Informe: Paramilitarismo e Impunidad, Violaciones a los Derechos Humanos en las Zonas 1 y 2 del Suroeste Antioqueño.

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Lo metodológico

El proceso de construcción del informe propende por asumir la memoria colectiva como un reconocimiento a los testimonios desde el diálogo de saberes, permitiendo ser herramienta de trabajo y una forma de construir conocimiento alrededor de los vacíos y silencios sobre el fenómeno paramilitar, y las distintas acciones y violencias perpetradas en sus distintas facetas vividas por los habitantes del Suroeste, específicamente en las zonas de influencia de los ríos San Juan y Penderisco que comprenden la Zona 1 (Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Hispania y Jardín) y la Zona 2 (Betulia, Concordia, Salgar y Urrao).

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Es importante reconocer que la selección de dichas zonas y municipios corresponde a la pregunta por la actual dinámica violenta o de recrudecimiento en este territorio. Luego de décadas de conflicto en los municipios aquí abordados sigue presente la lucha por el reconocimiento de las víctimas, y parte de su territorio vuelven a ser epicentro de grupos paramilitares que han retomado su accionar en los corredores estratégicos hacia el occidente de Antioquia y Chocó.

La articulación entre testimonios, talleres de recuperación de memoria, cartografías y la revisión documental en fuentes primarias, permitió establecer un problema de investigación que contribuyó a delimitar este alcance espacial sin dejar de lado una generalidad dela subregión, además permitió también definir actores, enfoques y una temporalidad.

En las comunidades del Suroeste las masacres, desplazamientos forzados, asesinatos selectivos, amenazas, violencia sexual y desapariciones forzadas son parte del relato sobre el conflicto vivido en esta subregión entre 1985 y 2007, años en los que se concentró la indagación sobre el paramilitarismo y su responsabilidad en estas graves violaciones de Derechos Humanos cometidas contra las comunidades campesinas e indígenas.

Las afectaciones por parte del paramilitarismo

Teniendo en cuenta la importancia de recordar y recuperar los relatos de memoria sobre las afectaciones al territorio por parte de los grupos paramilitares en sus distintas fases, las relaciones entre éstos con entes estatales, fuerza pública y élites locales, se consideró importante para poder definir los elementos a incluir en el informe, mapear y construir una serie de fichas de análisis con las graves violaciones a los Derechos Humanos, desde la perspectiva de las afectaciones en clave de daños e impactos a la vida, los impactos políticos, económicos, al tejido social y los benes comunes.

Dentro de las indagaciones y ejercicios de memoria sobre estas afectaciones, se construyeron otras categorías transversales en el análisis de la criminalidad paramilitar que permitieron enlazar los contextos, con los territorios y los actores en disputa en el periodo de influencia del paramilitarismo.

Estos ejercicios, sumados a los testimonios de las comunidades, ayudaron a que emergieran conceptos que, articulados entre ellos, permitieron una lectura y descripción de las estructuras paramilitares que hicieron presencia en las zonas de análisis y su relación con las élites locales y el Estado para su accionar, dejando en evidencia las distintas formas, nombres y estrategias de criminalidad que se implementaron en la subregión desde los primeros grupos de autodefensas privadas hasta la consolidación de bloques.

Además, el enfoque de daños se toma como referencia para dilucidar otros elementos presentes en las graves violaciones a los Derechos Humanos que se vivieron en la subregión y se manifestaron en modalidades de agresión perpetradas por los paramilitares. Dichos elementos se componen con base en los elementos de análisis como los antecedentes de los daños, modalidades de agresión, acciones paramilitares, la responsabilidad de las élites que soportaron el vínculo Estado/Paramilitarismo/Élites.

Bajo este contexto, la lectura del fenómeno paramilitar, parte de las particularidades en el territorio donde las presiones de las élites locales para conservar el orden social y el clientelismo, facilitaron la agrupación de estructuras de autodefensa armadas, que posteriormente y con responsabilidades de políticos y empresarios de esferas de la opinión pública regional y nacional, financiaron y fomentaron la incursión y consolidación de las distintas estructuras paramilitares en la subregión.

Hablar del paramilitarismo en la subregión del Suroeste de Antioquia, pasa necesariamente por la descripción y análisis de: (i) La existencia de grupos privados de autodefensa que operaron entre 1988 y 1994, (ii) las Cooperativas de Seguridad o Convivir que se fortalecieron entre 1995 y 1997, (iii) presencia de las ACCU (1995-1997), (iv) la movilidad del Frente Cacique Pipintá (1998-2007), (v) el nombrado Frente Suroeste (1999-2004) y (vi) la consolidación y posterior desmovilización del Bloque Suroeste de las AUC (1996-2005).

El nivel de relacionamiento desde el Estado con el Bloque Suroeste y con estructuras paramilitares anteriores, contribuyó a que los hechos acontecidos hayan tenido o aún tengan un alto nivel de impunidad, ya que no se trata de reconocer simplemente las actuaciones individuales que cometió un agente estatal, sino cómo estaba ligada esa actuación a un engranaje que como máquina de muerte, conllevó a que la población fuera víctima de las actuaciones orquestadas. Enlazar los análisis sobre la criminalidad paramilitar en complicidad con la Fuerza Pública y las cifras de violaciones a los Derechos Humanos, permite ponerlo en diálogo con distintos sectores de la sociedad y posibilita avanzar en una narrativa que es reclamada por el campesinado y grupos étnicos que siguen buscando por distintos medios, contar su historia y poder plantear sus posiciones como comunidades que sobreviven a pesar del temor y los daños ocasionados.

