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A finales de los años setenta empezaron a presentarse las primeras desapariciones forzadas en Colombia, las que estuvieron dirigidas contra reconocidos militantes de izquierda (sindicalistas, estudiantes, intelectuales, entre otros), de partidos políticos de oposición como el Partido Comunista, o integrantes de organizaciones insurgentes capturados por fuera de combate. Eran épocas en las que poco se sabía de este crimen, que no se consideraba una conducta criminal en el país y que se justificaba por las autoridades judiciales y políticas señalando que se trataba de personas extraviadas o que habían decidido hacer parte de grupos insurgentes. Los datos de las víctimas han sido recogidos, en su mayoría, por las organizaciones de Derechos Humanos que han sistematizado muchos de los casos en sus bases de datos, pero permanecen en la absoluta impunidad.

La práctica coincide con la puesta en marcha de los manuales de operación militar definidos en el decreto 1537 de 1.974, conocido como Estrategia de Defensa y Seguridad Nacional, y el decreto 1923 de 1.978 que amplía las facultades a la fuerza pública para el juzgamiento de civiles y le otorga poderes judiciales a la policía. En ambos decretos la población civil es concebida como objetivo de la lucha contrainsurgente ya que en ella “se fundamenta la existencia de los grupos subversivos” y por lo tanto hacia ella dirigen las operaciones de inteligencia, de guerra sicológica y de “defensa” contenidas en los referidos manuales. Es bien conocida la estrategia de clasificar a la población en listas negras, grises y blancas, a la cual se le aplica diferentes modalidades de agresión, entre ellas la desaparición forzada. Esta es también la época de fortalecimiento de la estrategia paramilitar con el surgimiento del MAS (Muerte a Secuestradores), en el Magdalena Medio, y que posteriormente se expande por todo el país.

Para los años ochenta el crimen se vuelve generalizado y permanente porque los grupos paramilitares, con la complicidad de las Fuerzas Armadas, retomaron la práctica como una de las modalidades de agresión y terror contra la población campesina a quienes capturaban, torturaban, asesinaban y luego desaparecían como una forma de apropiarse de sus tierras y bienes, o incluso como forma de implementar proyectos estratégicos de infraestructura o de explotación de recursos naturales. Para la década de los noventa la desaparición forzada se convirtió en el crimen de lesa humanidad preferido por los grupos paramilitares y tenía tres fines esenciales: (1) Exterminar y desaparecer líderes sociales y políticos. (2) Realizar acciones de exterminio contra sectores de la población considerados indeseables como mujeres prostituidas, drogadictos, población LGTB e indigentes.  (3) Como forma de disciplinamiento y control social de poblaciones enteras a quienes se les aplicaba esta modalidad para generar terror y así acabar con cualquier intención de denuncia u oposición a la estrategia paramilitar.

Muchas de las víctimas de desaparición forzada terminaron en fosas clandestinas, convertidas en cenizas en crematorios artesanales montados en las haciendas de ganaderos, paramilitares o narcotraficantes, o en los grandes ríos del país, sin que hasta el momento se pueda establecer su paradero. Esta realidad, junto al temor de denunciar la desaparición forzada por el control de los victimarios en la zona y por la desconfianza en las entidades estatales, no permite tener datos claros sobre el número total de víctimas, y a la fecha se siguen recogiendo los testimonios de familiares que sólo hasta ahora se atreven a denunciar, faltando mucho más por documentar. 

Sólo hasta el año 2.000, con la ley 589, la desaparición forzada comenzó a ser un delito y a ser considerado y documentado por los organismos judiciales. En la actualidad Colombia ha suscrito la mayoría de instrumentos internacionales sobre el tema y ha desarrollado legislación y mecanismos especiales. Sin embargo la detención y desaparición forzada de personas sigue siendo sistemática,  permanente y generalizada, como lo reconocen los informes de Naciones Unidas, las organizaciones de Derechos Humanos y las propias entidades oficiales. Sólo después de una fuerte campaña del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y de otras organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos, el gobierno accedió a presentar un proyecto de ley que permita ratificar de manera plena la Convención Internacional de Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada.

¿Cuántas víctimas de desaparición forzada hay en Colombia?

