Estado colombiano condenado por ejecución extrajudicial de joven campesino
El 3 de agosto de 2004, mientras recogía naranjas para hacerle jugo a los niños de la escuela de la vereda La Estrella del municipio antioqueño de Granada, Álvaro García Idárraga, joven campesino de 15 años, fue asesinado por tropas del Batallón de Artillería No. 4 adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, quienes desarrollaban en esta zona del oriente antioqueño la operación “contrainsurgente” Espartaco. 

Testigos de los hechos dan cuenta que los militares simularon un enfrentamiento para tratar de encubrir su criminal proceder, igualmente trasladando el cadáver del joven asesinado a la morgue municipal de Cocorná donde fue inhumado como N.N.

Las actividades desplegadas por familiares y amigos del joven García Idárraga permitieron que está ejecución extrajudicial  fuera develada; que el cadáver de Álvaro de Jesús fuera identificado entre cuarenta cuerpos inhumados como N.N. en el cementerio de Cocorná y que los mecanismos de impunidad que favorecen el terror estatal fueran superados parcialmente en este caso.

Se acreditó de manera fehaciente que la muerte del joven García Idárraga fue ocasionada por los militares  que le dispararon por la espalda y posteriormente procedieron a colocar un arma cerca de su cadáver con el propósito de presentar esta ejecución extrajudicial como el resultado de una confrontación armada entre la fuerza pública y grupos insurgentes.

Ante la contundencia de las pruebas que comprometen a los integrantes del Ejército Nacional, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Medellín condenó en primera instancia al Estado colombiano a pagar a los familiares de Álvaro de Jesús Castaño Idarraga los perjuicios morales, materiales y daños a la vida de relación que les fueron ocasionados por la ejecución extrajudicial de su ser querido.

Igualmente como medida de reparación integral y simbólica se ordenó al Ejército Nacional que dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia solicitara públicamente perdón a los familiares del joven Álvaro de Jesús García Idarraga a través de un medio de amplia circulación en el oriente antioqueño.       

Este fallo confirma la veracidad de las denuncias de comunidades y organizaciones sociales, populares y no gubernamentales que han demostrado que las ejecuciones extrajudiciales han sido el mecanismo mediante el cual las fuerzas armadas han incrementado los índices de eficacia de la política de seguridad democrática implementada por el actual gobierno, la cual a pesar de los nefastos resultados que ha ocasionado en la situación de derechos humanos en el país,  se pretende  perpetuar  erigiéndola  como política de Estado. 

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