evidenciado en especial en Bajo Cauca y Urabá, no existió una presencia efectiva de la fuerza pública para proteger a la población. Por su parte, en la carta de los 19 alcaldes de la subregión de Occidente, enviada el 8 de mayo al presidente de Iván Duque, se señaló que, a pesar de las constantes denuncias de las autoridades locales sobre el posicionamiento de este grupo paramilitar en la zona, el gobierno nacional hizo oídos sordos a la solicitud de reforzar la presencia institucional. Lo claro es que mientras el gobierno nacional continua, diciendo a los cuatro vientos que las AGC están acabadas, en Antioquia las poblaciones urbanas y rurales siguen padeciendo su presencia la cual no hubiese sido posible sin la aquiescencia con agentes estatales.  

3. Continua la zozobra

Una semana después de que las AGC levantaran la conminación armada que afectó no solo Antioquia, sino también a Atlántico, Bolívar, Córdoba, Chocó, La Guajira, Magdalena, Sucre entre otros territorios, comunidades especialmente rurales en Antioquia señalan que han recibido información de que habría un nuevo paro armado, por ello muchas familias por ejemplo de Ituango y Apartadó han decidido abastecerse. Al respecto las autoridades locales y del departamento han sostenido que estas informaciones son falsas, pero lo real es que las comunidades expresan que, aunque el paro haya acabado, las AGC sigue haciendo presencia armada en los territorios y eso no ha cambiado.

A menos de quince días de las elecciones presidenciales en Colombia, este alto nivel de zozobra y miedo en la población, termina limitando el derecho al voto, favoreciendo al representante del proyecto del status quo que proclama como bandera electoral la reedición de la seguridad democrática[19].

Bibliografía

Blue Radio. (8 de 04 de 2022). Blue Radio. Obtenido de Blue Radio: https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/mas-de-89-000-familias-en-antioquia-continuan-sin-gas-natural-por-el-paro-armado-rg10

CJL. (7 de 03 de 2019). CJL. Obtenido de CJL: https://cjlibertad.org/la-politica-de-defensa-y-seguridad-una-amenaza-para-los-derechos-humanos/

El Comando General de las Fuerzas Militares. (9 de 05 de 2022). El Comando General de las Fuerzas Militares. Obtenido de El Comando General de las Fuerzas Militares: https://www.cgfm.mil.co/es/blog/gobierno-nacional-puso-en-marcha-nuevo-bloque-de-busqueda-en-contra-del-clan-del-golfo

El Heraldo. (6 de 04 de 2022). Paro armado: Defensoría denuncia temor y confinamiento en poblaciones y confinamiento en poblaciones. págs. https://www.elheraldo.co/colombia/paro-armado-defensoria-denuncia-temor-y-confinamiento-en-poblaciones-906597.

Pulzo. (7 de 04 de 2022). Pulzo. Obtenido de Pulzo: https://www.pulzo.com/nacion/ivan-duque-habla-paro-armado-clan-golfo-actos-aislados-PP1404698


[1] Ver informes de derechos humanos, DIH y agresiones contra la labor de las personas defensoras de derechos humanos, 2011- 2021.

[2] Ver periódico El Colombiano (7 de mayo de 2022) “El territorio está sometido”: la dura carta de alcaldes del Occidente antioqueño al presidente”

[3] Este ssubrayado no es del articulo original

[4] Ver Blue Radio (7 de mayo de 2922): “Terminales de transporte en Medellín suspenden venta de tiquetes para varios municipios de Antioquia”.

[5] Ver La república (9 de mayo de 2022): “Empresas de gas, transporte y de alimentos, las más afectadas con el paro armado”.

[6] Ver periódico EL Espectador (8 de mayo de 2022) “Así está el panorama en el Bajo Cauca por el paro armado del Clan del Golfo”

[7] Ver Vanguardia (9 de mayo de 2022): “Estas son las pérdidas económicas en el país por el paro armado del Clan del Golfo”

[8] Ver Caracol Radio (10 de mayo de 2022). De acuerdo con La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), en Antioquia, el paro dejó pérdidas económicas de 230.mil millones de pesos.

[9] Ver Caracol Radio (7 de mayo de 2022): “El hambre, la otra cara del paro armado en el Bajo Cauca”.

[10] Ver Revista Semana (11 de mayo de 2022): “Cerca de 300 mil estudiantes suspendieron sus clases durante el paro armado en Antioquia”

[11]Ver Alerta Paisa (9 de mayo de 2022): “Una persona muerta, dos más heridas dejó balacera En San Pedro de los Milagros”

[12] Ver El Colombiano (9 de mayo de 2022) “Familia del hombre que murió en ataque en San Pedro de los Milagros asegura que no era miembro del Clan del Golfo”

[13] Conocidas también como las zonas futuro

[14] Ver cifras de OCHA sobre masacres, desplazamiento forzado, confinamientos, civiles muertos o heridos a causa de combates, etc. Ver informe la Guerra No Para en Antioquia (2021).

[15] Ver INFOBAE (8de mayo de 2022): “Gobierno nacional enviará 1.900 uniformados para enfrentar el paro armado en Antioquia”: 8 de mayo de 2022 el Ministro de Defensa Nacional, Diego Molano declaró al país que aumentaría el pie de fuerza en Antioquia 1.200 integrantes de las fuerzas militares y 700 policías.

[16] El lunes 9 de mayo de 2022, antes de finalizar el paro armado de las AGC, el presidente Iván Duque, desde Urabá anunció al país que se creaba un “El nuevo Bloque de Búsqueda […] conformado por un poco más de 700 hombres de la Policía nacional y 720 del Ejército Nacional, quienes desde Necoclí y Carepa desplegarán una ofensiva sin presidentes contra estos reductos tras la captura y extradición de su máximo líder alias ‘Otoniel” (El Comando General de las Fuerzas Militares, 2022)

[17] Ver INFOBAE (9 de mayo de 2022): “Anuncian recompensa de $5.000 millones por alias Siopas y Chiquito Malo, cabecillas del Clan del Golfo”. El gobierno también prometió recompensas de 50 millones de pesos para “para aquellos ciudadanos que ofrezcan información que nos permitan capturar, judicializar o encontrar a aquellos que han cometido actividades delictivas como quema de automotores y afectación a los ciudadanos” (ibid.)

[18] Ver informe la Presencia Paramilitar en Antioquia (2017); Ver Caracol Radio (1 de mayo de 2022): “La lista de ‘Otoniel ‘ sobre políticos y personas que estarían vinculadas con el Clan del Golfo”

[19] Ver video “Lo que pretende Zapateiro Si Petro es presidente: ¿la revelación de fuerzas militares?” disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=6S3sL9CHetA