Según el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, Chiquita Brands, Del Monte y Dole, Bavaria, Postobón y empresas de los sectores automotriz y de transporte, financiaron por varios años la organización criminal Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
No es la primera vez que esta transnacional estadounidense comete crímenes de lesa humanidad en Colombia, el 6 de diciembre de 1928 en la plaza municipal de Cienaga Magdalena fueron asesinados cerca de 3000 hombres y mujeres, por exigirle a la United Fruit Company solución al pliego de peticiones presentado por el sindicato. Ese día el gobierno colombiano, a través de su ejército nacional al mando del general Carlos Cortés Vargas, disparo sus armas contra la multitud para aniquilar la protesta de los trabajadores. http://www.sinaltrainal.org/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=1
Tribunal Permanente de los Pueblos.
La población organizada y ante la impunidad en que se mantienen, no solo los crímenes del 28, sino todos los demás, El Tribunal Permanente de los Pueblos sesión Colombia, en su audiencia agroalimentaria realizada los días 1 y 2 abril de 2006, recibió acusaciones contra la Chiquita Brands, por los delitos de:
http://www.sinaltrainal.org/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=64
1. Trafico de armas con destino a grupos paramilitares en Colombia, al haber introducido de contrabando al país el 5 de noviembre de 2001 tres mil (3.000) fusiles AK 47 y cinco millones (5.000.000) de cartuchos calibre 5,62 mm). El armamento entró al país por el puerto de Turbo en el Uraba antioqueño en el barco Watterloo, de propiedad de Carlos Castaño.
2. Apoyo económico a grupos terroristas. http://www.sinaltrainal.org/index.php?option=com_content&task=view&id=119&Itemid=64
La confesión de Chiquita.
Chiquita Brands o Banadex S.A. el 15 de mayo de 2004, confesó haber entregado 1.7 millones de dólares en un periodo que va desde 1997 hasta 2004 a las Autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Según el juez federal de los Estados Unidos Royce Lamberte más de 100 pagos fueron aprobados por directivos de alta jerarquía de la empresa con sede en Cincinnati – Ohio. Producto de la confesión una Corte Federal acepto provisionalmente el acuerdo entre la transnacional y la fiscalía y deberá pagar 25 millones de dólares en cinco cuotas de 5 millones cada una.
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Chiquita/Brands/pagara/25/millones/multa/financiar/paras/elpepuint/20070918elpepuint_1/Tes
En octubre de 2001 la Comisión de Cambios y Valores de Estados Unidos le impuso a la Chiquita Brands una multa de 100.000 dólares, por haber sobornado a empleados del Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia DIAN para que le expidieran la licencia aduanera y portuaria en el municipio de Turbo en el Urabá Antioqueño. El caso en Colombia fue archivado.
Según el periódico La Jornada, del 17 de mayo de 2007. “El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso entregó hoy una la lista de empresas colombianas y estadunidenses que financiaron las actividades ilegales de los grupos armados que encabezó hasta 2004 con el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en una declaración que amplía las ramificaciones de la llamada narcoparapolítica en este país sudamericano.
En el tercer interrogatorio realizado en la fiscalía de justicia y paz de esta ciudad, Mancuso aseguró que las compañías plataneras estadunidenses Chiquita Brands, Del Monte y Dole financiaron por varios años a las AUC, al igual que la cervecera Bavaria, la refresquera Postobón y empresas de los sectores automotriz y de transporte.” http://www.jornada.unam.mx/2007/05/18/index.php?section=mundo&article=032n1mun
Demandas en los Estados Unidos.
Ante las cortes del distrito sur de Nueva York en los EU, varios grupos de abogados adelantan un poco más de mil demandas contra esta empresa. Seguramente muchas son de familiares de sindicalistas. Una de ellas fue instaurada hace pocos días por la Comunidad de Paz de San José de Apartado.
http://www.sinaltrainal.org/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=64
“Nueva York, noviembre 14 (AFP). Las víctimas de los paramilitares en Colombia y sus familiares lanzaron este miércoles en Nueva York una demanda por 7.860 millones de dólares contra la bananera Chiquita acusada de complicidad.http://www.pacocol.org/es/Inicio/Archivo_de_noticias/Noviembre07/227.html
Investigaciones en Colombia.
