LOS DESPLAZADOS EXIGEN LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS
“Cada uno de nosotros, al marchar a través de la multitud con los zapatos rotos, da testimonio de la vergüenza que hoy cubre nuestro país.  Pero ni uno solo de nosotros se quedará aquí.  La última palabra aún no ha sido dicha”.
Bertolt Brecht

En el 2008 alrededor de 380.963  personas (76.172 familias) en todo el país fueron obligadas a abandonar sus lugares de vivienda o trabajo para sumarse al universo de víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, según cifras del Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos (SISDHES), adscrito a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).

No obstante la invisibilización que sufren miles de familias a la hora de denunciar sus casos, ya sea por negligencia de los funcionarios, de atención integral y oportuna por parte del Estado, o temor a reportar su situación y continuar padeciendo amenazas y persecución, las cifras evidencian que el desplazamiento forzado ha tomado dimensiones alarmantes. En 2006 fueron víctimas de este delito 221.638 personas y en 2007 el número ascendió a 305.966.

Peores que las cifras son las historias particulares de despojo y degradación de cada uno de los colombianos que ha huido de su tierra con un costal al hombro, dejando tras de sí sus enceres, sus historias, su pasado y sus sueños. Colombianos que han llegado a lugares ajenos donde esperan reconstruir una vida hecha pedazos, pero que los recibe con señalamientos, maltratos, silenciamiento, indiferencia. 

La respuesta estatal frente a la problemática ha sido ambigua. Pese a actuar por acción u omisión a favor de intereses y motivaciones claramente preestablecidos de agroindustriales, narcotraficantes o monopolios internacionales, se han promulgado leyes, decretos y acuerdos en torno al tema.

Es el caso de la ley 387, promulgada hace doce años, el 18 de julio de 1997, que consagró el reconocimiento jurídico de una problemática histórica de despojo, violencia y aplicación sangrienta de un modelo económico para el campo bajo los preceptos neoliberales y mediante la cual el Estado adoptó “medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socio-económica de los desplazados internos por la violencia”.

Tras doce años de frustración producto de promesas incumplidas y de la reiterada negación de los derechos a la población víctima de desplazamiento forzado, durante el día de hoy, 17 de julio, todas las víctimas de crímenes de Estado y especialmente los desplazados marcharon por las principales calles de Medellín exigiendo el desarrollo de una estrategia integral en prevención de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; la solución política y negociada al conflicto social, político y armado que vive el país; la garantía de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y no repetición; el reconocimiento de las cifras del desplazamiento forzado presentadas por organismos especializados en el tema; la implementación de mecanismos jurídicos ágiles y acordes con la nueva realidad nacional en materia de los despojos de tierras y territorios étnicos y pluriculturales, en la defensa de los derechos patrimoniales de los inmuebles y bienes de los desarraigados; y el reclamo de garantías para el retorno de las familias desplazadas en condiciones de seguridad.

La marcha salió a las 10 de la mañana de la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) y terminó en un gran acto simbólico, cultural y político frente a la oficina de Acción Social, en el Parque de Berrío.