Carta abierta al Sr. d. Pedro Medellín del centro internacional de Toledo para la paz

Sr. D. Pedro MedellínPedro_Medelln
Presidente del Programa de América Latina
Centro Internacional de Toledo para la Paz
C/ Fuenterrabía, 2
28014. Madrid, España
e-mail: toledopax@toledopax.org

 

 

CARTA ABIERTA

 

Estimado Sr.

El pasado sábado 23 de abril se emitió en el reconocido programa de Televisión Española, “Informe Semanal” un documental titulado: “Colombia, morir por la tierra[1]”.

En el transcurso de dicho programa se intercalaban diferentes intervenciones suyas, entre ellas la que transcribimos a continuación:

“Una política de restitución de tierras y reconocimiento de víctimas tiene que ser reforzada con una política de Seguridad Democrática real. Una política que efectivamente garantice que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos en los territorios de los cuales fueron despojados, es decir, que puedan volver gracias a que la policía y el ejército están apoyando y controlando esa zona.”

Como se puede observar, en ella Usted hace referencia a una “Seguridad Democrática real”. A tenor de su afirmación, se podría pensar que existen varias interpretaciones sobre el término “Seguridad Democrática”, pero esto no es así y su afirmación sólo puede confundir a los espectadores menos versados en el conflicto colombiano y en la política de ese país.

Seguridad Democrática se denomina a la política (contrainsurgente) llevada en los últimos años en Colombia y que fue implementada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Los resultados de esta política, dicho sea de paso apoyada por el Gobierno Español[2], ha dejado un saldo en violaciones de Derechos Humanos difícil de igualar.

Sólo como muestra recordaremos algunas cifras:
    Más de 4 millones de desplazados internos;
    Cerca de 4.000 miembros de la Unión Patriótica asesinados;
    2.400 sindicalistas asesinados (muchos provenientes del magisterio);
    Más de 51.000 personas desaparecidas[3] de las cuales más de 12.000 se consideran forzadas;
    Ejecuciones extrajudiciales de las que hasta hora se investigan[4] 1.488 casos con 2.547 víctimas;
    Sólo en el marco de la Ley 975 existen 51.616 hechos de tortura reportados por la Fiscalía hasta noviembre de 2010, de los que sólo se había iniciado la confesión de 543 sin que nadie hubiera sido condenado por ello[5].
    Además de los miles de asesinados, exiliados, defensores de DDHH enjuiciados, perseguidos y amenazados.

Vistas estas horribles cifras se puede argumentar que no todas corresponden a la denominada política de Seguridad Democrática, pero un análisis riguroso de ellos mostrará que el aumento de todas estas violaciones de DDHH han sufrido grandes incrementos con el desarrollo de dicha política, dando como resultado global para el país las cifras antes expuestas.

Esta política, defendida mediáticamente como la pacificadora del país, ha continuado manteniendo a la población en altos niveles de pobreza y subdesarrollo, absorbiendo gran parte de los recursos nacionales para ella y olvidando, las ya de por si abandonadas, políticas sociales. Es por esto por lo que, pese a que Colombia se encuentra entre los países latinoamericanos con índices de desarrollo alto[6], las desigualdades son escandalosas. El coeficiente de Gini para 2010 fue de 0,585 lo que la sitúa entre los siete países más desiguales del planeta. Sólo de esta forma se entiende que el índice de pobreza extrema alcance el 16%, siendo superior en algunos departamentos, y que el 17, 5 % de la población colombiana padezca carencias graves de salud[7].

Esta política de Seguridad Democrática ha venido acompañada con una legislación que trata de instaurar la impunidad como elemento esencial para alcanzar la Paz. Así, asistimos en el 2005 a la aprobación y puesta en marcha de la ley 975, también llamada de Justicia y Paz. Como Usted bien sabe, puesto que el centro en el que desarrolla su trabajo la apoya, esta ley se aprobó con la intención de crear un marco jurídico de impunidad para la desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia. Pese a que se ha tratado de promocionar como parte de lo que se conoce como Justicia Transicional (justicias de las que hay numerosos ejemplos que muestran su utilidad práctica pero no su bondad), no se le puede aplicar dicha catalogación por no existir un antes y un después – por lo que no existe una transición – en la estructura política y social colombiana.