Violaciones de Derechos Humanos

Para efectos del presente informe, en los talleres y recolección de testimonios sobre la memoria de las afectaciones del paramilitarismo en la subregión y específicamente en los municipios comprendidos en las Zonas 1 y 2, se hizo hincapié en las cifras que se han conocido por entes institucionales y de organizaciones de víctimas, con el fin de ubicar no solo las graves violaciones de Derechos Humanos en la subregión, sino también, de analizar los distintos silencios que existen alrededor de dichos datos y la falta de relatos en las narraciones sobre el conflicto sociopolítico y armado en el Suroeste antioqueño.

Según las organizaciones y testimoniantes, no es común encontrar en distintos escenarios de debate sobre el conflicto, datos concretos sobre los daños ocasionados por los paramilitares y la Fuerza Pública en la subregión. En cada taller o recolección de testimonios son comunes las denuncias sobre la grave situación de violencia ocasionada por los distintos grupos paramilitares durante tres décadas y sobre las cuales es difícil acceder a información.

Para el informe es fundamental seguir ahondando en los datos y cifras que ponen en evidencia que el Suroeste no fue ajeno a las masacres, desplazamientos forzados, asesinatos selectivos, amenazas y desapariciones forzadas que se vivieron en otras regiones del departamento y tuvieron mayor eco en la opinión pública. Disponer de ellas, permite insistir en la necesidad de volcar la mirada a la subregión, donde terceros promovieron y se beneficiaron de las estructuras paramilitares aún ante el conocimiento de autoridades gubernamentales y militares. Constatar las cifras desde la voz de las víctimas ha sido un elemento fundamental en los escenarios donde los debates frente al conflicto en la subregión han estado ausentes o minimizados, en razón de la imagen “tranquila” y “turística” que se la ha dado al Suroeste.

Concentración de tierras

Uno de los análisis adicionales que se permitieron en el presente informe tiene que ver con la ubicación de los análisis espaciales frente al tema de concentración de tierras, a partir de la información catastral con miras a aportar elementos que constaten cómo las élites regionales, en cabeza de algunos de sus referentes han sido los mayores beneficiados del conflicto sociopolítico y armado en la subregión.

Es por esto que, ubicar la subregión en términos de propiedad de la tierra permite ahondar en los daños y afectaciones que se han generado en las comunidades y sus organizaciones sociales, ocasionadas por el paramilitarismo y el papel del Estado desde múltiples expresiones.

las dinámicas criminales impuestas por los grupos armados ilegales en el Suroeste se dieron como resultado de las alianzas con personas de la sociedad civil que, patrocinaron el accionar paramilitar y permitieron la apropiación de territorios en clave de fomentar la concentración de tierras, la implementación de megaproyectos extractivos y de infraestructura, que al día de hoy dispone la subregión, luego de una estrategia de exterminio y despojo orquestada en la subregión.

Conclusiones

El paramilitarismo en la subregión estuvo marcado por la defensa acérrima de la propiedad privada, los valores de la familia tradicionalmente religiosa y empresarial. Esto liderado por grandes élites locales y sus relaciones a nivel nacional, articuló la lógica de control y vigilancia en distintos momentos para la protección de sus tierras y sus negocios, situación que desembocó, no solo la concentración de la tierra con monocultivos como el café, sino que, articuló a otros sectores económicos que acrecentaron el poder económico regional y la llegada de otros modelos como el extractivismo y el turismo.

De igual forma, como ocurrió en muchas otras regiones del país, la llegada del narcotráfico al Suroeste puso en disputa las tradiciones económicas de la región que, consolidaron otras élites, las cuales en su alianza con el paramilitarismo lograron el control de la subregión. Si bien es importante señalar que, existieron alianzas entre el paramilitarismo y el narcotráfico, este acontecimiento no fue fácil de asimilar, pues las formas en las que el narcotráfico actuó, lo posicionó como un actor que podía disputarse también el poder y el control en la zona, y generó diferencias en las formas de actuar y ejercer el poder al interior de los paramilitares.

En consecuencia, el paramilitarismo representó una estrategia criminal en contra de las organizaciones sociales que se articulaban en el territorio en defensa de los bienes comunes y que desde múltiples sectores como el campesinado, indígena, estudiantil y sindical, optaron por formas asociativas más democráticas. Las distintas persecuciones, amenazas y asesinatos que sufrieron estos actores, desarticularon las expresiones organizativas y trastocaron los arraigos e identidades con el territorio.

Se resalta además que a pesar de haberse dado denuncias durante todo el período entre1985y 2007, sobre las graves afectaciones a los Derechos Humanos, que sufrieron los movimientos sociales y las comunidades, el miedo y la zozobra infundada por el terror paramilitar y la colaboración que recibieron por parte de las autoridades locales y la Fuerza Pública, dejan hoy una extensa estela de hechos que no fueron conocidos y que solo hasta ahora pretenden, con este tipo de informes y esfuerzos de recuperación de memoria insertarse en los relatos de verdad sobre el fenómeno en la región.

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