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La Comisión Primera del Senado votará, durante el día de hoy, el proyecto de Reforma Constitucional

Cinco años después de que la Corte Constitucional expidiera la sentencia 355 de 2006, en la que se despenaliza el aborto en caso de que ponga en peligro la salud o la vida de la madre, de que el feto presente problemas que hagan inviable su vida, o de que sea producto de una violación debidamente denunciada; nuevamente los senadores del Partido Conservador ponen el tema sobre la mesa, no para continuar un progresivo proceso de despenalización –como se esperaría–, sino para sancionar la práctica del aborto en cualquier circunstancia, incluidos los tres casos citados, y cualquier procedimiento que atente contra la vida.

El artículo que pretenden incluir en la Constitución dice que “el derecho de cada ser humano a la vida es inviolable y recibirá toda protección desde la fecundación hasta la muerte natural. No habrá pena de muerte”.

Así las cosas, serían sancionadas además las mujeres que recurrieran a la pastilla del “día después” y el personal médico que recomendara su uso, los investigadores y científicos que manipularan embriones en tratamientos de fertilización –poco exitosos en su mayoría–, y las personas involucradas en procedimientos de eutanasia asistida, restringiendo también el derecho a tener una muerte digna.

Pese a que tanto instituciones privadas como públicas han establecido barreras que impiden el acceso de las mujeres a este servicio, según han denunciado entidades estatales y organizaciones sociales nacionales e internacionales, ha sido todo un logro la despenalización parcial del aborto, puesto que los que se practican de manera ilegal y la imposibilidad de comenzar un tratamiento médico a causa del embarazo, han cobrado la vida de miles de mujeres en Colombia. Y ni hablar de los traumas psicológicos, la frustración y la amargura que embargan a las mujeres víctimas de abuso sexual y se han visto obligadas a ser madres; o a los hijos no deseados o producto de violaciones, que crecen en medio de inmensas carencias afectivas.

A diferencia de lo que se ha plaAbortonteado en algunas columnas periodísticas, la lucha por la despenalización total del aborto no es un complot de unas contra la moral; es la representación de la necesidad de que el cuerpo de las mujeres no sea administrado-controlado por los hombres, de que sean respetadas y garantizadas las libertades individuales y el derecho a disentir, de que en una sociedad que se supone laica, las prohibiciones impuestas por la religión no sean sancionadas penalmente por la ley civil.

Para sorpresa de muchos, los senadores del Partido Conservador –y ahora del PIN y de la U que se les han aliado–, levantan una bandera que silencia la voz de las mujeres y hombres que en diferentes escenarios, incluso en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud realizada por Profamilia, han manifestado la necesidad de que el aborto en Colombia sea despenalizado no sólo en los tres casos que la Corte determinó, sino cuando se trata de un embarazo no deseado, cuando las mujeres son niñas o muy jóvenes, y cuando la situación económica de la madre o la familia no se presta para traer hijos al mundo en condiciones dignas.

Pareciera que los senadores están más preocupados por hacer de ésta una sociedad aún más punitiva, donde toda acción humana sea controlada con la sanción penal, que por la dignidad y el bienestar de los colombianos, bastante distantes de la maternidad no deseada –bajo cualquier circunstancia–, del embarazo como pena de muerte de la madre, de niños con problemas médicos que los obligan a la dependencia, o niños faltos de afecto o hambrientos.

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