Es de destacar, que el principio en el que se basó esta ley fue anulado por la propia Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, quien el 11 de julio de 2007 sentenció que el paramilitarismo no recae dentro del tipo penal de sedición ni es un delito político. En dicha sentencia, la Corte afirma:

“Aceptar que en lugar de concierto para delinquir el delito ejecutado por los miembros de los grupos paramilitares constituye la infracción punible denominada sedición, no sólo equivale a suponer que los mismos actuaron con fines altruistas y en busca del bienestar colectivo sino, y también, burlar el derecho de las víctimas y de la sociedad a que se haga justicia y que se conozca la verdad, pues finalmente los hechos podrían quedar cobijados con la impunidad absoluta -entendida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana- que se les brindaría por medio de amnistías e indultos, medidas que podrían ser tomadas a discreción del ejecutivo y el legislativo y sin posibilidad de control judicial, tornándose en un imposible la obtención de la verdad, el deber de recordar y el derecho a saber lo que realmente sucedió en el caso…”

A partir de esa fecha se ha pretendido hacer creer que los supuestos paramilitares desmovilizados –aproximadamente unos  19.000[8]- han caído en un “limbo jurídico” para el que es necesario legislar nuevamente. Esto, pese a que se ha repetido hasta la saciedad, no es cierto ya que, tanto en la legislación colombiana como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos[9], existen medidas suficientes para juzgar a los miembros de los grupos paramilitares por los horribles crímenes cometidos.

Como muestra de esta estrategia de impunidad es suficiente hacer referencia al artículo 4º de la ley 1424[10] de 29 de diciembre de 2010 creada con este fin y que dice:

LA INFORMACIÓN QUE SURJA EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS DE QUE TRATA ESTE ARTÍCULO NO PODRÁ, EN NINGÚN CASO, SER UTILIZADA COMO PRUEBA EN UN PROCESO JUDICIAL EN CONTRA DEL SUJETO QUE SUSCRIBE EL ACUERDO DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA Y A LA REPARACIÓN O EN CONTRA DE TERCEROS.

Además, como Usted ya sabe, la Ley 975 ha ofrecido paupérrimos resultados. Menos del 54% de los procesados, que constituyen aproximadamente el 4,5% de todos los desmovilizados, ha contribuido al derecho a la verdad por medio de versiones libres[11]. A esto se añade que las penas impuestas por sus atroces crímenes no pueden superar, en el marco de esta ley, los 8 años de prisión.

La supuesta desmovilización y la implantación a sangre y fuego de la Seguridad Democrática no ha significado acabar con la violencia en el país, el entramado paramilitar sigue activo[12] y sus crímenes continúan asolando las ciudades y campos colombianos. Sólo entre enero y noviembre de 2010 el Programa presidencial de Derechos Humanos registró 38 masacres con 179 víctimas – 40% más que el año anterior.

Pero volviendo a su intervención en el programa de Informe Semanal, nos gustaría también reflexionar sobre su deseo de que la policía y el ejército estén apoyando y controlando los territorios de retorno de la población despojada.

Si bien esto podría ser lo idóneo en un estado social de derecho y en una democracia participativa consolidada, creemos que en Colombia, hoy en día, es una temeridad. Proponer a la policía y el ejército colombiano como salvaguarda de los derechos de los ciudadanos/as despojados de los mismos es lo que en lenguaje coloquial se conoce como meter la zorra en el gallinero.

Pese a que se han producido algunas destituciones importantes en el seno del ejército y policía, como consecuencia de graves violaciones a los Derechos Humanos, no se puede aseverar que los lazos existentes durante décadas entre las fuerzas de orden público y los grupos paramilitares hayan desaparecido. Las Fuerzas Armadas siguen estando en el centro de múltiples acusaciones a las violaciones de los Derechos Humanos: asesinatos, montajes judiciales, torturas, etc. No se ha producido una depuración significativa en sus filas y la justicia penal militar sigue siendo, en muchos casos, un obstáculo para la investigación de violaciones de Derechos Humanos. Como constatación de que todo esto ocurre basta hacer referencia a la persecución, hostigamiento y acoso que sufre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó[13] por parte de las fuerzas militares y paramilitares.

No ignoramos que todo lo anterior lo conoce y que sabe cuál es la realidad del pueblo colombiano, así como tampoco ignoramos que ese interés en crear confusión entre la opinión pública y dar credibilidad a una política tan infame, es la estrategia del gobierno español y del colombiano en pos de alcanzar la “estabilidad” requerida para suculentos contratos empresariales.

Lo que nos ofende es que toda esta patraña se esconda tras un centro que dice dedicarse a “consolidar la paz y la estabilidad democrática”, aunque cobra sentido al comprobar que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España forma parte del patronato del Centro de Investigación de Toledo para la Paz  y que el actual presidente de Colombia y antiguo Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, forma parte del Consejo Asesor Internacional, sin olvidar que, dentro del Consejo Asesor Empresarial nos, encontramos con las compañías: Iberia, Telefónica, Fundación Repsol y el Grupo Villar Mir.

Es claro que el hábito no hace al monje, lo mismo que las palabra no definen los hechos, pero si algo sí tenemos claro es que para nosotros/as, nunca la Paz se construirá sobre la base de la mentira y la injusticia.

 

Logroño, 5 de Mayo de 2011
Colectivo de Solidaridad por la Justicia y Dignidad de los Pueblos: COLICHE

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