La respuesta a esta pregunta nadie la tiene con certeza. El no reconocimiento de este delito, su registro como secuestro simple u homicidio y, en consecuencia, la falta de reportes oficinales, el temor a denunciar por parte de los familiares, la persecución contra las organizaciones de víctimas que se dedicaron a investigar la tragedia y la constante intención del Gobierno Nacional de ocultar las cifras, han llevado a no tener datos claros sobre la magnitud de este crimen contra la humanidad.

Hasta mediados de 2.009 la Fiscalía General de la Nación tenía un consolidado de 25.000 víctimas y sigue recibiendo denuncias. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas [i] tiene una cifra global de 35.086 casos, además ha afirmado que las desapariciones forzadas aumentaron dramáticamente entre el 1º de enero de 2007 y el 21 de octubre de 2008, periodo en el que se registraron 7.763 casos, de los cuales 3.090 ocurrieron durante el año 2008. Sin embargo, los registros de Medicina Legal y Ciencias Forenses consideran cifras aún mayores. Mientras tanto las organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, afirman que si se consideran los casos cometidos desde 1.977 y se incluyen los cuatro últimos años, la cifra podría llegar a más de 50.000 víctimas. En lo que sí coinciden todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales es en que las cifras siguen creciendo. Eso incluye la documentación de casos de ejecuciones extrajudiciales en el período de la Seguridad Democrática, conocidas eufemísticamente en Colombia como “falsos positivos”. Los casos documentados son 3.083 (entre junio de 2002 y diciembre de 2009), de los cuales un alto porcentaje iniciaron como desapariciones forzadas.

Un ejemplo puede ilustrar la magnitud del horror. El Instituto Nacional de Medicina Legal señala que ha recibido en la ciudad de Medellín -entre el 1º de enero y 7 de abril de 2010- un reporte de 109 casos denunciados como desapariciones forzadas. De estos casos 6 víctimas fueron halladas muertas y 103 continúan desaparecidas, 34 de ellas mujeres. Por ende la desaparición forzada sigue siendo una dolorosa realidad y detrás de cada caso hay una persona con un proyecto de vida, su familia y, muchas veces, un colectivo gravemente afectado.

Dificultades para la participación de familiares de víctimas en la búsqueda de personas desaparecidas forzadamente 

Otras preocupaciones del MOVICE tienen que ver con la escasa participación real de las familias en los procesos de búsqueda de las personas desaparecidas (sólo 448 núcleos familiares han podido participar en las más de 4000 diligencias de exhumación realizadas[ii]). En muchos casos los familiares son sólo vistos como denunciantes, fuentes de información, objeto de la prueba de ADN, pero no como sujeto de derecho[iii]. Algunas razones más para la poca participación son:

·    Desconocimiento de las entidades con respecto a quien buscan, falta de investigación preliminar rigurosa y eficiente de manera que las entidades no saben a qué familiares contactar ni tienen clara las rutas de búsqueda.

 

·    Falta de información adecuada y comprensible de las familias sobre su derecho a participar.

 

·    La Fiscalía rechaza la presencia de familiares y acompañantes en las diligencias de exhumación por falta de seguridad; un argumento contradictorio si a la vez el gobierno niega la existencia de un conflicto armado, del control paramilitar y resalta los avances  de seguridad gracias a la Política De Seguridad Democrática.

 

·    Temor por parte de funcionarios del impacto emocional en los familiares y comunidades, y su incapacidad de manejarlo sin apoyo de profesionales, especialmente en las diligencias de exhumación e identificación.

 

·    Escasez de recursos para que las víctimas puedan hacer seguimiento al proceso judicial y el proceso de búsqueda.

·    Aviso de diligencias de exhumación con poca antelación.

“Lo que buscamos son nuestros seres queridos. No buscamos tumbas y huesos”

Expresión de los familiares de víctimas cuando escuchan las cifras frías de los organismos judiciales sobre el éxito de las exhumaciones realizadas por el Programa Nacional de Identificación a Víctimas NNs y Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la Fiscalía General de la Nación. Dicho programa ha sido presentado ante la comunidad internacional como parte del éxito de la ley 975 de 2.005 (conocida como Ley de Justicia y Paz). Sin embargo, una mirada a las cifras señala que si bien la Fiscalía ha logrado algunos avances, está lejos del derecho a la verdad y la justicia puesto que más del 90% de las víctimas continúan desaparecidos y los casos no se han logrado esclarecer ya que los paramilitares sólo han hecho reconocimientos generales de sus crímenes y el Estado no asume su responsabilidad en ese Crimen de Lesa Humanidad.

