Colombia: Desempleo y exclusión.

De acuerdo con el Departamento Nacional de Estadística (Dane) actualmente la tasa de desempleo en Colombia es del 15,9%, el año anterior terminó en 12,2%, es decir que la tendencia tiende a subir, al igual que la informalidad que fue del 49,2%. En Medellín la tasa está por el orden del 16,6%. Los economistas neoliberales atribuyen esta situación a las consecuencias generadas por el Covid y las medidas tomadas para controlar la pandemia como las cuarentenas y toques de queda. Sin embargo la verdad es que la pandemia solo acentúo una realidad de desigualdad y negación de derechos que ya viene de atrás. En la Encuesta de Calidad de Vida del año 2019 la Gobernación de Antioquia señala que el 22.63% de la población está por debajo de la línea de pobreza, el 3.86% por debajo de la línea de indigencia (LI) y el desempleo alcanzaba el 10.45%. Pero hay subregiones como el Bajo Cauca donde la LI es del 19.74%, Occidente con el 12.99% y Urabá con el 12.19%, paradójicamente territorios con alto porcentaje de ganancia derivados de la explotación minera y la agroindustria.


Esta realidad de pobreza y exclusión contrasta con la consolidación y riqueza de los conglomerados económicos que siguen obteniendo altas ganancias y beneficios tributarios por parte del gobierno nacional. El caso del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) es un buen ejemplo de ello, sus empresas están dentro de las más ricas y poderosas del país y ya se ubican como un conglomerado transnacional. Varias de las compañías del GEA obtuvieron altas ganancias el año anterior y fueron beneficiadas por las medidas diseñadas desde el gobierno de Iván Duque. El Grupo Nutresa obtuvo utilidades por $575.441 millones, 14,3% más que en 2019; el Grupo Sura, obtuvo utilidades por $330.000 millones y Bancolombia reportó ganancias de $903.959 millones. Pero el caso más diciente es el del Grupo Éxito que en el balance del 2020 reporta que sus ganancias ascendieron a $230.872 millones, mientras que en el 2019 fueron de $57.602 millones. A lo mejor la explicación de este crecimiento se deba a que sus almacenes han podido continuar abiertos mientras se restringe a pequeños comerciantes y tenderos en todo el país.


Estas ganancias se logran, entre otras, gracias a las exenciones y los beneficios tributarios, especialmente de reducción de impuestos. De acuerdo con varios analistas económicos las empresas dejaron de pagar al país por estos beneficios cerca de 22,6 billones de pesos, lo que explica que ahora el ministro Carrasquilla diga cínicamente que no tienen dinero y por eso se debe aprobar una reforma tributaria que es un verdadero crimen contra la clase pobre y asalariada del país.


Como todo Estado capitalista unos ganan y otros pierden. Ganan los ricos y sus empresas, pierden los empobrecidos, la llamada clase media, los estudiantes y las mujeres que suman la mayoría, que ven como cada día se hacen más pobres y se les niega sistemáticamente sus derechos.


Pese a que la Constitución en su artículo 25 señala que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, la verdad es que son muy pocas las personas que cuentan con una fuente de empleo y poco se cumple el principio de que sea un trabajo en condiciones de justicia y decencia. Vemos como la informalidad reina en todo el país y miles de hombres y mujeres deben arriesgar su vida y la de sus familias para conseguir el sustento ya que este gobierno se niega a garantizar una renta básica alegando falta de recursos, mientras otorga grandes beneficios a las empresas. La actual reforma tributaria pretende legitimar los pocos subsidios otorgados como renta básica cuando ni siquiera el salario mínimo es garantía para atender el conjunto de necesidades básicas de una familia.


Por otro lado el Dane acaba de informar que 2,4 millones de hogares ingieren menos de tres porciones diarias de alimento, 2,2 millones de familias en el país comen dos veces al día, 179.174 hogares se alimentan solo una vez y 23.701 hogares a veces no tienen un plato diario. Este dato, que parece indignar a muy pocos, no tiene en cuenta que cerca de diez millones de personas están por debajo de la línea de indigencia, lo que indica que la falta de alimentos es una dolorosa realidad en muchas familias más de las señaladas por esta entidad. La reducción de consumo de alimentos fue analizada con quienes tienen unos mínimos ingresos, pero no tuvo en cuenta a la población dedicada al rebusque, a las familias que habitan en zonas rurales y la población migrante que en muchos casos están en estado de indigencia.


El hambre que golpea millones de hogares, en cuales se encuentran niños, niñas, mujeres embarazadas, ancianos, constituye una flagrante violación a los derechos humanos. Constituye un desconocimiento a las obligaciones internacionales, en particular a las derivadas de la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 22 y 25): “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”. Además la declaración de los derechos del Niño (principio 4), declaración Sobre el derecho al desarrollo (artículo 8), La declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de discriminación Contra la Mujer (artículos 11, 12 y 14), Cumbre Mundial de la Alimentación y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que establece que: El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla . Es decir que hay una doble obligación de los Estados, por un lado garantizar que las personas tengan acceso al trabajo o las condiciones para obtener los recursos que le permitan subsistir decentemente o garantizar a las personas dicho acceso cuando estén en imposibilidad de hacerlo.


Unos pocos han ganado con esta pandemia. Algunos ricos, políticos, empresarios nacionales e internacionales han incrementado sus ganancias y cínicamente exigen de la mayoría empobrecida que tenga paciencia y acepten pasivamente las reformas económicas que los harán más pobres. Los demás: trabajadores con salarios pírricos, desempleados, vendedores/as ambulantes, quienes cada día deben salir al rebusque y miles más, nos unimos este primero de mayo para protestar y exigir transformaciones estructurales que garanticen la integralidad de los derechos. No es hora del sacrificio, es hora de la resistencia.