Jóvenes, principales víctimas de la violencia en Medellín
Hace tres días, el pasado lunes 24 de agosto, los habitantes del barrio Eduardo Santos, de la Comuna 13 de Medellín, presenciaron el asesinato de uno de sus jóvenes líderes culturales: Héctor Enrique Pacheco.

Colacho, como solían llamarlo sus amigos, tenía apenas 20 años de edad y unos ocho dedicado a participar en procesos de creación artística y sociocultural como parte de la Red Cultural Elite Hip Hop y del grupo C15, donde participó en la producción de un disco llamado De Eskina a Eskina, en el año 2008, y con quienes planeaba su próximo trabajo Almas en Guerra.

Hoy nuevamente las organizaciones sociales, los grupos juveniles y artísticos de la Comuna 13 expresan su preocupación por la creciente violencia en la ciudad de Medellín, y “manifestamos y exigimos que el respeto a la vida, a la dignidad y a los derechos humanos deben prevalecer sobre todos los intereses, y la violencia no puede seguir arrebatando la vida de las y los jóvenes”.

Si bien esta situación es trágica y dolorosa, se ha vuelto habitual tanto en la Comuna 13 como en los demás barrios de la ciudad, donde sólo en los primeros siete meses del año que transcurre fue superada la cifra de homicidios del 2008, llegando a un promedio de siete asesinatos por día.

Los más afectados han sido jóvenes, niños y niñas. Pese a la ausencia de datos concretos, en los últimos días las noticias han ido del cuerpo abaleado de un joven a la salida del colegio, al de otro tomado por sorpresa en algún resquicio de su barrio o al de un niño víctima de una bala perdida en los enfrentamientos de lo que la Fuerza Pública se ha dado en llamar “bandas emergentes”.

Y de amenazas ni qué decir. Hace apenas una semana la rectora del colegio Creadores del Futuro, de la Comuna 13, decía que 25 alumnos están amenazados. Otros afirman que la cifra llega a 73.

El viejo y reciente caso de la Comuna 13

En el caso concreto de la Comuna 13, que tantos cuestionamientos ha dejado abiertos por las violaciones contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario durante y después de los operativos militares que allí se ejecutaron en el año 2002; tan sólo a un año de la Operación Orión, organizaciones de Derechos Humanos y eclesiales denunciaron la situación de vulnerabilidad y riesgo en que se encontraban los jóvenes, niños y niñas de los barrios de este sector de la ciudad.

Denuncia que se sumó a las luces de alerta que se venían prendiendo desde la aparente desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, comandado por el extraditado paramilitar Diego Fernando Murillo, alias don Berna, cuando las organizaciones de Derechos Humanos llamaron la atención de las autoridades “sobre el reclutamiento de jóvenes que fueron presentados como paramilitares, mientras que los mandos medios siguieron en los barrios ejerciendo control. Posterior a la ceremonia de “entrega de armas” dichos jóvenes reclutados fueron obligados a realizar actividades de apoyo logística como servicios de vigilancia, cobro vacunas, trasporte de droga y armas o cuidar casas expropiadas a familias obligadas a desplazarse del sector ”.

En junio de 2004, cuando aún era Secretario de Gobierno Municipal, Alonso Salazar recibió una carta que recogía estas denuncias y la descripción de casos particulares. Tres meses después el alcalde Alonso Salazar recibió otra similar, ahora de un grupo de madres indignadas y preocupadas puesto que los jóvenes que se negaban a participar en las actividades de los paramilitares eran asesinados o, en el mejor de los casos, desplazados juntos con sus familias por las amenazas constantes.

“Otro grupo no tuvo cómo protegerse y hoy son reportados como víctimas de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas. De acuerdo con la información recolectada por la Corporación Jurídica Libertad, desde octubre de 2002, posterior a la operación Orión, hasta la fecha se han cometido cerca de doscientos crímenes contra pobladores de la comuna, que por su sistematicidad pueden ser calificados como crímenes de lesa humanidad. La mayoría de las víctimas son jóvenes, niñas y niños que no conocieron los beneficios del supuesto laboratorio de paz implementado en la comuna después de las operaciones militares ”. 

Pasaba el tiempo y mientras se sucedían amenazas, asesinatos, desapariciones, desplazamientos, la Administración Municipal continuaba repitiendo el discurso presidencial del progreso de la seguridad, los hechos aislados y la conformación de bandas emergentes al servicio del narcotráfico, falseando la dimensión del problema y respondiendo a las denuncias con más militarización.

Ya la Defensoría del Pueblo de Medellín y la Procuraduría Departamental de Antioquia habían sido puestos al tanto de la situación y habían recibido la denuncia por el reclutamiento forzado de nueve niños, entro los 13 y 16 años, para integrarlos a las filas del paramilitarismo. Pero ni se avanzó en las investigaciones ni los chicos recibieron protección. 

Respondiendo a tal indiferencia, en agosto de 2005 un grupo de organizaciones de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para todos los niños y niñas de la Comuna 13 de Medellín. Y en noviembre logró realizarse una reunión  con funcionarios delegados de la oficina de Derechos Humanos de la Cancillería, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Alcaldía de Medellín, la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional y la Personería de Medellín, además de organizaciones de derechos humanos y los familiares de los niños.

Sin embargo, los compromisos de atención de casos concretos, prevención para evitar la repetición de estos hechos y un tratamiento no militarizado de la situación, se quedaron en pura y simple retórica: continuaron los homicidios, los desplazamientos intraurbano, las amenazas y el aumento de pie de fuerza en la Comuna 13.

“Si este problema no se interviene a tiempo, puede derivar en un problema tan serio como el que provocó la intervención militar conocida como operación Orión hace seis años”, decía Jairo Herrán Vargas, personero de Medellín, en una asamblea del Comité Municipal de Derechos Humanos, desarrollada en octubre de 2008.

Allí mismo afirmaba la Hermana Rosa Cadavid que: “los adultos ya sienten temor cuando ven a un grupo de niños en la calle porque no saben si están armados, si son de las bandas del barrio. La gente ya les dice los paraquitos. Es muy triste porque aumentaron los atracos y las balaceras”.

Pero vuelve a evidenciarse la visión obtusa de la Administración cuando en abril de 2009 el subsecretario de Orden Civil de la Secretaría de Gobierno de Medellín, declara: “hay unos menores vinculados con el tema delincuencial, que siguen vinculados al microtráfico de estupefacientes o con ciertas bandas criminales, es una realidad. Pero uno no puede calificar las excepcionalidades o las coyunturas y decir que todos los niños están vinculados con la delincuencia y estigmatizar la Comuna 13”.

No sólo no se reconoce el fracaso del proceso de desmovilización de los paramilitares y, por ende, la permanencia de sus estructuras; sino que mientras cada día los noticieros retratan la historia de un chico recientemente asesinado, la Administración se empeña en hablar de excepciones.  

“Nosotros llevamos años diciendo “pilas que puede pasar esto, pilas que a los niños los están reclutando”, y no hicieron nada. Ahora ellos son reclutados a la fuerza, los convierten en ladrones y luego viene la limpieza social sobre ellos mismos. Es un círculo vicioso. Me pregunto, si nadie quiere hacer nada ¿en manos de quién vamos a quedar?”, cuestiona la hermana Rosa. 

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