La impunidad reinante relativa a este delito, el hecho de que nuevamente casos de desaparición forzada pasan a la justicia penal militar como si existiese la obediencia debida en esos casos, el hecho de incluir combatientes exhumados en las estadísticas, de manera que pareciesen mayor los resultados en la búsqueda de las personas desaparecidas forzadamente representan, desde un enfoque psicosocial, una revictimización de las familias e impiden un carácter reparador de los procesos de búsqueda, exhumación, identificación y entrega digna en Colombia.

Recordemos que se habla de más de 50.000 víctimas de desaparición forzada en los últimos treinta años. De ellos la Fiscalía reporta que hasta el 28 de Febrero de 2.010, hallaron 2.488 fosas con 3.017 cuerpos. Sin embargo, la identificación y entrega de restos y cuerpos son todavía muy lentas: hay 910 identificados de forma plena o indiciaria, de los cuales 796 han sido entregados a sus familiares.

UN CASO PARA NO REPETIR

El día 15 de octubre de 2009 en las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Medellín, organismo adscrito a la Fiscalía General de la Nación, se realizó la entrega de23 cuerpos de víctimas de desaparición forzada por parte de la Unidad de Justicia y Paz. Al evento fueron invitados los familiares y los medios de comunicación. Los restos estaban en pequeñas cajas de madera selladas y sus familiares nunca pudieron abrirlos. Detrás de las cajas estaban todos los funcionarios de Justicia y Paz, del CTI, de la Alcaldía, entre otros. Los familiares, por su parte fueron ubicados en sillas, lejos de las cajas con los restos de sus familiares, citados para presenciar la ceremonia en la que eran más importantes los discursos de los funcionarios ante los medios de comunicación que reprodujeron los grandes éxitos del programa de exhumación e identificación de cadáveres.

Ese día llegó Yoni Rivera, junto con sus diez hermanos, para recibir los restos de su padre, SEBASTIAN ENRIQUE RIVAS VALETA, y su hermano, WILSON RIVAS LOPEZ, torturados, asesinados y desaparecidos el 20 de julio de 1996 en una vereda del municipio de Turbo por paramilitares que operaban en la región. A la cita no pudo llegar su mamá, ROSIRIS DEL CARMEN LÓPEZ, porque fue cruelmente asesinada en febrero de 1997 por denunciar los hechos. No importó que Rosiris estuviera embarazada y que sus pequeños niños se colgaran de sus piernas cuando la iban a matar, sus victimarios no tuvieron compasión: le sacaron el feto, la descuartizaron y regaron todo su cuerpo para que sus hijos vieran. Yoni tenía 12 años pero ya tenía coraje para recoger, con sus hermanos, los pedazos de cuerpo de su madre. El día de la entrega los hijos se reencontraron porque ahora están dispersos por diferentes lugares del departamento de Antioquia, pero a pocos importó su historia porque no eran ellos los protagonistas.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado los reunió en una íntima celebración eucarística donde, por primera vez, pudieron hablar de lo que sentían. Pudieron acercarse a las cajas con tranquilidad, tocarlas y expresar sus temores. El mayor de ellos ¿estos si serán los cuerpos de nuestro papá y de nuestro hermano? Sólo saben que les sacaron sangre para una prueba de ADN que poco entendieron, no participaron en la exhumación. “Eso fue como una entrega de diplomas en una graduación”, dijeron algunos…

www.movimientodevictimas.org
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Con el apoyo de
 

       

 


[i] Conformada por el programa de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Ministerio de Defensa, la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), Fondelibertad y la Comisión Colombiana de Juristas. 

[ii] Información dado por la Fiscalía en la reunión de la Mesa Interinstitucional de atención a Víctimas de Desaparición Forzada auspiciado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos y el CICR.

[iii] Por ejemplo, así se desprende del Documento CONPES 3590, Consolidación de los mecanismos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas en Colombia; Consejo Nacional de Política Economía y Social de Colombia, Planeación Nacional, Bogotá, Junio 2009  

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