El predio Carimagua, en Puerto Gaitán (Meta), de 17.000 hectáreas, fue adquirido por el Gobierno para ser entregado a unas 80 familias campesinas desplazadas. Así lo dispuso la Resolución 005, de septiembre de 2004. La adjudicación debía hacerse a fines de 2007.

Pero de súbito, el ministro de Agricultura, Arias, decidió cambiar la destinación original de Carimagua (para familias campesinas desplazadas) y darles el predio a empresarios particulares. El 5 de julio de 2007 se hizo el cambio, y cuatro días más tarde (El Tiempo, 10 de febrero) se abrió la licitación para adjudicarles el predio a particulares por 50 años. El proceso licitatorio se inició en diciembre de 2007, y se permitió la visita al predio por parte de los interesados; la adjudicación se haría el 21 de febrero de 2008. Ese día esas 17.000 hectáreas, en vez de sustentar a los pobres campesinos de Colombia, inflarían la bolsa de los terratenientes. El Ministro dijo que esas tierras eran ácidas. Entre los interesados que hicieron visita al predio, para licitar (El Tiempo, 14 de febrero), estuvieron: la Sociedad Sapuga, de la que es socio el empresario caldense Mario Escobar, tío del Ministro de Hacienda. También hizo visita la empresa Palmaseca, constituida en 1986, que hizo aportes a las campañas políticas de Uribe (El Tiempo, 14 de febrero).

Todo marchaba sobre rieles. Los empresarios, ansiosos. El Ministro, tranquilo. El que no estaba tranquilo era el procurador general de la Nación, Edgardo Maya Villazón. En este proceso atrabiliario, de cambio de destinación del predio, para darlo a particulares, no se había respetado la ley, y dispuso entonces que se mantuviera la destinación original de Carimagua. El ministro Arias, dijo, con mucha gracia, que estudiaría el “concepto” del Procurador; éste le hizo ver que no era un concepto sino una orden. En su desfachatez, el Ministro había declarado (El Tiempo, 10 de febrero): “Mi preocupación fue que, no de mala fe, no le estuvimos informando permanentemente de las propuestas a la Procuraduría. Simplemente, se nos pasó”. De buena o de mala fe, o por despiste, lo cierto es que el Ministro obró a oscuras de la Procuraduría, esto es, de los órganos de control. En suma, el hecho concreto es que obró sin transparencia. La excusa que da es hasta graciosa: “Simplemente, se nos pasó”. ¿Qué tipo de funcionarios soporta este país que se les olvida cumplir con lo fundamental de sus tareas, y, además, lo confiesan sin empacho? Ya ve, no parece que “se le hubiera pasado” cumplir con su deber al señor Ministro. El Procurador le tuvo que advertir que su despacho no había emitido un concepto sino que había dado una orden. Y quizás para evitar nuevos olvidos, el Procurador dio la orden expresa de revocar la resolución que quería adjudicar Carimagua a empresarios particulares.

Este episodio es cabal radiografía del poder en Colombia.

Ante todo, la cachaza del poder. Su cinismo. No tiene empacho alguno en favorecer a los potentados, siempre, como es obvio, en desmedro de las clases humildes. La potencia de los ricos en correlación con la miseria de los pobres. Y tampoco los ricos tienen empacho alguno en hacerse cada vez más ricos, y no les duele que los pobres sean cada vez más pobres. Esta pobreza va en crecimiento constante, para que vaya también en crecimiento constante la riqueza de los ricos. Y para encubrir esta disparidad siempre creciente se instala, con pleno cinismo, una casta de gobernantes que no tienen vergüenza. De otro costado, al empeño voraz de los ricos contribuye la indolencia o la cobardía de los periodistas. Son como perros falderos. El ministro Arias organizó una visita a Carimagua, y una periodista de gran poder radial, luego de afirmar que había estado en medio del predio, dijo, sin vergüenza alguna, que eso “era un peladero”. Así le prestaba el apoyo del medio al ministro.

Las castas forman contubernio. Y ministros y medios se coaligan. Olivos y aceitunos, todos son unos.