La justicia en Colombia tiene una deuda histórica con las víctimas de crímenes de Estado: Comunicado.

Foto: Corporación Jurídica Libertad

Medellín, 21 de Febrero de 2021

Pese a las sanciones internacionales que ha recibido el Estado Colombiano, las sentencias condenatorias proferidas por la justicia administrativa, así como la sanción penal de integrantes de la fuerza pública, la mayoría de los crímenes de Estado continúan en total impunidad, de allí surgió la necesidad de crear la Jurisdicción Especial para la Paz y dar respuesta a la obligación internacional de perseguir a los máximos responsables de las fuerzas armadas y civiles que continúan sin ser investigados, juzgados y sancionados, aun cuando existen evidencias de su responsabilidad ampliamente conocidas por la sociedad desde distintos escenarios, entre ellos las declaraciones que los jefes paramilitares  rindieron ante la jurisdicción especial de Justicia y Paz.

Recibimos con satisfacción la decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas (SRVR) de la JEP de continuar avanzando en la investigación de la responsabilidad de los crímenes cometidos por la fuerza pública, y otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles. Esta es una forma de responder a la deuda histórica con las víctimas que por décadas han reclamado el reconocimiento de sus derechos a la verdad y a la justicia.

La SRVR inició hoy en la ciudad de Medellín las audiencias para escuchar a las víctimas sobre la decisión de agrupar, concentrar y priorizar los hechos contenidos en los informes recibidos hasta ahora en tres nuevos macro casos. Las organizaciones de víctimas y derechos humanos llamamos la atención sobre la necesidad de ampliar la participación y sin reducirla a este escenario que de hecho es limitado.  La JEP tiene el desafío de lograr estructurar una metodología que garantice una participación amplia, con enfoque diferencial y territorial, garantizando que el resultado de la participación se vea reflejada en las deliberaciones y decisiones de la SRVR.

Solicitamos a la JEP y en particular a la Sala de Reconocimiento tener en cuenta las solicitudes que hemos hecho en los informes, audiencias y otros escenarios, entre ellas las siguientes:

  1. La participación debe respetar el principio de participación integral de las víctimas, lo que implica que debe ser: (i) efectiva, (ii) accesible y diferencial, (iii) informada, (iv) dialógica, (v) con idónea representación judicial, y (v) con acompañamiento psicosocial y apoyo psico-jurídico[1], dando cumplimiento al Manual para la participación de las víctimas ante la JEP.
  2. La participación no se agota en una escucha parcial y limitada, la JEP debe acercar las víctimas a ella mediante el diseño de una metodología que brinde garantías para una verdadera incidencia en la toma de decisiones que afectan sus derechos.
  3. Es necesario poner al acceso de la sociedad y las víctimas la información que sustenta la agrupación de los casos como garantía de participación efectiva e informada.
  4. Ante el poco avance en el reconocimiento de la responsabilidad por parte de máximos responsables que han comparecido a la JEP usando estrategias negacionistas y justificatorias, hacemos un llamado a la SRVR para que garantice a cabalidad el tratamiento simétrico, simultáneo, equitativo y equilibrado en la definición de los nuevos macro casos y su investigación, incluyendo la rigurosa aplicación del régimen de condicionalidad.
  5. Es necesario ir más allá de lo conocido de la Criminalidad Estatal y aportar a construir una narrativa que permita evidenciar las políticas y acciones individuales y colectivas, que han impulsado las violaciones a los derechos humanos, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, los crímenes de guerra cometidos por la fuerza pública, así como la impunidad de todos estos. Las organizaciones confiamos en que la JEP pueda juzgar y sancionar a los máximos responsables.
  6. Esperamos que los crímenes de Estado como la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, las masacres, el despojo de tierras y la violencia sexual, que fueron cometidos por agentes estatales o en asocio y connivencia con estructuras paramilitares, no sean tratados como meras líneas de investigación, sino que en la medida de las necesidades de investigación se deban convertir en casos con enfoque territorial por los que respondan los comparecientes de la fuerza pública.
  7. Preocupa que la JEP señale que existen 9763 casos de desaparición forzada atribuibles a las FARC, pero no cuente con un dato sobre las cometidas por agentes estatales, teniendo en cuenta que en los informes entregados por las organizaciones denuncian más de 80 mil casos. Este tipo de falencias alejan la posibilidad de apertura de un Macro de Desaparición Forzada como lo han reclamado las víctimas desde el año 2017.
  8. Solicitamos que posterior a las audiencias se habilite un escenario territorial de encuentro, entre el órgano de gobierno de la JEP y la SRVR, con las organizaciones de víctimas y derechos humanos para entregar los resultados de las audiencias y el proceso que se va a seguir para la apertura de el o los macro casos sobre crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles.
  9. La investigación de la Criminalidad de Estado no se agota en las líneas que ha establecido la SRVR, aún faltan por esclarecer hechos como el uso criminal de la inteligencia estatal contra distintas capas de la sociedad colombiana, y el Genocidio continuado que ha sufrido el pueblo colombiano, entre muchos otros.

Las organizaciones respaldamos las acciones del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición, entre ellos la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta confianza debe ser correspondida mediante la debida atención de los reclamos, propuestas y participación efectiva y vinculante.