Como ofendido y NO como victimario
“…en la Fiscalía sí existan investigaciones, pero no contra la transnacional, sino en la que ésta aparece como el “ofendido Chiquita Brands Internacional”. En efecto, de acuerdo con esta información obtenida a raíz de acciones de tutela interpuestas por la falta de respuesta a derechos de petición dirigidos por el Colectivo de Abogados al entonces Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio, se tuvo conocimiento que se adelanta ante la Fiscalía la investigación previa radicada con el número 2432 SIJUF 958.570, según el Gaula Rural de Antioquia.”http://www.colectivodeabogados.org/article.php3?id_article=944
Por concierto para delinquir, NO por cometer crímenes de lesa humanidad
La fiscal 29 especializada de Medellín, Alicia Domínguez, adelanta investigación contra la Chiquita Brands, por el presunto delito de “concierto para delinquir agravado” por entregar dinero al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en las zonas productoras, a cambio de seguridad.
http://olganza.com/2007/12/18/colombia-investiga-a-empresas-por-pago-a-paramilitares/
Extradición de directivos de la Chiquita Brands no ha sido pedida por gobierno colombiano.
El Gobierno colombiano y la Fiscalía General de la Nación han señalado que si es procedente pedirán en extradición a los directivos de la empresa que incurrieron en estos hechos.
El Fiscal General de la Nación anunció el inicio de una investigación contra los directivos empresariales y adelantó – en declaraciones a la cadena CNN- que, en su opinión, la conducta de los directivos es constitutiva de delito y que no se justifica por la presión a la que se les pudo haber sometido.
http://www.lapalabradigital.com/inicio/index.php?option=com_content&task=view&id=425&Itemid=47
Algunos artículos de prensa.
“Nueva demanda contra Chiquita Brands por complicidad con paramilitares en Colombia.http://www.pacocol.org/es/Inicio/Archivo_de_noticias/Noviembre07/227.html
Nueva York, noviembre 14 (AFP). Las víctimas de los paramilitares en Colombia y sus familiares lanzaron este miércoles en Nueva York una demanda por 7.860 millones de dólares contra la bananera Chiquita acusada de complicidad.
“La demanda consiste en reclamar compensación para las víctimas y sus familiares por todas las atrocidades”, dijo a la prensa Jonathan Reiter, abogado de los 393 querellantes ante la corte del distrito sur de Nueva York.
Según Reiter, las víctimas de asesinato o tortura por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) reclaman “indemnización por terrorismo, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, ejecuciones extrajudiciales y tortura”.
En otro juicio federal, Chiquita admitió ante la justicia en marzo pasado haber pagado más de 1,7 millón de dólares a las AUC a los largo de seis años.
La empresa aceptó pagar una multa de 25 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos pero las verdaderas víctimas no recibieron nada hasta ahora, según sus abogados, que reclaman ahora 20 millones de dólares por víctima.
Humanidad en Colombia
Resulta paradójico que el hoy Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, al parecer desconozca la existencia de investigaciones en contra de Chiquita Brands Internacional y se haya comprometido a solicitar información al Departamento de Justicia de Estados Unidos para establecer como lo menciona el periódico El Tiempo en su edición del sábado 17 de marzo “si con el dinero de la multinacional se adquirieron fusiles y se realizaron masacres en el noroeste colombiano”, como si el caso no estuviera ya, suficientemente documentado, tanto por comunidades, organismos defensores de derechos humanos nacionales como internacionales, por lo menos desde 2004, época de confesión de estos hechos por parte de la transnacional bananera.
Pero resulta más paradójico que en la Fiscalía sí existan investigaciones, pero no contra la transnacional, sino en la que ésta aparece como el “ofendido Chiquita Brands Internacional”. En efecto, de acuerdo con esta información obtenida a raíz de acciones de tutela interpuestas por la falta de respuesta a derechos de petición dirigidos por el Colectivo de Abogados al entonces Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio, se tuvo conocimiento que se adelanta ante la Fiscalía la investigación previa radicada con el número 2432 SIJUF 958.570, según el Gaula Rural de Antioquia.
