Dabeiba entrega de cuerpos

 

Dignificamos la vida y la memoria de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, cuyos cuerpos fueron entregados esta semana a sus familiares en Dabeiba (Antioquia). El Estado debe reconocer públicamente su responsabilidad en estos crímenes. 

Foto: Jesús Abad Colorado.

Entre el 8 y el 14 de noviembre del 2020 la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP adelanta diligencias de inspección judicial, prospección, exhumación y entrega a sus familias de los cuerpos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Dabeiba (Antioquia). Todo ello en el marco del Caso 003 sobre Muertes Ilegítimamente presentadas como muertes en combate y el Caso 004 sobre la Situación Territorial de Urabá.

Es de resaltar que las diligencias adelantadas por la JEP y los resultados de estas en el municipio de Dabeiba se dan en el marco de la solicitud de implementación de medidas cautelares solicitadas por el Movice sobre 17 lugares del territorio nacional, medidas dirigidas a la protección de sitios en donde se presume la existencia de cuerpos de personas desaparecidas. En este municipio se ha solicitado la protección de seis cementerios ubicados en zonas donde han sido reportadas víctimas de desaparición forzada y en el que se ha logrado establecer que ha ocurrido un número significativo de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la Brigada XVII de Carepa (Antioquia) contra la población civil.

El Movice, la Corporación Jurídica Libertad -CJL y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz saludan y reconocen el proceso que está llevando a cabo la JEP y que contribuyen a hacer efectivos los derechos de las víctimas y alivian el dolor de las familias, entre ellas los familiares de Yulieth Andrea Tuberquia, Nelson Antonio Góez Manco, Alveiro Úsuga Uribe y Eliécer de Jesús Manco Úsuga, cuyos cuerpos fueron entregados a sus seres queridos.

Para las víctimas de crímenes de Estado, estas acciones representan un avance importante en el esclarecimiento de esta práctica criminal del Estado colombiano perpetrada contra la población civil de manera sistemática y generalizada.

Por otra parte, y en gracia de fortalecer los procesos sociales e institucionales en la consecución de la paz y la garantía de los derechos de las víctimas, nos permitimos hacer algunas observaciones:

–         Es preciso señalar que este proceso es fruto de las iniciativas de la sociedad civil, en particular de las organizaciones de familiares y de derechos humanos que desde décadas atrás hemos denunciado la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales como hecho recurrente en el municipio de Dabeiba y en general en el departamento de Antioquia. Los avances que hoy se presentan son el resultado del proceso de organización y exigencia de derechos, llevado a cabo por las víctimas y que ha logrado incidir en espacios de la institucionalidad estatal.

–         En estas diligencias se ha podido reafirmar la inoperancia de la justicia ordinaria, particularmente de instituciones como la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal. Estas entidades, durante décadas, han contado con la información suficiente para adelantar todo tipo de investigaciones y actuaciones (incluyendo la identificación de las víctimas), pero es hasta la implementación y funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz que se dan este tipo de acciones. De manera tal que con la JEP, en unos meses, se han llegado a resultados que se esperaban de la justicia ordinaria por décadas. Cabe resaltar que no sólo fue negligente la institucionalidad, sino que también se remitieron algunas investigaciones a la justicia penal militar, lo cual ha generado la falta de esclarecimiento de los hechos y la impunidad en esos casos.

–         Sobre lo sucedido en esta semana llama la atención que durante el acto público de entrega de los cuerpos a los familiares, se pudo constatar que las intervenciones de las diferentes entidades presentes en ningún momento indicaron los hechos y circunstancias de los asesinatos de las cuatro personas entregadas y tampoco se mencionó que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Así pues, el discurso de las instituciones se limitó a señalar que estos hechos fueron producto del conflicto armado, sin referirse a la responsabilidad del Estado y el plan criminal detrás de estas atrocidades. Esto pugna con la importancia de que exista ese reconocimiento en este tipo de actos de cara a los derechos de las víctimas a la justicia, la reparación, las garantías de no repetición, y principalmente, la verdad. Lo anterior causa desconcierto, ya que estos actos son propicios para que se reconozcan públicamente todas estas situaciones y ponen en evidencia el discurso negacionista que se pretende imponer desde la institucionalidad.

–          Lamentamos que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD no haya participado y orientado esta diligencia, a pesar de ser el mecanismo que tiene por mandato la búsqueda, hallazgo, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas. Esperamos que se pueda avanzar en la coordinación y articulación como es el objetivo del SIVJRNR.

–         Asimismo, a pesar de las medidas de protección implementadas en el Cementerio las Mercedes del Municipio de Dabeiba, se observó el desarrollo de obras de infraestructura física que coinciden con algunos de los puntos señalados por los responsables donde se encuentran personas inhumadas sin identificar, lo cual puede afectar el hallazgo de otros cuerpos dentro de este lugar, por lo que esperamos se mantengan las medidas cautelares sobre el cementerio.

Seguimos exigiendo a los agentes estatales que comparecen ante la JEP que, en aras de garantizar los derechos de las víctimas, contribuyan con la verdad plena y exhaustiva en el esclarecimiento de los hechos, así como en la ubicación e identificación de las víctimas. Insistimos a la Jurisdicción para que tomen la decisión de abrir el macro caso sobre desapariciones forzadas como insistentemente lo hemos solicitado al igual que otras organizaciones de familiares y de derechos humanos.

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