Bajo Cauca

Foto: Archivo CJL

El Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías para la Labor de las y los Defensores de Derechos Humanos de Antioquia, una vez más denunciamos el exterminio que viven los líderes y lideresas de las subregiones de Antioquia. En lo que va corrido de 2020, han sido asesinados en el departamento 14 líderes sociales y 35 más han sido amenazados, a este alto número de víctimas se suman los recientes hechos de agresión que evidencian que la persecución no cesa.

El día 15 de junio de 2020 fue asesinado el líder comunal y participante del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos - PNIS del Bajo Cauca, Edier Lopera (hace seis días) en la vereda Caracolí de Tarazá. Su cuerpo permanece en la zona y no se ha realizado aún el levantamiento del cadáver, por prohibición directa de uno de los grupos paramilitares que opera en la vereda.

Denunciamos el atentado contra el presidente de la Junta de Acción Comunal de Pantanos de Murrí, Albeiro Duarte, el pasado 20 de junio en la vereda la Blanquita del municipio de Frontino, por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. El líder tuvo que ser trasladado por soldados de la VII División del Ejército Nacional, hasta Medellín y en este momento se encuentra en recuperación.

En la madrugada del 22 de junio, tres líderes sociales y dos campesinos de la vereda El Carmen, caserío Rancho Quemado y del corregimiento de Carrizal, jurisdicción del municipio de Remedios (Antioquía), fueron detenidos en medios de operativos adelantados por el Ejército Nacional, Policía Nacional- ESMAD. Las personas fueron transportadas en un helicóptero hasta el Batallón de Segovia.

Las comunidades de la zona y CAHUCOPNA (organización del territorio) sostiene que Luis Felipe Argumero Álvarez, Antonio Rúa Ospina, Fernando Francisco Osorio, Luis Fernando Osorio Franco y Jesús Osorio Narváez, son personas “(…) reconocidas en la región por ser miembros activos de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Carrizal y trabajadores del agro y la minería”. En medio de este operativo de allanamiento y capturas, una persona fue herida en el caserío Rancho Quemado, por los disparos realizados por el Ejército Nacional, el cual fue atendido por los mismos soldados, además a estas personas privadas de su libertad no han tenido el derecho ni la oportunidad de conocer el delito que presuntamente les es indilgado.

Estos hechos constatan lo que ya las comunidades y organizaciones de derechos humanos veníamos denunciando y es que existe un plan de persecución contra los líderes y lideresa sociales, que se sustenta en las actuaciones de los grupos paramilitares principalmente y del Estado, que vulneran el derecho a defender los derechos humanos.

Desde hace más de tres años, el Bajo Cauca ha vivido un aumento de la militarización estatal, alcanzado los 5.000 efectivos, y es en este contexto que los grupos paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y los Caparrapos se han fortalecido y se disputan el control de los territorios poniendo en grave riesgo a las comunidades. A su vez hemos señalado los nexos que persisten entre agentes estatales y estos grupos, sin que a la fecha el Estado, haya desmantelado estas estructuras criminales, las cuales siguen imperando en las comunidades. A esto se suma las denuncias y advertencias que hemos realizado sobre la avanzada paramilitar en el corregimiento de la Blanquita en Frontino, sin que a la fecha se detenga esta situación.

Como Nodo Antioquia y el Proceso Social de Garantías hacemos responsable al Estado Colombiano y al actual gobierno por la situación que está aconteciendo en nuestros territorios; la política negacionista del gobierno de Iván Duque, ha conllevado al aumento sistemático de asesinatos de nuestros líderes y lideresas sociales, los cuales continúan en la impunidad.

La negativa del actual gobierno de cumplir con el Acuerdo de Paz, ha profundizado los contextos de vulnerabilidad. Como tantas veces, hoy insistimos nuevamente en la urgencia que el gobierno nacional reactive la Comisión Nacional de Garantías para el Desmonte de las Estructuras Herederas del Paramilitarismo.

Solicitamos a la Comunidad Internacional exigirle al gobierno actual, que cumpla con la garantía de los derechos humanos y para la labor de las y los defensores. Que exhorte a las diversas instituciones del Estado a cumplir con su tarea misional y que sostenga un diálogo regional con organizaciones de derechos humanos de Antioquia.

¡QUE LA PAZ NO NOS CUESTE LA VIDA ¡

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