Es casi inconcebible que después de una declaración como la hecha por el presidente de la multinacional Chiquita Brands Internacional en junio de 2004, la Fiscalía de manera oficiosa no haya iniciado una investigación por el grave delito que representa financiar grupos armados ilegales como lo son en este caso los grupos paramilitares, que como se sabe y está de sobra documentado son responsables de innumerables crímenes de lesa humanidad.
Sobre este punto basta recordar que el mismo Cesar Gaviria, entonces secretario General de la Organización de Estados Americanos – OEA – , abriera una investigación específica sobre el caso, luego de la solicitud de los países involucrados en la entrada del armamento a Colombia, es decir, Nicaragua y Panamá, y de la confesión del jefe paramilitar Carlos Castaño, quien en entrevista con el diario El Tiempo el 30 de junio de 2002, reconociera públicamente que el mayor éxito logrado por las AUC, fuera precisamente la introducción al país de dicho arsenal. Gaviria entonces nombró como parte del equipo investigador al embajador en ese tiempo de los Estados Unidos en Colombia, Morris Busby y al argentino Sergio Caramagna, actual jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, entre otros expertos.
Extradición de ejecutivos de Chiquita Brands no ha sido pedida por el Gobierno colombiano.
http://www.colectivodeabogados.org
Así lo afirmó el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, quien explicó que en el país no hay ningún proceso judicial contra la multinacional que hizo pagos a grupos de autodefensas.
“La solicitud de extradición procede a solicitud del Fiscal General…”, dijo Holguín en la Comisión Primera del Senado.
A cambio, dijo Holguín, el Estado colombiano está analizando la posibilidad de acudir a los servicios de la Defensa Judicial de la Nación para ayudar a las víctimas del paramilitarismo a que logren que “los ejecutivos de la Chiquita Brands puedan ser responsabilizados en Colombia”.
Holguín hizo la aclaración tras un reclamo del senador Gustavo Petro, del Polo Democrático, quien pidió al Gobierno acciones frente a una multinacional que soportó las acciones de un grupo terrorista que acabó con la vida de más de 10 mil personas.
El legislador colombiano solicitó que las actas del debate en el que se discutió este tema en el Senado de la República fueran enviadas al Fiscal General de la Nación, para que “se dé cuenta de que se cometió un delito y que debe proceder a pedir en extradición a estas personas”.
Chiquita Brands no quiso revelar los nombres de los ejecutivos responsables de estos pagos en el acuerdo que firmó con las autoridades de Estados Unidos para asumir una responsabilidad por estos hechos.
La multinacional deberá pagar una multa de 25 millones de dólares en los próximos 5 años tras reconocer que hicieron aportes de 1,7 millones de dólares a grupos de autodefensa que cometieron delitos de lesa.
Lo dice el computador de ’40’ Fuente: [El Tiempo, Bogotá, Col, 18mar07]
En el aparato se relata que los envíos de cocaína a Europa se hacían en buques cargados con banano. “Según nuestros informes de inteligencia, la empresa (usada para estos envíos) se llama Chiquita”, dice el reporte de la Fiscalía.
Otra pregunta que tiene la Fiscalía es qué papel jugó la empresa en el ingreso de 3.000 fusiles AK-47 para las Auc, que llegaron en el barco Otterloo al Urabá en 2001. Para resolver esa inquietud, el organismo pedirá a E.U. el expediente sobre la bananera.
Los equipos e instalaciones de Banadex, la filial de Chiquita en Colombia, fueron usados para bajar los contenedores que escondían las armas. Sin embargo, eso no es prueba de que exista alguna complicidad de la bananera.
“Pero ahora, una vez se conoció la multa a Chiquita, es difícil creer que alguien en la empresa no estuviera al tanto de esas armas”, dijo a EL TIEMPO un investigador.
Otro tema pendiente es si la Fiscalía tomará alguna acción contra los miembros de la desaparecida Convivir, que según E.U. recibió los aportes como fachada de las Auc, y que hoy tienen una firma de vigilancia.
Por lo pronto, la multa contra Chiquita es un campanazo de alerta para las otras multinacionales que habrían dado aportes a guerrilla y ‘paras’ con el argumento de que lo hicieron bajo amenazas.
