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Foto: Archivo Corporación Jurídica Libertad 

Este 15 de febrero, el Estado colombiano compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hablar de los más de 83.000 casos de desaparición forzada que se han presentado en el país con ocasión del conflicto y después de este. En una audiencia que se realizó en la ciudad de Sucre en Bolivia y se enmarcó dentro del periodo 171 de la Comisión, las organizaciones sociales peticionarias expusieron sus preocupaciones frente a este tema.

Dentro de los temas que se mencionaron por parte de la sociedad civil estuvo la necesidad de que exista una política pública de búsqueda que involucre a los familiares de las víctimas, la urgencia de proteger los cementerios y los lugares irregulares de inhumación y la identificación y entregas dignas de los cuerpos a los familiares, así como la importancia del apoyo presupuestal a la recién creada Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas UBPD, derivada del Acuerdo de Paz.

La Corporación Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda (COFB), El Instituto De Derechos Humanos De Cataluña (IDHC) La Oficina Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA) el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) La Comisión Intereclesial De Justicia Y Paz, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEUU), la Comisión Colombiana De Juristas (CCJ), el Colectivo De Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), el Comité De Solidaridad Con los Presos Políticos (CSPP), la Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC), la Corporación Jurídica Libertad (CJL), la Corporación Reiniciar , la Consultoría Para Los Derechos Humanos Y El Desplazamiento (CODHES), el Grupo Interdisciplinario Por Los Derechos Humanos (GIDH), la Asociación Minga, Humanidad Vigente Corporación Jurídica (HV), el Centro De Investigación Popular, Programa Por La Paz (CINEPP) y el Grupo EQUITAS, fueron las organizaciones peticionarias de esta audiencia.

Durante la misma también se mencionó la necesidad de que el Instituto de Medicina Legal, tenga una mayor celeridad en el trabajo que se desarrolla en la identificación de cuerpos, pues existen en el país 26.000 víctimas halladas aún sin identificar, lo que vulnera el derecho a la verdad de los familiares de quienes sufrieron este flagelo.

Las 18 organizaciones peticionarias, insistieron en que a pesar de que existen en el país diferentes instituciones que trabajan este tema no existe una articulación real ni una política que las articule, también manifestaron que hace falta una asignación presupuestal mayor que corresponda a la gravedad y a la dimensión de la situación.

Los comisionados también preguntaron al Estado colombiano qué ha pasado con los casos de desaparición que se han presentado después del conflicto con una de las insurgencias presentes en el país, ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuáles son las causas? Preguntó Francisco Eguiguren.

Colombia es uno de los países con mayor número de personas dadas por desaparecidas, superando las cifras de Guatemala, Argentina y Chile. Además de presentar un alto subregistro en este hecho victimizante.

Lea aquí la ponencia presentada por la Sociedad Civil

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