Más de 15 pagos en Santa Marta.
Uno de los hechos que llama la atención del acuerdo entre Chiquita y la justicia de E.U., conocido por EL TIEMPO, es que por lo menos 15 de los 50 pagos que la firma realizó a las Auc después del 2001 no se efectuaron en Urabá, sino en Santa Marta. Es decir, el flujo de dinero dejó de ir solo a los bolsillo de Carlos Castaño y giró hacia una zona que en ese año ya era dominaba por el Bloque Norte, liderado por ‘Jorge 40’ y Hernán Giraldo.
‘Convivir’ teme intervención.
Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad, la organización de asociaciones convivir a través de la cual Chiquita Brands pagó 1,7 millones de dólares a paramilitares, aún existe.
Se declara sorprendida tras conocer que la multinacional acepta haber hecho esos giros al grupo ilegal. Su vocero, Alberto Osorio, sostiene que los aportes para seguridad en la zona bananera son legales.
Cuenta que los desembolsos se hacen a través de las fincas y que, en su momento, Chiquita también usó la banca. De todo hay soporte contable.
Tras el escándalo en E.U., no saben qué va a pasar con la empresa, a la que se fusionaron 13 convivir y que hoy cuenta con 81 vigilantes con radios, revólveres y armas automáticas. Teme que las autoridades la intervengan.
Según Osorio, por cada caja de banano que se exporta en Urabá, la empresa recibe 3 centavos de dólar.
Papagayo, como es conocida la empresa, se creó en 1997, cuando el debate sobre las convivir estaba candente por violaciones a los DD.HH.
La época coincide con la expansión ‘para’ en Urabá y el inicio de las transferencias de Chiquita. En Servicios figura Antonio Arboleda, implicado en un caso por constreñir a campesinos a pagar por tierras invadidas, tras una reunión a la que asistió Rafael García, ‘El viejo’, jefe del ‘bloque Bananero’ detenido el lunes en Chigorodó y señalado del rearme de ‘paras’ emergentes.
Delahunt: ‘Caso Chiquita Brands es la punta del iceberg’
http://www3.terra.com.co/actualidad/articulo/html/acu7902.htm
El congresista estadounidense William Delahunt denunció en Bogotá que el caso de la bananera Chiquita Brands, que aceptó haber dado dinero a grupos paramilitares en Colombia, es sólo “la punta del iceberg” de la financiación de otras empresas de su país a esos grupos.
“Mi enfoque particular tiene que ver con la relación existente entre las empresas estadounidenses y las AUC. Por ello, durante estos días he tenido una serie de reuniones con líderes (desmovilizados) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”, reveló en rueda de prensa.
“No voy a decirles lo que (los jefes de las AUC) me dijeron, simplemente déjenme decir que estoy preocupado por la magnitud de la participación de las empresas americanas, de fondos de éstas, recursos que les han dado a las AUC. La información que nos fue dada, la vamos a revisar, tratando de corroborarla”, enfatizó el legislador.
Según Delahunt, se reunió con al menos ocho de los otrora máximos jefes de los escuadrones ultraderechistas, entre ellos Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo, Héctor Veloza y Rodrigo Tovar Pupo.
“Pienso mantener esta investigación de manera confidencial”, precisó Delahunt al abstenerse de nombrar alguna de las empresas. “Estamos desarrollando información, alguna ya ha sido verificada, por ejemplo (el caso de) Chiquita que se declaró culpable en una corte federal, pero déjenme sugerir que esa es la punta del iceberg” de este problema, agregó.
“De modo que no es sólo en Colombia sino en términos de cómo hacen los negocios las empresas americanas en el mundo entero”, puntualizó el presidente del subcomité de vigilancia de asuntos de relaciones exteriores, de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
En diciembre, representantes legales de la multinacional estadounidense Chiquita Brands fueron llamados a indagatoria por la Fiscalía colombiana en el marco de una investigación por nexos de paramilitares con compañías nacionales y extranjeras.
La citación se produjo pocos meses después de que la justicia de Estados Unidos le impusiera una multa de 25 millones de dólares a Chiquita, al aceptar que pagó, entre 1997 y 2004, 1,7 millones de dólares a paramilitares para su protección.